El pacto está hecho, pero lo que no está nada claro es que vaya a salir adelante y pase al Boletín Oficial del Estado. La delegación a Cataluña de las competencias en materia de inmigración peligra. Y seriamente. Podemos avanzó su no cuando se hizo público, a primera hora de ayer martes, el acuerdo de PSOE y Junts, y lo reiteró tras conocer el detalle de la proposición de ley orgánica registrada en el Congreso. Los morados insisten en que ellos empujan "en la dirección contraria" y que no pueden validar un discurso "racista y antiinmigración". Los posconvergentes prometen hablar con la formación de Ione Belarra, para convencerle de que se trata de una "herramienta para conceder más autogobierno a Cataluña". En el Gobierno, mientras, proclaman que ya han "cumplido" con su compromiso con la formación de Carles Puigdemont, y ahora es esta quien también ha de procurarse los apoyos.

Son los primeros difíciles compases de una proposición de ley orgánica que, como podía preverse, soliviantó a la derecha pero, y esta era la clave, fracturó a la izquierda, ya que al rechazo nítido de Podemos se agregaron las dudas y reticencias en parte de las formaciones que integran Sumar. Pero aun cuando los 27 diputados del grupo de Yolanda Díaz respaldaran el texto, los cuatro parlamentarios morados seguirían siendo imprescindibles, ya que al tratarse de una ley orgánica se requieren 176 votos favorables. Sin Podemos, el pacto PSOE-Junts directamente muere. Y puede hacerlo a la primera de cambio, cuando el Congreso debata su toma en consideración o discuta las enmiendas de totalidad. Si en ese punto decae la propuesta, se estrangularía ahí su recorrido parlamentario.

El Gobierno, que había defendido que el control de fronteras no es transferible, se afana por presentar la concesión como plenamente conforme a la Constitución porque se trata de una delegación

Tras 14 meses de pesadas negociaciones, repletas de altibajos, arribó el pacto. La proposición de PSOE y Junts [aquí en PDF] se registró este martes en la Cámara baja a las 7.43 de la mañana y, de salir aprobada, supondría que el Estado delega en Cataluña las competencias en inmigración, en virtud del artículo 150.2 de la Constitución. El verbo es importante, y a él se aferró el Gobierno para insistir en que no "cede" el control de fronteras. No hay traspaso ni transferencia de competencias: es una mera delegación, ya que la titularidad continuará residiendo en el Estado. De esta manera, esa delegación se puede revertir en cualquier momento. El Ejecutivo se afanó en presentar la concesión como plenamente conforme a la Carta Magna, y así lo insistió una y otra vez la titular de Inclusión, Migraciones y Seguridad Social, Elma Saiz. Semanas, meses antes, tanto el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska —este martes baja por enfermedad—, como la portavoz del Ejecutivo, Pilar Alegría, habían repetido que el control de fronteras es una competencia exclusiva del Estado que no es "susceptible de ser transferida" ni "traspasable". Alegría defendió en cambio este martes que la competencia es exclusiva del Estado, sí, pero que la Constitución permite la delegación.

La iniciativa contiene, sobre todo, dos puntos conflictivos, extremadamente sensibles. Por un lado, el control de fronteras. Los Mossos d'Esquadra, "como policía integral, actuarán en los puestos habilitados para el acceso de personas extranjeras en puertos y aeropuertos, en colaboración con el resto de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, de acuerdo a los criterios que se establezcan en la Junta de Seguridad" de Cataluña, órgano paritario Estado-Generalitat que preside el president catalán, ahora el socialista Salvador Illa. Como aclararon este martes fuentes de Junts, Policía y Guardia Civil seguirán estando presentes como hasta ahora —el control de pasaportes, por tanto, continuará siendo una función policial—, y los Mossos solo se encargarían de la cuestión migratoria. "Las fronteras son Schengen y obviamente las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado estarán en frontera, no lo entendemos de otra manera", explicaron las mismas fuentes, que recordaron que los diferentes cuerpos nacionales y el autonómico actuarán de manera coordinada, con los criterios que determine la Junta de Seguridad, igual que ahora mismo España se coordina en frontera con Francia, por ejemplo. Los Mossos gestionarán la seguridad de puertos, aeropuertos y las
zonas críticas en cooperación con Policía y Guardia Civil.

