Carles Puigdemont, otra vez, ha logrado su objetivo. La Generalitat podrá expulsar a inmigrantes y los Mossos controlarán puertos, aeropuertos y zonas críticas, en colaboración con Policía y Guardia Civil. El acuerdo, alcanzado en la noche del día 3 de febrero, se ha logrado tras un año de negociación. El ex presidente Rodríguez Zapatero ha llevado la voz cantante por parte del PSOE.

La reunión en la que, definitivamente, se desatascó el pacto, tuvo lugar el pasado 24 de febrero en Zúrich. Junts aceptó retirar su petición de someter al presidente a una cuestión de confianza -recordemos la declaración del mediador salvadoreño Francisco Galindo- a cambio de arrancar al Gobierno la delegación de las competencias en inmigración.

Un día después de la reunión de Zúrich, Zapatero acudió a la apertura del Congreso Regional del PSOE de Andalucía, celebrado en Armilla (Granada), y alivió a los asistentes: "Tranquilos, la legislatura va a durar hasta 2027". ¡Bien lo sabía él!

Desde entonces hasta el pasado lunes, el Gobierno se ha encargado de vestir el pacto para darle apariencia de constitucionalidad.

Para evitar contratiempos, la vía elegida para aprobar la ley orgánica es la de la proposición de ley, con lo que se elude el informe preceptivo del Consejo de Estado y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Esa elusión de informes técnico jurídicos -muy útiles, aunque no vinculantes- es algo a lo que ya nos tiene acostumbrados este Gobierno.

Dice el argumentario de Moncloa que el pacto es plenamente constitucional y, para ello, recurre al artículo 150, que, en su apartado 2, establece: "El Estado podrá transferir o delegar en la Comunidades Autónomas, mediante ley orgánica, facultades correspondientes a materia de titularidad estatal que por su propia naturaleza sean susceptibles de transferencia o delegación".

El Pacto con Junts permite la expulsión de inmigrantes a la Generalitat. El PSOE le da a Puigdemont una baza para competir con la xenófoba Aliança Catalana

Para el Gobierno, la delegación de competencias en inmigración es perfectamente legal ya que encaja en lo que plantea el artículo 150 de la Constitución. Pero la cosa no está tan clara ni mucho menos. El artículo 149 de la Constitución dice que "El Estado tiene competencias exclusivas sobre las siguientes materias: Nacionalidad, inmigración, emigración, extranjería y derecho de asilo".

El debate está servido porque lo que plantea el artículo 150 es que el Estado puede delegar competencias "que por su propia naturaleza sean susceptibles de transferencia o delegación". Ese condicionante dejaría fuera a la inmigración, porque lo que fija el artículo 149 es lo que de ninguna manera puede ser delegable. Para que nos hagamos una idea, dicho artículo sitúa al mismo nivel la inmigración y las competencias en defensa o fuerzas armadas.

La ley orgánica que delega las competencias de inmigración a Cataluña, en caso de que sea aprobada por el Congreso, puede ser recurrida al Tribunal Constitucional con una base muy sólida.

Este, digamos, es el aspecto legal del cambalache entre Junts y el Gobierno. No es un tema menor, aunque para Pedro Sánchez tener a Conde Pumpido al frente del Constitucional es una garantía de que todo lo que se cocine en Moncloa será bendecido por el máximo intérprete de la Carta Magna.

Luego está el factor político, la causa que ha llevado a Puigdemont (no olvidemos, un prófugo de la Justicia) a pedirle al Gobierno esas competencias para la Generalitat. En el texto difundido por el PSOE y por Junts está la explicación: en Cataluña el 24% de su población no ha nacido en dicha comunidad; de ellos, un 18% son extranjeros. Es decir, que de lo que se trata es de frenar o reducir ese porcentaje. ¿Cómo es posible que Sánchez, que recibió con alborozo a los inmigrantes del Aquarius en Valencia, nada más ser investido presidente, firme ahora un pacto que lo que contempla es la expulsión o el freno a la entrada de inmigrantes?

Lo de Junts se entiende mejor. Puigdemont le quiere quitar argumentos a Aliança Catalana (el partido xenófobo de extrema derecha de Silvia Orriols) situándose él y su partido como el muro más eficaz contra la inmigración. ¿Pero el PSOE? ¿Cómo compaginar este acuerdo con la defensa de los inmigrantes, de la integración, de los derechos humanos?

En fin, no le den muchas vueltas. Mientras Junts tenga los siete votos que Sánchez necesita para seguir gobernando le dará lo que pida. Eso sí, bien vestidito para que parezca legal y muy europeo. ¡Hasta se ha echado mano para justificarlo de una decisión del gobierno alemán que dio a Baviera en 2018 competencias en inmigración! Olvidando la historia más reciente: el gobierno de Baviera nunca violó la Constitución alemana para lograr su independencia de Alemania, mientras que la Generalitat de Cataluña...

Sólo espero que Puigdemont no le pida a Sánchez que apoye la política de Putin en Ucrania (en su día, el ex presidente de la Generalitat trató con el presidente ruso una posible ayuda militar para la independencia de Cataluña). Al final, no sería más que otro cambio de opinión.