Es una batalla que se libra en muchos frentes. El institucional ya le ha puesto calendario de cierre. Será progresivo, entre 2027 y 2035. El ‘frente’ político intenta revertirlo. El pulso se escenifica estas semanas entre partidos y gobiernos autonómicos y locales, en particular los afectados por el cierre de las centrales nucleares. El tercer ‘frente’, el sectorial, reclama ampliar la vida útil de estas instalaciones. En él también se ha escuchado a las grandes compañías, que reclaman una menor presión fiscal para hacer viable una prolongación de su funcionamiento.
Pero el pulso nuclear incluye también una batalla judicial que se resuelve en los tribunales. Debe resolver cuánto y qué deben pagar las energéticas del plan de desmantelamiento previsto por el Gobierno. También de la gestión posterior de las toneladas de residuos radiactivos que dejarán atrás tras casi medio siglo funcionando.
La ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico, Sara Aagesen insistió ayer en que el plan del Gobierno ya está definido y que no se prevén cambios. El desmantelamiento de las cinco centrales nucleares operativas será progresivo y su coste lo asumirán las compañías que ahora las explotan. Hasta ahí, el acuerdo entre ambas partes es claro. Las energéticas aceptan el principio de ‘quien contamina paga’ y asumirán el coste de alrededor de 20.000 millones de euros en el que se estima todo el proceso.
Sin embargo, es en la letra pequeña del acuerdo donde ambas partes están enfrentadas. El acuerdo alcanzado en 2019 contemplaba no sólo un calendario de cierres, sino también una estimación del coste a pagar y un modo de gestionar los residuos radiactivos. El acuerdo pasaba por construir un Almacén Temporal Centralizado (ATC) en Villar de Cañas (Cuenca). Sería allí donde debían terminar todos los residuos radiactivos para depositarlos durante entre 60 y 100 años. Fue con esa previsión con la que se hizo la proyección de financiación y aportaciones que debían hacer las compañías para sufragar la diseñada gran desnuclearización de España.
La ruptura del consenso llegó con el séptimo Plan General de Residuos, en el que se proyecta esta fase de cierre. En él, el ATC de Cuenca ya no se incluye. Se plantea que deberán ser las centrales nucleares las que construyan sus propios depósitos donde almacenar los residuos. Una modificación no acordada, decidida de modo unilateral por el Gobierno, recuerdan en el Foro Nuclear, y que ahora les enfrenta en los tribunales.
Un cambio unilateral de 2.100 millones más
La apuesta por siete depósitos –uno por cada una de las centrales y otros dos en centrales ya paradas- y no por un almacén central dispara el gasto en 2.100 millones de euros más respecto al plan inicial. Un sobrecoste que el Ejecutivo también quiere endosar a las energéticas y que estas se niegan a asumir: “Habíamos acordado que fuera de un modo y ahora, por no haber llegado a un acuerdo político e institucional, lo han cambiado. ¿Por qué deben pagar las centrales ese encarecimiento, cuando ellas no han cambiado nada?”, asegura Ignacio Araluce, presidente del Foro Nuclear.
La proyección de los 20.000 millones se ampliaría a alrededor de 22.000. Para ello el Gobierno encareció la aportación que las centrales nucleares debían hacer al fondo. Si hasta 2019 pagaban 6,6 euros el MWh, se elevó a 7,98 euros. Tras la decisión de modificar el plan de almacenamiento a futuro, el Ministerio, en enero del año pasado, incremento de nuevo la tasa hasta los 11,14 euros por MWh. Un aumento muy elevado que tras las protestas rebajó hasta los 10,36 euros por MWh actuales. Esas aportaciones, -conocidas como ‘Tasa Enresa’-, al fondo de la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (ENRESA), están hoy lejos de alcanzar el volumen y coste estimado.
Actualmente en el Fondo Enresa existe un saldo de 8.700 millones de euros, importe que se tendría más que duplicar para rozar los costes de desmantelamiento estimados. Anualmente las centrales nucleares realizan una aportación conjunta que supera los 600 millones de euros.
