El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, habló con, al menos, otros cuatro fiscales que no constan en el informe de su teléfono que ha realizado la Guardia Civil sobre los días que se filtraron los datos de la investigación del novio de Isabel Díaz Ayuso. El bruto del volcado de sus móviles revela que más allá de Almudena Lastra, Diego Villafañe, Pilar Rodríguez o Dolores Delgado, la Unidad Central Operativa (UCO) no incluyó las comunicaciones con una fiscal jefa de su equipo más cercano, un fiscal de Sala, otra fiscal que está en servicios especiales y un cuarto miembro de la Fiscalía, según ha logrado acreditar este medio.

El pasado viernes 7 de febrero, el Instituto Armado presentó un documento de 22 páginas en el que detallaba avances de la investigación --que mantiene imputado a García Ortiz por un delito de revelación de secretos-- como que el fiscal general eliminó el contenido de su móvil dos veces el mismo día que el Tribunal Supremo abrió la causa en su contra. En este documento se analizaba su tráfico de llamadas desde el día 8 de marzo hasta el 14 del mismo mes del pasado año que fue cuando se produjo una filtración de información (detalles fiscales o correos electrónicos) del caso por fraude fiscal contra la pareja de Ayuso.

La UCO destacó el trasiego de llamadas entre García Ortiz, su 'mano derecha' Diego Villafañe (también investigado), la fiscal provincial de Madrid, Pilar Rodríguez (igualmente imputada), así como la fiscal Superior de Madrid, Almudena Lastra, que declaró en el Tribunal Supremo como testigo y su subordinado Julián Salto (que no habló directamente con el fiscal general). Además, se incluían varios números de teléfonos que no se identificaban con personas, cuya titularidad pertenecía al Ministerio de Hacienda (dos de ellos) y al de Justicia (uno más), según señalaba la Guardia Civil.

Los tres teléfonos móviles desconocidos eran de la exfiscal general del Estado, Dolores Delgado, con quien García Ortiz habló 20 minutos el día que Eldiario.es publicó por primera vez que existía una investigación contra el novio de la presidenta madrileña; de su directora de comunicación con la que habló en reiteradas ocasiones para preparar la nota de prensa que la Fiscalía distribuyó en esas fechas; y de otra fiscal que trabaja actualmente junto a Delgado en la Fiscalía de Sala de Memoria Democrática (a la que le dejó dos llamadas perdidas).

La UCO señalaba que no había podido acreditar a quién pertenecían estos teléfonos móviles, pero fuentes fiscales muestran su extrañeza, puesto que la Unidad volcó también la lista de contactos del fiscal general al realizar la entrada y registro en su despacho. Todos ellos eran contactos que tenía guardados y cuyos números pertenecen a esos dos organismos oficiales citados (Hacienda y Justicia) porque proveen de servicios telefónicos al Ministerio Público, que no tiene autonomía presupuestaria.

4 contactos más

Pero el informe de la Guardia Civil no dejó reflejadas otras llamadas que, en cambio, sí constan en el bruto del intercambio de comunicaciones aportado por Movistar y Vodafone para las fechas señaladas. En un anexo que tiene más de 7.000 celdas de excel se desglosan llamadas telefónicas, horas, fechas, duración e incluso direcciones. El Independiente ha podido comprobar que hay, al menos, otros cuatro teléfonos de fiscales con los que García Ortiz habló los días claves de la filtración.

Por ejemplo, García Ortiz recibió varias llamadas de una fiscal jefa que forma parte de su equipo más cercano en la Fiscalía General. Con ella constan hasta 14 intercambios (algunas fueron llamadas nos contestadas). El día 11 de marzo, por ejemplo, la UCO sólo menciona cinco comunicaciones con Villafañe, pero García Ortiz se comunica también dos veces con esta fiscal. Al día siguiente, el día 12 cuando Eldiario.es publica la noticia sobre el novio de Ayuso, la Guardia Civil destaca las llamadas a Villafañe, a Dolores Delgado y a la directora de comunicación de la Fiscalía, pero también habló con la mentada fiscal a las seis menos diez de la tarde. Lo mismo que el día 13 (hablaron a las nueve y media de la mañana) o el día 14, tras la publicación de la nota de prensa a las 10:15, el fiscal general contactó con ella a las 11:45 y, de nuevo, a las 12 de la mañana.

Igualmente, García Ortiz trató de contactar en varias ocasiones el día 12 de marzo a otra fiscal que se encuentra en servicios especiales. Finalmente, a las 12:42 lograron hablar menos de un minuto. El 13, el jefe de la Fiscalía habló durante más de siete minutos por teléfono con un fiscal de Sala, de la cúpula fiscal. Este medio ha tratado de recabar la versión de la UCO para comprender el criterio por el que los agentes dejaron fuera del informe que le hicieron llegar al instructor Ángel Luis Hurtado estas llamadas, pero no se ha obtenido respuesta.

Para el juez es relevante saber con quién estableció contactos García Ortiz los días que están bajo el foco porque en eso se basan las imputaciones colindantes a él. Tanto Villafañe como Pilar Rodríguez forman parte de su núcleo más estrecho y los indicios con los que trabaja el magistrado se sustentan, básicamente, en el número de veces que llegaron a hablar con el jefe esos días, en los mensajes que constan en el sumario, y en el acceso que tuvieron al expediente de la Fiscalía de Alberto González Amador (novio de Ayuso). En el registro de llamadas constan también algunos familiares del fiscal general, su escolta o su secretaria, si bien es evidente que estos contactos nada tienen que ver con la investigación.

El CGPJ investigará la filtración de datos

Por su parte, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) anunció ayer que investigará las quejas del fiscal general y de su antecesora en el cargo Delgado por la filtración de sus datos. Precisamente, ambos enviaron sendos escritos al Poder Judicial porque sus teléfonos móviles y otros detalles personales aparecían en el anexo que terminó llegando a la prensa. Fuentes jurídicas explican que no se ha realizado nada extraordinario en este asunto y que la Guardia Civil siempre facilita al juez, que a su vez pone a disposición de las partes, todo el material con el que trabaja para que se puedan cotejar los detalles necesarios.

Sin embargo, el Consejo ha explicado que las actuaciones serán llevadas por la dirección de supervisión y control de protección de datos del órgano de gobierno de los jueces. "Como era de esperar, ese contenido es a estas horas de público conocimiento hasta el punto de que estoy recibiendo, reiteradas llamadas anónimos a las que no estoy respondiendo, con la consiguiente zozobra e intranquilidad, a la vez que inseguridad para mi persona y mi trabajo profesional, por no haberse adoptado aqullas medidas mínimas de prevención", indicó Delgado en su queja.

Por su parte, este miércoles García Ortiz presentó una ampliación de su escrito inicial advirtiendo de que la filtración de sus datos era más masiva de lo que creía al principio. En la carta, dirigida directamente a la presidenta del Consejo, Isabel Perelló, explica que la Guardia Civil ha aportado miles de datos "absolutamente innecesarios" sobre su teléfono y ha recopilado ficheros sobre sus conexiones desde el año 2020.