El líder de ERC, Oriol Junqueras, se adelantó ayer a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en el anuncio de la condonación de la deuda para Cataluña. Me imagino que ese plus de protagonismo formaba parte del pacto.

El Estado asumirá 17.100 millones de la deuda de Cataluña (algo más del 20% del total). Es decir, 2.000 millones más de lo que figuraba en el pacto de investidura de Pedro Sánchez. "Es que somos muy buenos negociando", bromeó Junqueras ante los periodistas.

Después salió a la palestra Montero para anunciar, como si fuera un regalo para todas las autonomías, una 'quita' de 83.000 millones. "El dinero público no es de nadie", dijo en una ocasión, cuando fue ministra de Cultura, Carmen Calvo, que luego ascendió a vicepresidenta del Gobierno de Pedro Sánchez. Montero no se ha atrevido a ir tan lejos, pero la 'quita' transmite a los ciudadanos la idea de que el Estado puede asumir cualquier cosa sin que les afecte... Pero la deuda (en España ya supera los 1,6 billones de euros) se paga. Y la pagamos entre todos los ciudadanos con nuestros impuestos. Al endeudarse más, se pagan más intereses de la deuda, lo que lastra el margen del presupuesto para hacer políticas de sanidad, educación o defensa.

Por tanto, lo primero que hay que hacer es no caer en el engaño. Montero no ha utilizado sus poderes como si fueran una goma de borrar para eliminar de repente 83.000 millones de deuda de las comunidades autónomas. No. Ese dinero lo tendrá que pagar el Estado, con impuestos de todos los ciudadanos.

No se trata, insisto, de una quita, de un perdón de la deuda, sino de un traspaso de la deuda de las comunidades autónomas al Estado. El Gobierno de Sánchez, en lugar de aprovechar el crecimiento de la economía (PIB) para ir reduciendo el ya muy elevado volumen de deuda se deja llevar por el espejismo de que España incluso ha reducido en unas décimas ese porcentaje sobre el PIB. Cuando el PIB crece mucho, eso permite elevar la deuda manteniendo el porcentaje sobre el crecimiento. Sin embargo, un menos crecimiento disparará ese porcentaje porque la deuda sólo puede reducirse elevando los ingresos del Estado: si no es con más actividad es con más impuestos. Y ahí es adonde vamos.

El Gobierno ofrece al resto de las autonomías un acuerdo ya cocinado con ERC

La segunda gran falacia de Montero es vender la 'quita' como algo equitativo y transparente para todas las comunidades autónomas. Recordemos que en el documento que firmaron PSOE y ERC para que los republicanos apoyaran la investidura de Sánchez como presidente en el Congreso, ya figuraba ese compromiso: "Esta operación supondrá la asunción del entorno del 20% de la deuda viva en el momento de ejecución de este acuerdo contraída por la Generalitat de Catalunya con la Administración General del Estado... y supondrá unos 15.000 millones de euros de la deuda de Cataluña y supondrá un ahorro de en torno a los 1.300 millones de euros en intereses". Eso decía de forma un tanto atropellada el pacto.

Así que lo que se ofrece al resto de las autonomías no es más que una adaptación del pacto con ERC para dar la impresión de que se trata a todas las autonomías por igual. La cuestión fundamental es que el Gobierno sólo ha pactado con ERC ese acuerdo de financiación, mientras que al resto de autonomías se le da por hecho. Como las lentejas, o las tomas o las dejas.

El acuerdo que llevará Montero al Consejo de Política Fiscal y Financiera el miércoles es una especie de trágala, una coartada para justificar un acuerdo que sólo tenía un fin: que Sánchez fuera nombrado presidente a pesar de haber perdido las elecciones.

Hagan lo que hagan las autonomías del PP, la propuesta del Gobierno saldrá adelante. Después de que el mediador salvadoreño Galindo haya obligado a Junts a retirar su propuesta de cuestión de confianza, Montero le ha dado gusto a ERC para que el bloque de legislatura no se resquebraje. Ya lo dijo Rodríguez Zapatero este fin de semana en el Congreso del PSOE de Andalucía celebrado en Granada: "Hay legislatura hasta 2027". Le falto añadir: "Al precio que sea".