El plan del Gobierno a muy largo plazo también contempla que una vez agotado ese periodo de entre 60 y 100 años en los almacenes de las centrales, en el futuro España cuente con un Almacén Geológico Profundo (AGP), que se plantea que debe estar operativo para 2073, y al que se trasladarían definitivamente todos los residuos. Para entonces, se estima que estos materiales habrían perdido ya mucha de su carga radiactiva.
234.000 m3 de residuos radiactivos
De cualquier manera, los datos del rastro de residuos radiactivos que dejaría el final del ciclo nuclear en España también está contabilizado. El inventario recogido en el Plan General de Residuos –con datos a 31 de diciembre de 2022- cuantifica los residuos radiactivos generados hasta entonces en 81.500 m3, a los que habría que sumar una previsión de otros 153.000 m3 que se generarían hasta el final de la vida útil de las centrales. De este modo, la gestión de residuos que se lleve a cabo afectaría a 234.500 m3 de residuos con carga radiactiva. Además, al cierre de 2022 se estimó en 8.900 m3 el uranio sin irradiar que existía en las centrales.
Existen residuos de alta actividad de la central de Valdellós I –ya desmantelada- que se almacenan en Francia. Además, los combustibles nucleares ya gastados en las centrales se almacenan en las piscinas de las propias centrales. En algunos casos, como la desmantelada central de José Cabrera o las de Trillo, Ascó, Almaraz y Cofrentes, los residuos se acumulan en Almacenes Temporales individualizados (ATI) situados en sus propias instalaciones.
La gestión de estos residuos radiactivos, si bien de forma mayoritaria proceden de las centrales nucleares, también proceden de otros usos como los hospitales, determinadas industrias, laboratorios o la agricultura, donde en algunos casos también se generan residuos radiactivos. Se trata de residuos que se clasifican en función de su nivel de radiactividad entre los de “muy baja actividad”, los de “baja y medio actividad” y los de “alta actividad”. Actualmente, una vez superada la capacidad de almacenamiento de las centrales, estos residuos de baja o media actividad se depositan en el almacén centralizado de El Cabril, en la localidad de Hornachuelos (Córdoba), que funciona desde 1992. El resto de residuos, los de alta actividad, se almacenan en Francia o, en algunos casos, en instalaciones de las propias centrales.
Almacenamiento por fases
Los procesos de almacenamiento incluyen diferentes fases intermedias, en función de su carga radiactiva. El tratamiento de este tipo de residuos por fases –piscina, Almacén Temporal Individualizado (ATI), Almacén Temporal Centralizado (ATC) y Almacén Geológico Profundo (AGP)- incluye un depósito definitivo una vez hayan reducido su carga.
Los residuos radiactivos son materiales que puede presentarse en forma gaseosa, líquida o sólida y que están contaminados con elementos químicos como los isótopos radiactivos o radionucleidos en concentraciones más elevadas de las asumibles. Con el tiempo la toxicidad de los residuos va decreciendo al desintegrarse los isótopos y transformarse en elementos químicos estables.
En el caso de los residuos radiactivos de baja y media actividad (RBMA) se estima que su carga se reduce a la mitad en un periodo inferior a los 30 años. Se trata en muchos casos de herramientas empleadas en trabajos expuestos a radiactividad, ropas de trabajo, instrumental médico u otros materiales empleados en centros de investigación, hospitales, industrias o centrales nucleares. Además, existen otros residuos considerados de “muy baja actividad”, los RBBA, que pierden su carga radiactiva “suficientemente” tras un periodo de almacenamiento de cinco años. Los restos generados en el desmantelamiento de las centrales nucleares representan un volumen muy importante de estos RBBA. Finalmente, los residuos más peligrosos, los considerados de “alta actividad” (RAA) proceden fundamentalmente del combustible irradiado de os reactores nucleares o de otros materiales muy expuestos a una alta actividad nuclear. En estos casos, tras 30 años de almacenamiento sólo se produce una “semidesintegración”.
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