La junta de fiscales de sala de la sección penal del Tribunal Supremo (TS) se ha reunido este martes para decidir si la Fiscalía apoya los recursos de casación presentados por las acusaciones del 'caso Miguel Ángel Blanco' para reabrirlo, en contra de la decisión de la Audiencia Nacional (AN) -que acordó archivarlo por prescripción-, y la mayoría ha abogado por sumarse a los recursos, si bien la decisión quedará en manos de la teniente fiscal del TS, María Ángeles Sánchez Conde.

Fuentes fiscales consultadas por Europa Press señalan que 13 fiscales se han posicionado a favor de adherirse a los recursos que buscan la reapertura del caso, mientras que solo tres se han mostrado en contra. Esa mayoría, que ha apoyado la ponencia del fiscal Álvaro Redondo, no solo ha defendido que los hechos no han prescrito sino que ha sostenido que la decisión de la AN es nula de pleno derecho porque no tiene competencias para tomarla.

Pese a este resultado, los dos jefes de la sección penal del TS, Fernando Prieto y Fidel Cadena, tenían criterios dispares -el primero opinaba como la minoría-, por lo que tendrá que resolver el superior jerárquico de ambos, que es Sánchez Conde, según ha avanzado 'El Mundo' y ha confirmado Europa Press.

La Sala de lo Penal de la AN acordó en dos autos -uno referido a María Soledad Iparraguirre, alias 'Anboto', y otro a Miguel Albisu Iriarte, 'Mikel Antza', e Ignacio de Gracia Arregui, 'Iñaki de Rentería'-- archivar la causa abierta en su contra por el juez Manuel García Castellón al considerar que los hechos estaban prescritos porque desde que se cometieron hasta la interposición de las querellas habían transcurrido más de 20 años, el plazo límite que fija la ley para investigar estos delitos.

Recurrida por el PP y DyJ

Las defensas venían alegando desde el principio de las pesquisas que los hechos habían prescrito, si bien sus pretensiones fueron rechazadas sucesivamente -también por la Sala de la Penal- a la espera del momento procesal oportuno. Ese momento llegó después de que el pasado agosto el entonces titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6 procesara a estos tres ex jefes de ETA y a José Javier Arizcuren Ruiz, 'Kantauri', por secuestro y asesinato.

En respuesta, las defensas, con el respaldo de la Fiscalía -no sin debate interno- recurrieron el procesamiento y la Sala de lo Penal les dio la razón, exceptuando el caso de 'Kantauri', singular por cuanto ya fue procesado por estos hechos por el juez Eloy Velasco en 2016, cuando aún no habían transcurrido esos 20 años.

Tanto el Partido Popular como la asociación de víctimas del terrorismo Dignidad y Justicia (DyJ) recurrieron ante el TS la decisión de la Audiencia Nacional de archivar la causa para estos tres ex jefes de ETA por su papel en el secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco -concejal del PP de la localidad guipuzcoana de Ermua- en julio de 1997.

Decisión de la 'número dos' de la Fiscalía

La Fiscalía debe decidir ahora si se adhiere o no a estos recursos, cuestión que finalmente ha quedado en manos de Sánchez Conde. En sede de la Audiencia Nacional, este asunto ya generó debate en el seno del Ministerio Público. Entonces, el fiscal Vicente González Mota defendió que los hechos no estaban prescritos pero la mayoría de sus compañeros no lo compartía, por lo que renunció al caso. Finalmente, la Fiscalía secundó los recursos de apelación en la AN.

Algunas voces dan por hecho que la 'número dos' de la Fiscalía seguirá la línea marcada desde la Audiencia Nacional. Cabe recordar que Sánchez Conde ya se desmarcó de la mayoría en la junta de fiscales de sala que se celebró para decidir si el Ministerio Público apoyaba investigar al ex presidente catalán Carles Puigdemont por terrorismo en 'Tsunami Democrátic', causa que terminó archivada por problemas procesales.