El nuevo anteproyecto de ley de Gobernanza y Buen Uso de la Inteligencia Artificial prevé sanciones de hasta 7,5 millones de euros y hasta el 7% de la facturación mundial para las empresas que cometan prácticas "de alto riesgo" en el uso de esta tecnología, según ha explicado este martes en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros el ministro de Transformación Digital, Óscar López.

La norma en tramitación prevé un marco regulatorio para, entre otras cosas, evitar que la inteligencia artificial se convierta en un arma que puedan utilizar quienes difunden "bulos y mentiras".

Entre los aspectos que prevé controlar se encuentra la técnica de los Deepfake, por la que se pueden generar mediante los sistemas de inteligencia artificial imágenes con apariencia realista de otras personas, con las que se puede llegar a suplantar la identidad.

Deepfake

Llama la atención porque una buena parte de los medios de comunicación recurren hoy en día a esta técnica para realizar montajes fotográficos. Según ha apuntado López, las imágenes que hayan sido creadas con IA deberán ser correctamente etiquetadas e identificadas. La norma considera los Deepfake como una infracción muy grave.

Durante su intervención, el ministro ha incidido en que este anteproyecto completará el "escudo digital" sobre los ciudadanos europeos, que incluye también otras leyes en tramitación, como son las que servirán para adaptar a la normativa española el Reglamento Europeo de Servicios Digitales y el Reglamento sobre la Libertad de Medios de Comunicación.

La norma sobre IA contempla una serie de prácticas prohibidas en el entorno digital, como el uso de chatbots o técnicas subliminales para generar adicción al juego en internet; o el de medición biométrica en espacios públicos, salvo en casos excepcionales que tengan que ver con la seguridad.

La vulneración de la normativa contempla sanciones de entre 7,5 y 35 millones de euros por el mal uso de la IA; o el equivalente al 7% de la facturación mundial de la empresa que los permita.

Procesos democráticos

López también ha expuesto una serie de "sistemas de alto riesgo" a los que identifica la nueva ley y a los que intentará mantener a salvo de las malas prácticas con inteligencia artificial. Son los incorporados a sistemas industriales, juguetes, transportes, sanidad, infraestructuras críticas, educación y formación profesional, empleo, derecho, migración, fronteras, justicia y procesos democráticos.

Este último punto resulta especialmente relevante, toda vez que la injerencia de países como Rusia en diferentes procesos electorales -el último en Rumanía- ha puesto en riesgo de desestabilización a las democracias occidentales. La sanciones con respecto a los ataques a los elementos de "alto riesgo" oscilan entre los 500.000 y los 7,5 millones de euros.

La Agencia Española de Inteligencia Artificial se encargará de vigilar el cumplimiento de esta norma, aunque también involucrará al Consejo General del Poder Judicial, a la Agencia Española de Protección de Datos y a la Junta Electoral Central.