Las devoluciones sí podrán ser ejecutadas directamente por la Generalitat. Pero las expulsiones que requieran expediente tendrán que ser elevadas a la Junta de Seguridad para que fije criterios y decida

El segundo punto controvertido, siempre lo fue, es la gestión de las expulsiones. Pero aquí son importantes los términos. La Generalitat instruirá y ejecutará las expulsiones que no requieren de expediente. Estas son, en puridad, las devoluciones, que lógicamente son muy pequeñas en número en Cataluña. Nada que ver con Canarias, adonde llegan miles de personas en cayuco. En Cataluña este supuesto, por tanto, es menos representativo, y se limita al retorno de inmigrantes que tienen prohibida la entrada en el país. En el caso de las expulsiones que requieran expediente —los que se abren contra personas que hayan cometido delitos o que hayan sido descubiertos en situación irregular—, las cosas son algo más complejas. Ahí, la Generalitat podrá proponer la expulsión, pero elevará el caso a la Junta de Seguridad para que establezca los criterios y decida. Y, si afecta a la seguridad nacional (por cuestiones como tráfico de armas, terrorismo o drogas), entonces resolverá el Estado. La ejecución de estas expulsiones recaerá en el Ejecutivo central porque, como recordaban desde la dirección posconvergente, Cataluña no puede por ejemplo fletar aviones para retornar inmigrantes.

Proposición de ley orgánica de PSOE y Junts para la delegación a Cataluña de las competencias en materia de inmigración.Descarga

Estos son los pilares de la proposición de ley de PSOE y Junts, pero hay otras cuestiones también controvertidas. Los de Puigdemont quieren que el conocimiento del catalán sea un requisito para la obtención de los permisos de residencia. "Si no hay catalán, no se darán los papeles", esa es la tesis de Junts, pero no la que está en la ley, en ninguna parte. Porque, como reconocían este martes fuentes del partido, esa decisión está en manos del Ejecutivo autonómico, ahora en manos de Illa. Los soberanistas recalcaron que lo que proporciona la proposición de ley es una "herramienta" para el despliegue de las competencias migratorias, pero "la operativa", la concreción, recaerá en la Generalitat y en el Parlament. Por tanto, Junts defenderá que para tener papeles haya que exigir que se conozca la lengua catalana, ya que sin ello no puede haber integración plena.

Junts querría que no se den papeles si no hay conocimiento del catalán, pero eso no está en la ley. Los posconvergentes reconocen que eso dependerá de lo que hagan Govern y Parlament, que la ley es una mera "herramienta" para desplegar la competencia

El texto recoge asimismo que la Generalitat gestionará íntegramente los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE). En Cataluña solo hay uno, en la Zona Franca de Barcelona. Desde Junts esgrimieron que serán el Govern y el Parlament quienes decidan si lo cierran, lo modifican o abren más. "Lo que hemos acordado es la herramienta", incidieron desde la dirección del partido independentista. Asimismo, la Generalitat tendrá la facultad de emisión de las tarjetas de identificación de los extranjeros (TIE) autorizadas para residir, estudiar o trabajar. El documento se expedirá a partir del registro del número de identidad de extranjero (NIE) en manos del Estado.

La competencia con Aliança Catalana

La proposición no endurece la ley de extranjería ni cambia los requisitos para poder seguir en España, pero Junts mantiene un discurso en esta materia próximo a los postulados de la ultraderecha. "La amenaza de la violencia y la radicalización religiosa, y el aumento de postulados xenófobos o directamente racistas nos obliga a hacer cambios en la manera de gestionar el fenómeno", justificaba este martes el expresident Puigdemont. El texto de los dos partidos habla del "impacto" del fenómeno migratorio, aunque reconoce el "aporte en términos culturales, sociales y económicos". Y alerta del posible "riesgo para la convivencia y la cohesión social".

"Es que no lo vemos, no lo vemos", respondían automáticamente en Podemos. La cúpula de la formación morada defiende que el contexto actual exige hacer "justo lo contrario" de lo que está escrito en la propuesta de socialistas y Junts. Es más, ha abanderado la lucha para que salga adelante la iniciativa legislativa popular (ILP) para la regularización extraordinaria de inmigrantes.

Podemos se opone porque Junts "reclama las competencias para aplicar políticas racistas, y no cabe una gradación", por su rivalidad con Aliança Catalana. "Empujamos en una dirección opuesta"

En cuanto se conoció el acuerdo PSOE-Junts, la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, dejó escrito en X que la ley no se aprobará con los votos de su formación, y reprochaba a los socialistas que hayan pactado la delegación de competencias con los de Puigdemont, "un partido antiinmigración que compite con la ultraderecha catalana", con el partido de Sílvia Orriols, Aliança Catalana. Y, tras leer al completo la proposición, mantuvieron su no, como ratificaron desde la cúpula a este diario: "No compartimos el diagnóstico. Es que Junts reclama las competencias para aplicar políticas racistas, y ahí no cabe una gradación. Solo cabe un no. No hay más que atender al discurso de Junts en público. Es lo que es y suena a lo que suena. No se trata de negociar políticas más o menos racistas. No queremos caminar en esa dirección. Nosotros empujamos en una dirección completamente opuesta. Ellos compiten con Orriols para ver quién es más racista". "Sin integración, no hay nación", había dicho por la mañana Puigdemont, en su comparecencia conjunta con la vicepresidenta del partido, Míriam Nogueras, y el secretario general, Jordi Turull.

