El Ministerio de Asuntos Exteriores no responde. El departamento que dirige el socialista José Manuel Albares guarda riguroso silencio cuando se le pregunta si ha presentado una queja oficial ante Marruecos por la expulsión de hasta siete ciudadanos españoles de los territorios ocupados del Sáhara Occidental desde principios de año. La Federación de Asociaciones de Periodista de España le pidió este jueves al ministro que "exija las oportunas explicaciones a su homólogo marroquí" tras la deportación del periodista de El Independiente Francisco Carrión.

Pero el gabinete de prensa del Ministerio, en su línea habitual de maltrato a este diario y del continuado veto a los periodistas que considera incómodos, no ha respondido a las repetidas solicitudes de información cursadas por El Independiente desde el jueves. Desde mediodía del jueves hasta última hora del viernes este periodista reclamó la información en una decena de correos. El departamento de comunicación que dirige Antonio Asencio solo contestó en una ocasión a primera hora de la tarde del viernes: "Muchas gracias por su correo. Analizamos la consulta que nos plantea". Contactado por este medio, Asencio también declinó proporcionar la información: "El lunes te decimos".

En lo que va de 2025 hasta siete españoles han sido expulsados del Sáhara Occidental, la antigua colonia española ocupada desde 1976 por Marruecos y considerada por la ONU el último territorio por descolonizar de África. Los primeros en ser deportados fueron José Carmona, periodista de Público y los activistas de la Coordinadora de Asociaciones de Amistado con el Sáhara, Antonio Martínez y Sergio García, que lograron acceder a Dajla ocupada en la recién inaugurada ruta de Ryanair que conecta Madrid con la ciudad saharaui. Un día después de su llegada, fueron arrestados y expulsados vía la ciudad marroquí de Agadir. La semana pasada las autoridades marroquíes impidieron el acceso a El Aaiún, la capital del Sáhara ocupado, a los parlamentario vascos Mikel Arruabarrena (PNV), Amancay Villalba (EH Bildu) y Jon Hernández (Sumar). Este miércoles al periodista de El Independiente Francisco Carrión le fue denegado el acceso en Dajla.

Organizaciones periodísticas piden explicaciones

Una sucesión de expulsiones de un territorio sometido a un férreo control policial y militar que Reporteros Sin Fronteras (RSF) considera "un agujero negro informativo". Organizaciones periodísticas nacionales e internacionales como la FAPE, RSF o el Comité para la Protección de los Periodistas han condenado la deportación de los reporteros españoles y han exigido a Rabat que permite el acceso libre y sin restricciones a la prensa internacional.

El jefe de la diplomacia española, sin embargo, prefiere guardar silencio en su ya tradicional actitud de evitar cualquier gesto o declaración que incomode ligeramente en la corte de Mohamed VI, en virtud de la hoja de ruta firmada en abril de 2022 tras el histórico cambio de posición en el conflicto del Sáhara Occidental, en el que España sigue siendo la potencia administradora "de iure". Un compromiso de mutismo que Albares cumple estrictamente a pesar de que Marruecos no ha normalizado el tránsito aduanero entre el territorio marroquí y las ciudades autónomas españolas de Ceuta y Melilla y que dirigentes marroquíes han reivindicado la soberanía sobre ambos enclaves.

Las preguntas que el gabinete de prensa de Exteriores se ha negado a responder a este diario son las siguientes: "¿Ha enviado el Ministerio de Exteriores una queja formal a las autoridades marroquíes por estos hechos? ¿Qué cauces y cómo se ha protestado ante las autoridades marroquíes? En caso negativo, ¿va a el Ministerio de Exteriores a hacerlo en próximas fechas ante la acumulación de casos? ¿Qué atención por parte del Ministerio de Exteriores se ha proporcionado a los deportados y expulsados españoles ¿Cuál es el compromiso del Ministerio en la defensa de la libertad de prensa y de movimiento de los ciudadanos españoles?".

La expulsión, en el Parlamento Europeo

La extrema opacidad del departamento que dirige Albares es una queja recurrente entre los propios miembros de la carrera diplomática, en mitad del cese fulminante de hasta tres embajadores y del criticado nombramiento de nuevos, y de la oposición en el Congreso de los Diputados.

No obstante, las expulsiones han llegado al Parlamento Europeo. La parlamentaria de Bloque Nacionalista Galego, Ana Miranda, registró esta semana una pregunta a la Comisión a propósito de la deportación del periodista de El Independiente. "Teniendo en cuenta estos casos, junto con la resolución del Parlamento Europeo del 11 de julio de 2023 sobre la protección de los periodistas en todo el mundo y la política de la
Unión Europea en la materia: ¿Qué hará la Comisión para garantizar la protección de los periodistas en el desempeño de sus funciones? ¿Qué hará la Comisión ante estas violaciones de la libertad de expresión en Marruecos?", pregunta Miranda.

Según un informe publicado conjuntamente por la Liga para la Protección de los Presos Políticos Saharauis (LPPS) y la Asociación Francesa de Amistad y Solidaridad con los Pueblos de África (AFASPA), desde 2014, Marruecos ha denegado el acceso o expulsado del Sáhara Occidental ocupado a no menos de 307 periodistas, profesionales del derecho o activistas de derechos humanos por intentar investigar violaciones del derecho internacional humanitario.

Según este informe, a fecha del 31 de enero de 2025, estas personas procedían de 21 países diferentes de 4 continentes. Tras señalar que Marruecos no ha tolerado ningún observador extranjero en el Sáhara Occidental desde 2014, AFASPA y LPPS especifican que Rabat llevó a cabo 85 expulsiones en 2016, 68 en 2017 (incluidos 5 parlamentarios europeos), 53 en 2014 y 34 en 2019.