Era uno de los compromisos adoptados por Sumar al inicio de la legislatura para compensar que el asunto saharaui hubiera sido ignorado en el pacto de gobierno con el PSOE. Y este martes llega finalmente al Congreso de los Diputados. La Cámara Baja debate la toma en consideración de una proposición de ley para conceder la nacionalidad a los saharauis nacidos bajo la administración española a propuesta del movimiento de la vicepresidente segunda Yolanda Díaz, en un momento en el que -lastrada por las encuestas- Sumar trata de marcar agenda propia frente al PSOE y su alineamiento con las tesis de Marruecos. De hecho, espera sacarla adelante con el sí del PP y la oposición frontal de los socialistas.

“La proposición de ley reto​rnará la ciudadanía española a los saharauis nacidos bajo el colonialismo español y que, por ende, también sus hijos y todos los migrantes de origen saharaui tengan los mismos derechos que cualquier migrante de América Latina y los sefardíes, es decir, dos años de residencia para que puedan acceder a la nacionalidad española”, explica la diputada de Sumar Tesh Sidi, de origen saharaui. La proposición de ley fue presentada el pasado marzo por el grupo plurinacional de Sumar pero por falta de cupo se retrasó su toma en consideración hasta este martes.

El texto defiende la necesidad histórica de “dar respuesta a la vinculación con España de la población saharaui, un paso necesario para reforzar la coherencia de nuestro ordenamiento jurídico”. “Sus lazos con la antigua metrópoli siguen hoy tan vivos como hace ya más de cuatro décadas, por su conocimiento del idioma, la estrecha cooperación desarrollada desde todas las instituciones oficiales españolas y el sentimiento generalizado de vinculación con el pueblo saharaui del pueblo español”, alega el documento. Desde 2020 los saharauis han denunciando las trabas impuestas por la justicia española para obtener la nacionalidad mientras es el grupo que monopoliza las solicitudes de apatridia en un proceso que suma años de retrasos y ninguneo administrativo.

"Restauración democrática"

“Es una medida de restauración democrática pero no nos exime tampoco de responsabilidad como Estado con el pueblo del Sáhara Occidental”, señala Sidi. El Sáhara Occidental fue hasta 1975 la provincia número 53 de España. Desde entonces se halla ocupada ilegalmente por Marruecos. Es el último territorio pendiente de descolonización de África y tiene la categoría de territorio no autónomo ante la ONU. Su referéndum de autodeterminación ha sido torpedeado por el régimen de Mohamed VI. “Sus habitantes contaban con representación en las Cortes de la dictadura, poseían documento nacional de identidad español, estudiaban en las Universidades españolas, podían acceder a la Función Pública, e, incluso, ser miembros de nuestro ejército. Además, son patentes los lazos lingüísticos y el uso cotidiano del español que hacen, todavía hoy, los y las saharauis”, recuerda Sumar

El articulado presentado apuesta por conceder “la nacionalidad española por carta de naturaleza a las saharauis y a los saharauis nacidos en el territorio del Sahara Occidental bajo la administración de España y se establecen los medios probatorios para su acreditación”. La medida también afecta a sus descendientes “en primer grado de consanguinidad” y conlleva la modificación del artículo 22 del Código Civil “para incluir entre los colectivos beneficiados por el plazo reducido de acceso a la nacionalidad por residencia a las y los saharauis”. “Con esta nueva previsión, se les aplicará el plazo reducido de residencia legal en España de dos años, de igual manera que ya se contempla para el resto de las personas originarias de países o comunidades con una especial vinculación histórica o cultural con España”.

"El PSOE, en el no"

La norma -explican desde Sumar- se estructura en dos artículos, una disposición adicional y cinco disposiciones finales. La principal incógnita es si la geometría variable del Congreso de los Diputados permitirá aprobar la proposición de ley. Fuentes de Sumar confían en que el PP se sume al bloque de partidarios que incluye también los grupos minoritarios y nacionalistas y aproveche así para exhibir una vez más la soledad parlamentaria de los socialistas en un tema tan sensible como las relaciones con Marruecos. “El PSOE se mantiene, de momento, en el no”, deslizan fuentes del movimiento de la vicepresidenta segunda. Otros grupos parlamentarios consultados por este diario consideran probable que supere el trámite pero recelan, en cambio, de que pueda llegar a ser una realidad. "El PSOE la bloqueará y sucederá como en la anterior legislatura: terminará decayendo", argumentan.

“Todo lo relativo al Sáhara Occidental en esta Cámara es cancelado por el PSOE”, denuncia Sidi. Desde el histórico cambio de posición en el contencioso del Sáhara Occidental en marzo de 2022, los socialistas han tratado de obstaculizar cualquier movimiento que pueda molestar a la monarquía de Mohamed VI. También ante la Unión Europea, como avanzó este diario hace unas semanas tras el intento del Gobierno de Sánchez de modificar las sentencias del Tribunal de la Justicia de la UE que en octubre tumbaron los acuerdos agrícola y pesquero con Rabat.  “España y Francia a través de la Comisión Europea ha solicitado al Tribunal de Justicia de la UE, después de una sentencia firme, que rectifique porque ahora mismo a través del PSOE se impulsan políticas de protección a Marruecos, cuando los que tenemos responsabilidad es con el pueblo saharaui. Por eso, en todo lo relativo al S​áhara ​Occidental no esperamos una respuesta favorable del PSOE”, concluye Sidi. 

