En el Tribunal Constitucional ven "muy debatible" el traspaso de competencias de migración a Cataluña y, aunque con todas las cautelas que se tiene cuando una ley no está aprobada, hay algunas voces que ven difícil que el pacto entre PSOE y Junts tenga encaje constitucional. La proposición de Ley Orgánica supone que el Estado delegue en la Generalitat el control de fronteras para la devolución de inmigrantes, además de permisos de residencia y el control de los centros de internamiento de extranjeros.

"Hay poca jurisprudencia. Habrá mucho debate", vaticina un magistrado del órgano. El nudo gordiano está en artículo 150 de la Carta Magna. Si el 148 explica las competencias que sí son transferibles a las autonomías ("las Comunidades Autónomas podrán asumir competencias en las siguientes materias") y el artículo 149, las que no ("el Estado tiene competencias exclusivas sobre las siguientes materias"), el 150 abre una pequeña puerta en este trasvase que es difícil de interpretar: "El Estado podrá transferir o delegar en las Comunidades Autónomas, mediante ley orgánica, facultades correspondientes a materia de titularidad estatal que por su propia naturaleza sean susceptibles de transferencia o delegación".

Los términos "transferencia" o "delegación" son clave en este asunto porque si hay algo en lo que todos coinciden, en que es incontestable que la competencia de Extranjería es del Estado porque así lo dice la Constitución al recogerla en el artículo 149. Por tanto, no se trata de un traspaso de competencias sino de una delegación, de una pequeña cesión en la que los Mossos, por ejemplo, puedan controlar las fronteras, pero en coordinación con la Policía que depende del Ministerio del Interior.

Y en el terreno de la delegación también hay matices. Para algunas de las voces consultadas, el pacto entre el partido independentista y el partido del Gobierno "rebasa" ese artículo 150. En esa "propia naturaleza" de la que habla la Constitución no se puede adherir las competencias de extranjería porque la inmigración excede de la territorialidad, o lo que es lo mismo, no afecta sólo a Cataluña, sino a toda España.

"Se puede fraccionar [la competencia] si el interés no trasciende de una Comunidad Autónoma", reflejan. En este caso, si un señor entra por Cataluña y quiere ir a Cáceres ese control no podría hacerlo la policía autonómica, exponen mentadas fuentes. Con esta tesis, la ejecución de esa delegación de competencias terminaría afectando a otras autonomías y, por ende, no sería delegable.

Otros, en cambio, se mueven en un terreno más gris. "Su naturaleza [lo que dice la Constitución] es un concepto jurídico indeterminado", explican. Qué es lo que el Estado puede compartir, es la gran duda, "el problema que se plantea", dicen, y que habrá que estudiar si el asunto termina recurrido ante el Tribunal Constitucional.

Una situación que no tiene parangón, creen, como tampoco la tuvo la aprobación de la Ley de la Amnistía que todavía está pendiente de resolución en el órgano que dirige Cándido Conde-Pumpido. Unos lo asemejan al traspaso de competencias en materia penitenciaria, que se ha concedido el País Vasco y Cataluña, pero lo cierto es que la Carta Magna sí concede esa posibilidad en la propia redacción: "El Estado tiene competencia exclusiva sobre legislación mercantil, penal y penitenciaria; legislación procesal, sin perjuicio de las necesarias especialidades que en este orden se deriven de las particularidades del derecho sustantivo de las Comunidades Autónomas".

"Que los Mossos y Policía colaboren y se coordinen es una muestra de que el Estado funciona. Los Mossos actuarán en coordinación con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado", insistió la ministra de Inclusión, Elma Sáiz cuando presentaron el proyecto tras el Consejo de Ministros. Voces consultadas más allá del Tribunal Constitucional apuntan en esta línea y explican que si el cuerpo de Mossos está conectado con la Policía Nacional se engrasará el mecanismo de extranjería.

Ahora mismo si un extranjero realiza una infracción grave como es utilizar armas prohibidas, la seguridad del territorio la controla el cuerpo autonómico y la tramitación de un expediente sancionador que, en algún caso, puede dar lugar a la expulsión no termina de llegar a la Policía Nacional, dicen, que es quien debe en última instancia proceder a la expulsión. Si hubiera una cooperación "lógica", en todo eso, se podría dar una asistencia al Estado. Pero, las mismas fuentes, advierten del peligro que esto engrana cuando los colores políticos de un lado y del otro no sean el mismo. "Es materia arrojadiza permanente", agregan.

Casi todos los consultados son prudentes e inciden en la necesidad de leer la letra pequeña del acuerdo sólo cuando haya fumata blanca. Cuando esté el redactado final de la norma y, más importante, cuando el Gobierno consiga los votos (176) que necesita para aprobar una Ley Orgánica podrá entrarse en un debate más profundo sobre las costuras o descosidos con el texto que es línea medular del Estado. El Tribunal Constitucional sólo se pronunciará si allí llega recurso.