Desde Junts señalaban que "obviamente" hablarán con los diputados de Podemos, porque "no habrá problema para explicar, ya que la ley es una herramienta para dar más autogobierno a Cataluña y a hacer frente a un reto catalán". "Se hablará con todo el mundo", indicaban. Belarra está dispuesta a hablar con Nogueras, también portavoz de los posconvergentes en Madrid, pero no para negociar, porque entienden que no hay margen: "No es una cuestión de más autogobierno. La cuestión es qué contexto, para qué o quién. Es que hoy está Illa en el Govern, pero mañana pueden estar ellos. Es abrir una puerta muy peligrosa".

PSOE y Junts han pactado comenzar a tramitar ya la iniciativa, no hay "ni ganas ni intención de dilatar ni un día el proceso". No se hará, eso sí, por el procedimiento de urgencia, que acorta los plazos a la mitad, sino por el formato habitual, lo que haría que el recorrido del texto en las dos Cámaras se alargue varios meses. Pero en Podemos no descartan que con su voto hagan decaer la iniciativa en sus primeros pasos en el Congreso. En la toma en consideración, o en el debate de totalidad. Y aun si se llegara a discutir en ponencia, comisión y pleno, harían falta los 176 votos que requieren las leyes orgánicas. Y esta proposición no tiene, hoy por hoy, esos apoyos. Los morados dicen no estar dispuestos a que "se debata sobre cosas racistas durante meses", a que se empuje un debate que consideran ultra, porque eso es "comprar el discurso de Aliança, es abonar el terreno a políticas abiertamente racistas".

Los morados podrían paralizar la tramitación de la ley a la primera de cambio. Rechazan que se debata "sobre cosas racistas durante meses" y exigen que se apruebe la ILP de regularización de inmigrantes

"No vamos a contribuir a eso. Hemos visto el texto y nuestra posición no es que tengamos una pega a este u otro artículo, es que no se puede aprobar con nuestro voto. Los derechos humanos no se negocian", ratifican en la dirección de Podemos. En la cúpula morada insisten en que no está conectada esta propuesta de PSOE y Junts con la ILP de regularización de inmigrantes. Es decir, que aunque los posconvergentes accedieran a tramitar esta última —y por ahora, se oponen—, Podemos no daría su sí a la delegación de competencias. Esta precisión es importante porque, en Canal Red, Belarra se mostraba a hablar sobre traspasos si se despeja la ILP y "Junts demuestra que no está en posiciones abiertamente racistas como ha demostrado a lo largo de este año en reiteradas votaciones".

"Dar tiempo a la negociación"

En la Moncloa son conscientes de que los votos no están en absoluto garantizados. Pero consideran que los de Puigdemont tienen que remar para conseguirlos: "Nosotros ya hemos cumplido al alcanzar este acuerdo. Ahora Junts tendrá que poner de su parte, hacer su trabajo. Esta es una proposición de ley que firmamos dos: ellos y nosotros. Los dos tenemos que emplearnos en la negociación para conseguir esa mayoría. Y Junts tiene que ser consciente de que una negociación no sale si partes de máximos. También Podemos tendrá que explicar si vota con PP y Vox". En todo caso, creen fuentes gubernamentales que al final las posiciones de todos se irán modulando, y recuerdan que en más ocasiones los grupos partían de un no que luego evolucionó hasta el sí. La portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, señalaba este martes, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, que otras votaciones que se vislumbraban "imposibles" al final acabaron prosperando gracias al "diálogo". "Hay que dar tiempo a la negociación", prescriben desde la sala de máquinas del Ejecutivo.

En la Moncloa advierten de que Junts debe buscar los votos de Podemos y ser consciente de que una negociación no sale si está en máximos. "Y Podemos debe explicar si vota con PP y Vox", continúan

"Habrá que trabajar con Podemos —añade más optimista un interlocutor directo del presidente, Pedro Sánchez—. Pero en absoluto se promociona un discurso racista, que se lean la exposición de motivos de la ley. Esto no tiene nada que ver con Aliança". Sin embargo, otros dirigentes, también dentro del Gobierno, ven más complicado que Podemos recule, al ser esta una cuestión muy sensible para ellos y un fértil terreno de batalla contra su competidor directo, Sumar. Como indica un responsable que se conoce bien la maquinaria del PSOE, con esta iniciativa puede ocurrir lo mismo que con el gravamen a las energéticas, "solo que al revés". Este decayó por la negativa de PNV y Junts, por el no de los socios de derechas de Sánchez. Ahora, la delegación de la política migratoria puede descarrilar por el rechazo de Podemos.