Manifestantes saharauis en las inmediaciones de la sede del PSOE, en la calle Ferraz. | Francisco Carrión

La proposición de ley de Sumar, al detalle

Artículo 1. Concesión de la nacionalidad española por carta de naturaleza a las saharauis y a los saharauis nacidos en el territorio del Sahara Occidental bajo la administración de España.

1. A los efectos previstos en el apartado 1 del artículo 21 del Código Civil, en cuanto a las circunstancias excepcionales que se exigen para adquirir la nacionalidad española por carta de naturaleza, se entiende que tales circunstancias concurren en las saharauis y los saharauis nacidos en el territorio del Sahara Occidental antes del 26 de febrero de 1976, aun cuando no tengan residencia legal en nuestro país.

2. La condición de saharaui nacido en esas circunstancias se acreditará por los siguientes medios probatorios, valorados en su conjunto: a) Documento Nacional de Identidad español, aunque se encuentre caducado, con verificación de la identidad por parte de los servicios de la Dirección General de la Policía. b) Certificado de inscripción en el censo español de 1974 o en el censo para el Referéndum del Sahara Occidental expedido por las Naciones Unidas. c) Certificado de nacimiento expedido por las autoridades saharauis de los campamentos de refugiados en Tinduf y legalizado por la Representación del Frente Polisario en España. d) Partida de nacimiento, libro de familia, documentos que acrediten la condición de empleado público expedidos por la administración española en el Sahara Occidental. e) Cualquier otro documento de una autoridad administrativa española que acredite el nacimiento en el Sahara Occidental antes del 26 de febrero de 1976.

3. Las y los descendientes en primer grado de consanguinidad de las y de los saharauis que hayan adquirido la nacionalidad española por carta de naturaleza conforme a la presente ley tendrán un plazo de 5 años, a contar desde la inscripción en el Registro Civil de la adquisición de la nacionalidad española de cualquiera de sus progenitores, para optar por la nacionalidad española.

Artículo 2. Procedimiento.

1. La solicitud para la adquisición de la nacionalidad no estará sujeta a gravamen alguno y se presentará en el plazo de dos años desde la entrada en vigor de esta ley. Este plazo podrá prorrogarse por un plazo adicional de un año, mediante resolución del Ministerio de Justicia.

2. La solicitud se dirigirá a la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública del Ministerio de Justicia y podrá presentarse por los medios establecidos en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

3. Junto con la solicitud se acompañará, además de los documentos acreditativos de la condición de saharaui cuyo nacimiento se haya producido en el territorio del Sahara Occidental antes del 26 de febrero de 1976, certificación vigente acreditativa de la ausencia de antecedentes penales, legalizada o apostillada y, en su caso traducida, correspondiente a los países en los que haya residido en los últimos cinco años, o justificación de la imposibilidad de obtenerla.

4. La Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública solicitará preceptivamente informe de los órganos correspondientes del Ministerio del Interior y del Ministerio de la Presidencia, y dictará la resolución correspondiente en el plazo de doce meses desde su recepción. Transcurrido este plazo sin haberse dictado resolución expresa, se entenderá desestimada por silencio administrativo.

5. La resolución dictada será título suficiente para la práctica de la correspondiente inscripción en el Registro Civil, previo cumplimiento del requisito del juramento o promesa de fidelidad al Rey y obediencia a la Constitución y a las leyes exigido en la letra a) del artículo 23 del Código Civil, junto con los demás que se establecen en el apartado siguiente. La Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública remitirá de oficio una copia de la resolución al Encargado del Registro Civil competente para la inscripción del nacimiento.

6. La eficacia de la resolución de concesión quedará supeditada a que, en el plazo de un año contado a partir del día siguiente a la notificación de la resolución al interesado, éste cumpla con las siguientes condiciones ante el Registro Civil competente por razón de su domicilio: a) Solicitar la inscripción. b) Realizar ante el Encargado del Registro Civil las manifestaciones legalmente procedentes, relativas al juramento o promesa de fidelidad al Rey y obediencia a la Constitución y a las leyes. El incumplimiento por el interesado de las anteriores condiciones en el plazo establecido producirá la caducidad del procedimiento.

Disposición adicional única.

Inscripciones en el Registro Civil. Para las inscripciones que deban practicarse en el Registro Civil como consecuencia de la concesión de la nacionalidad española por carta de naturaleza conforme a lo dispuesto en la presente ley, será competente el Encargado del Registro Civil que lo fuera para la inscripción del nacimiento.

Disposición final primera. Modificación del Código Civil. El apartado primero del artículo 22 del Código Civil queda redactado de la siguiente forma: «Artículo 22. 1. Para la concesión de la nacionalidad por residencia se requiere que ésta haya durado diez años. Serán suficientes cinco años para los que hayan obtenido la condición de refugiado y dos años cuando se trate de nacionales de origen de países iberoamericanos, Andorra, Filipinas, Guinea Ecuatorial o Portugal, de sefardíes o saharauis.»

Disposición final segunda. Habilitación. Se habilita al Ministerio de Justicia para dictar las disposiciones que sean necesarias para la ejecución de lo establecido en esta ley.

Disposición final tercera. Supletoriedad. En todo lo no previsto en la presente ley será de aplicación con carácter supletorio lo dispuesto en la Ley 20/2011, de 21 de julio, del Registro Civil, y, en su defecto, en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Disposición final cuarta. Título competencial. La presente ley se dicta al amparo del artículo 149.1.2.ª de la Constitución Española en lo relativo a «nacionalidad», y la disposición final primera que se dicta al amparo del artículo 149.1.8.1.ª de la Constitución en lo relativo a «legislación civil».

Disposición final quinta. Entrada en vigor. La presente ley entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».