"Siempre que hablamos con las formaciones políticas nuestra vocación es poder llegar a acuerdos. Pero ven ustedes que esta metodología podrá tener algún ajuste puntual, aunque está construida en base a unos supuestos que no son fáciles de sustituir". Así respondió la vicepresidenta del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, tras ser preguntada sobre el margen de los gobiernos regionales para hacer aportaciones a la propuesta de condonación de más de 82.300 millones de deuda que les propondrá en el Consejo de Política Fiscal y Financiera de este miércoles.

Se trata de una extensión a todas las Comunidades de régimen común de lo pactado en 2023 con Esquerra Republicana de Cataluña (ERC) para la investidura de Pedro Sánchez. En aquel acuerdo se estimaba una quita para la región de unos 15.000 millones, que finalmente llegará a los 17.100. Montero reconoció que el germen de la propuesta que ahora se aplicará al resto de territorios -salvo País Vasco y Navarra- es ese pacto con los independentistas. "Nosotros cumplimos los acuerdos y velamos por que esa metodología se aplique al conjunto de Comunidades Autónomas", zanjó.

El líder de los republicanos catalanes, Oriol Junqueras, había sido minutos antes de su comparecencia el encargado de hacer público el acuerdo con Hacienda que implica la condonación de un 22% de la deuda de la Generalitat con el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA). Posteriormente, Montero explicó en una rueda de prensa cómo aquello pactado para Cataluña se aplicará fuera de la región que ahora gobierna Salvador Illa (PSC) y que beneficiará por encima de todas a Andalucía, donde ella es secretaria general del PSOE-A. La región gobernada por Juan Manuel Moreno Bonilla (PP) podrá ver condonada más deuda por el Estado central que ninguna otra (18.791 millones).

Se mostró convencida, eso sí, de que en la cita del miércoles su propuesta saldrá adelante (Hacienda tiene mayoría de votos) pese a que las regiones capitaneadas por el PP voten en contra, como ha adelantado ya el presidente nacional de los 'populares', Alberto Núñez-Feijóo. En Génova entienden que es un "pago" a los independentistas catalanes. Pero Montero arengó a los barones territoriales a que convenzan a su jefe de filas para que el PP vote a favor de la medida en el trámite parlamentario, cuando el proyecto de ley orgánica a través del que se articulará la propuesta llegue a las Cortes.

"Nosotros vamos a mantener reuniones con todos los territorios y voy a hacer un llamamiento a todos los presidentes de CCAA. Si la indicación que está dando Génova [sede central del PP] es que no se acuerde esto, creo que los territorios en vez de estar confrontando permanentemente con el Gobierno, deberían atender a lo que supone una mejoría clara de sus cuentas públicas", remarcó la vicepresidenta.

Corregir el sobreendeudamiento de la anterior crisis

El Gobierno defiende que la propuesta ya remitida a los gobiernos de las CCAA va encaminada a "corregir el sobreendeudamiento al que se vieron abocadas las administraciones autonómicas durante la crisis financiera". Hacienda defiende que eso "contrasta con el apoyo que han recibido durante el Gobierno de Pedro Sánchez para afrontar la crisis sanitaria derivada de la pandemia o los efectos de la guerra en Ucrania".

La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, durante una rueda de prensa, en el Ministerio de Hacienda.
La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero.
 | Eduardo Parra / Europa Press

La letra pequeña de la metodología

El 75% del sobreendeudamiento calculado por Hacienda (60.232 millones) se reparte en base a un criterio de población ajustada, lo que se traduce en la condonación media del 19,3% de la deuda. En una segunda fase corrige estos datos para garantizar que todas las comunidades autónomas ven condonada al menos ese 19,3% de su deuda. Para ello asigna 11.514 millones adicionales a las cinco regiones que quedan por debajo del umbral: Baleares, Castilla-La Mancha, Cataluña, Murcia y Comunidad Valenciana.

En la tercera fase se hacen dos ajustes más. Uno para subir la asignación hasta el máximo por habitante ajustado (el de Comunidad Valenciana, con 2.284 euros) a todas las comunidades que entre 2010 y 2022 recibieron una financiación por debajo de la media. Esto suma 10.590 millones. Además, el Gobierno premia con 917 millones a las comunidades autónomas que hayan usado sus competencias para aumentar la recaudación del IRPF, con una condonación extra del 10% para quienes lo hayan subido por encima de la media y de un 5% para el resto.

La metodología propuesta parte del cálculo del citado sobreendeudamiento. Compara el crecimiento de la deuda autonómica durante la crisis financiera (entre el 31 de diciembre de 2009 y el 31 de diciembre de 2013) con el crecimiento del pasivo autonómico durante el periodo de la pandemia y la guerra de Ucrania (el 31 de diciembre de 2019 al 31 de diciembre de 2023).

Según Hacienda, "en el primer periodo, la deuda de las CCAA aumentó en 109.582 millones y, en el segundo, en solo 29.272 millones, "lo que refleja el apoyo que han recibido del Estado". El diferencial alcanza los 80.310 millones de euros. Tras introducir varias correcciones, el importe total de la condonación propuesta se eleva hasta los 83.252 millones antes citados.

"Reconocemos políticamente que las CCAA no tuvieron un buen trato durante el período previo. Yo era consejera de Hacienda [en la Junta de Andalucía] y me enfrentaba a la elaboración presupuestaria teniendo que hacer recortes sobre el Presupuesto anterior y tenía que ajustar el ejercicio siguiente con 4.000 millones menos", destacó Montero, por las menores transferencias que recibía del Gobierno entonces en manos de Mariano Rajoy (PP).

Ajustes en las comisiones bilaterales

Tras detallar los números, dijo que podrá haber pequeños ajustes en función del detalle de cada región. Pero lo dejó ya para una segunda fase de reuniones bilaterales técnicas que pilotará su secretario de Estado de Hacienda. "En las comisiones bilaterales veremos fecha de vencimiento, tipo de interés que están pagando, etc... Y entonces podremos responder cuántos intereses se ahorran y en qué ejercicio presupuestario lo harán. Cada una tendrá el suyo", se limitó a decir. En todo caso, defendió que la medida permite a las comunidades ganar autonomía financiera y facilita su acceso a los mercados en mejores condiciones. Un primer cálculo estima ahorros de 5.000 millones en intereses.

Montero situó a finales de año la fecha prevista para que la norma vea la luz, si consigue los apoyos políticos suficientes. "Espero que no entre este debate a formar parte de ese día de la marmota por el que cada vez que ponemos una propuesta, la propuesta se critica por las Comunidades que entienden que se benefician menos", remató la titular de Hacienda. La clave la tendrá Junts, que ya avisó este lunes de que no le gustan las soluciones que pasan por la fórmula de "café para todos".

Tras su eventual aprobación en el Parlamento, habrá que reunir después las Comisiones Mixtas con cada una de las Comunidades Autónomas afectadas para los respectivos gobiernos regionales acepten la quita. "Evidentemente esto es voluntario", ironizó Montero. "Las CCAA que posteriormente a la aprobación de la ley no quieran adoptar esta medida, es voluntario. Si alguien no quiere que se le condone su deuda, que no se preocupe", remató entre risas.