La prohibición por parte de Marruecos de la entrada de diputados europeos en los territorios ocupados del Sáhara Occidental se inscribe en una lógica colonial. Al igual que el gobierno israelí de extrema derecha, el Majzen busca silenciar cualquier investigación independiente sobre sus crímenes e impedir que salga a la luz una verdad incómoda sobre su brutal ocupación. Recientemente, las autoridades marroquíes expulsaron cínicamente a tres eurodiputados que habían ido a investigar la represión ejercida contra los saharauis y la ilegal explotación de los recursos naturales del Sáhara Occidental.

El 20 de febrero de 2025, las autoridades marroquíes rechazaron a un grupo de diputados al Parlamento Europeo que intentaban entrar en El Aaiún, en el Sáhara Occidental. Estos parlamentarios se dirigían a la Sáhara Occidental para observar la situación sobre el terreno tras la decisión del 4 de octubre de 2024 del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que invalidó los acuerdos comerciales entre la Unión Europea y Marruecos que incluían la Sáhara Occidental, reconociendo así que el territorio no forma parte del reino marroquí.

Los tres principales diputados europeos rechazados fueron:

Isabel Serra, diputada española del partido Podemos

Anna Katti Lemström, diputada finlandesa del partido Alianza de Izquierda

Jussi Saramo, diputado finlandés del partido Alianza de Izquierda

Esta actitud autoritaria no es un caso aislado, sino una política sistemática destinada a ocultar las exacciones de un régimen que, desde hace casi cincuenta años, mantiene a todo un pueblo bajo dominio ilegal. Incapaz de justificar esta ocupación contraria al derecho internacional, Marruecos invoca falsamente «consideraciones de soberanía» y acusa a los parlamentarios europeos de tener «agendas sesgadas» favorables al Frente Polisario. Este discurso es una ofensa a la inteligencia y una confesión de debilidad de un régimen que sabe que, ante una investigación objetiva, su ocupación no resistiría el examen de los hechos.

La similitud con Israel es sorprendente: en mayo de 2022, Israel prohibió el acceso a una delegación europea encargada de las relaciones con Palestina, dirigida por Manu Pineda. Esta decisión fue criticada por funcionarios europeos, que vieron en ella una interferencia en la labor del Parlamento Europeo. De la misma manera, el Estado israelí prohíbe la entrada a los parlamentarios europeos críticos con su política colonial en Palestina, y Marruecos bloquea el acceso a la región del Sáhara Occidental para evitar que la comunidad internacional pueda documentar sus crímenes. En ambos casos, se trata de un bloqueo totalitario destinado a mantener un statu quo ilegal por la fuerza, la propaganda y la represión.

Las prácticas de Marruecos no solo son opacas: reflejan una clara voluntad de aplastar cualquier protesta y silenciar a un pueblo que lucha por su autodeterminación. La Unión Europea y los defensores de los derechos humanos deben dejar de mirar hacia otro lado y reconocer por fin la naturaleza colonial del régimen marroquí. Mientras la ocupación continúe, no podrá haber justicia ni paz en el Sáhara Occidental.