"Trabajar para una potencia ocupante, ya sea directa o indirectamente, no solo es moralmente incorrecto, sino que contribuye a un mundo menos estable". Es el reproche con el que arrancan su carta abierta cuatro eurodiputados escandinavos. La misiva señala públicamente a Rud Pedersen (RP), una agencia danesa de asuntos públicos contratada por Marruecos para defender sus intereses tras el revés de las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que tumbaron los acuerdos agrícola y pesquero entre Bruselas y Rabat.

Los firmantes de la misiva denuncian que las actividades de la compañía danesa para la Confédération Générale de Enterprises du Maroc (CGEM) tienen como cometido "ejercer presión en Bruselas" tras el varapalo judicial. Entre las conexiones, citan la contratación en la oficina de Londres de RP de la hija del ministro de Asuntos Exteriores de Marruecos, Naser Burita. "Que la contratación se realice a través de una organización como la CGEM no exime al grupo de presión de la responsabilidad de cuál es el objetivo final. Especialmente cuando la propia RP declara que han sido contratados para ejercer presión sobre 'comercio y agricultura'", deslizan Per Clausen Hanna Gedin, Jonas Sjöstedt y Jussi Saramo, eurodiputados adscritos al grupo de La Izquierda en el Parlamento Europeo.

Acento, la puerta de Marruecos en España

"Debería tener consecuencias políticas. Este también es el caso cuando se trata de ayudar a las empresas de una potencia ocupante que intentan obtener un acceso favorable al mercado para los recursos que extraen y explotan de las tierras ocupadas", deslizan. En España, una de las agencias de asuntos públicos que defiende los intereses de la monarquía de Mohamed VI en Bruselas es Acento, dirigida por el ex secretario de organización del PSOE José Blanco e integrada por ex dirigentes políticos vinculados a PP y PSOE. Entre ellos, la ex vicesecretaria general socialista Elena Valenciano, cercano a las tesis marroquíes; el ex ministro popular Alfonso Alonso, o algunos familiares de responsables públicos como el hijo del vicepresidente del Parlamento Europeo Esteban González Pons (PP), Esteban González Guitart.

Los eurodiputados de Dinamarca, Finlandia y Suecia recuerdan que "Marruecos intenta constantemente alcanzar diversos acuerdos con la UE con los recursos del Sáhara Occidental, ocupado ilegalmente" y aluden a las sentencias de la justicia europea del pasado octubre. "Se produjo porque Marruecos insiste en vender los derechos de pesca del Sáhara Occidental a intereses comerciales europeos, sin un beneficio o consideración adecuados para la población saharaui".

"No debería repetirse, pero los bienes procedentes de territorios ocupados ilegalmente no pueden, ni deben, beneficiarse de un acuerdo comercial con la UE. Es difícil ver que el trabajo de RP no termine tratando de eludir el caso de la UE o de permitir otro acuerdo más, que al final también será contradictorio con la legislación de la UE", señalan como uno de los posibles escenarios. Tal y como informó El Independiente el mes pasado, el Gobierno español junto al francés presionó al Tribunal de Justicia de la Unión Europea para modificar las históricas sentencias y allanar así el camino para obtener el consentimiento del pueblo saharaui que exige la corte comunitaria. La justicia europea desestimó los intentos de adulterar los fallos de los que el ministro de Exteriores José Manuel Albares jamás informó a la prensa o en sus comparecencias en el Congreso de los Diputados.

"La larga ocupación, represión y explotación del Sáhara Occidental por parte de Marruecos es totalmente ilegal, algo que también subrayan las Naciones Unidas, que todavía lo consideran un territorio no autónomo. Este es el tipo de comportamiento y explotación al que nosotros, como políticos de izquierdas, siempre nos opondremos.
Por eso nuestro mensaje a Rud Pedersen debe ser muy claro: lo que está haciendo, representar indirectamente a una potencia ocupante a través de sus intereses comerciales, es inmoral y va en contra de la reputación y las normas nórdicas, y no podemos ni queremos apoyarlo", aseveran.

Entre las medidas adoptadas por los eurodiputados, citan la negativa a reunirse con los representantes de la empresa mientras "mientras sigan decidiendo defender los intereses de una potencia ocupante como Marruecos, ya sea directa o indirectamente". "También empezaremos a animar activamente a nuestros colegas de todo el Parlamento Europeo a que adopten un enfoque similar. La ocupación y sus defensores no deberían ser bienvenidos". "Le instamos a que rompa sus vínculos, tanto directos como indirectos, con la ocupación ilegal e inmoral del Sáhara Occidental y su pueblo. Hasta que no lo haga, permanecerá en nuestra lista negra de personas con las que no nos reunimos", insisten.