Y si eso ocurre, los socialistas, muy probablemente, no llorarán por los resultados. "Vamos ganando meses cumpliendo compromisos por separado, a sabiendas de que seguramente no prosperarán por la neutralización recíproca de los aliados. Lo sabemos perfectamente. En realidad, a veces hasta nos alivia, aunque luego nos digan que no hemos cumplido. Pero ellos saben que no pueden pretender que respondamos también por los socios parlamentarios", destaca este último dirigente consultado.

En Sumar también hay fractura. Yolanda Díaz defiende el pacto, pero para Más Madrid es "una mala idea y un mal precedente". Y en Compromís hay dudas

Ni siquiera Sumar tiene una posición común. La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, sí defendió el pacto, igual que hicieron los comunes, pero para Más Madrid, el partido de la ministra de Sanidad, Mónica García, el acuerdo PSOE-Junts es "una mala idea" y "un mal precedente". IU, por su parte, pone el límite en las delegaciones de competencias en "el respeto absoluto a los derechos humanos, a los derechos fundamentales y a los tratados internacionales en materia de migración y asilo". Los dos diputados de Compromís, ambos en Sumar, mantenían posiciones dispares. Su portavoz, Águeda Micó, sí respaldó conceder más autogobierno a las CCAA, pero pidió más garantías para los derechos de los migrantes y aprovechar esta iniciativa para cerrar los CIE, una exigencia que también tiene el diputado de Chunta, Jorge Pueyo. Pero para Alberto Ibáñez, parlamentario de Compromís el acuerdo es "grave", no se puede contribuir, cree, a la "batalla cultural" con "marcos fascistas", porque el problema en España no es la inmigración sino "la especulación y el rentismo", informa Europa Press.

ERC, sin embargo, no pondrá obstáculos. El presidente del partido, celebró este martes el pacto, al considerar que "es un éxito más conseguido por las fuerzas independentistas". Un triunfo, siguió en X, "como ha hecho ERC con la condonación del FLA y el traspaso de Rodalies, dos hitos relevantes que nos hacen ganar competencias y soberanía".

¿Y habrá Presupuestos?

¿Y qué consecuencias tiene el acuerdo para la continuidad de la legislatura? En el Gobierno se muestran prudentes, aunque esperanzados con la posibilidad de que los Presupuestos Generales del Estado puedan quedar un palmo más cerca. La "complejidad parlamentaria no ha cambiado", decía Alegría, aplicándose un baño de realismo.

Los posconvergentes desvinculan "al 200%" el desbloqueo del traspaso migratorio con la senda de estabilidad y unas nuevas cuentas del Estado. Piden antes oficialidad del catalán en la UE y aplicación política de la ley de amnistía

En Junts señalaban este martes que el desbloqueo del acuerdo migratorio nada tiene que ver con unas nuevas cuentas públicas. Son carpetas "absolutamente diferentes". "Lo desvinculamos al 200%", advirtieron. Ni siquiera se ha hablado, dijeron, de la senda de estabilidad, pese a que fue en septiembre cuando Hacienda retiró su propuesta para negociar una nueva con Puigdemont. El expresident consideró "atrevido" hablar ahora de Presupuestos, pero sí reconoció que la desconfianza que tiene su partido en el PSOE ha "disminuido".

Además, para los posconvergentes, antes de hablar de los Presupuestos hay otros dos asuntos fundamentales que han de desencallarse: la oficialidad del catalán en la Unión Europea y la aplicación política de la ley de amnistía, que se traduciría en un reconocimiento de Puigdemont como interlocutor del Ejecutivo a través de una reunión con el presidente Sánchez. En el Ejecutivo prefieren no dar pistas. Las negociaciones, subrayan, han de seguir siendo discretas para avanzar en los acuerdos.

Sobre la reforma de la Ley de Extranjería para el reparto obligatorio de menores desde Canarias y Ceuta, Junts admite que habrá acuerdo, pero pide garantías para "destensionar" Cataluña

Y sobre la posibilidad de aprobar una reforma de la Ley de Extranjería para facilitar la derivación obligatoria de menores acompañados desde Canarias y Ceuta a la Península, Junts reconoce que "acabará habiendo acuerdo", pero recalca que es "imprescindible" que se "destensionen" las zonas muy saturadas, caso de Cataluña, que se "rebaje" la presión. El Gobierno y el Ejecutivo canario ya avanzaron en esa línea, pero los posconvergentes reclaman que se aclaren los términos y se aterricen los criterios. Es otro pacto en la cola, que puede estar más próximo, pero que no es inminente.