El gobierno central ha vetado el incremento de las ayudas a los damnificados de la Dana presentada por el PP en una proposición de ley el pasado 22 de enero. El veto gubernamental, explicado en un texto remitido el pasado día 7 al registro de la Cámara y al que ha tenido acceso El Independiente, aduce que la propuesta popular supone tanto una merma de ingresos de 494 millones de euros como una subida de gasto por 233, esto es, un total de 727 millones como poco, pues hay partidas que creen que pueden elevar esa cifra. De este modo, Moncloa cortocircuita la propuesta del PP, que ni siquiera podrá ser debatida en pleno una vez que la Mesa del Congreso, con la mayoría de PSOE y Sumar, y con el voto en contra de los cuatro representantes populares, aceptó ayer dicho veto.

La proposición de ley del PP defendía, en una disposición adicional, que, con carácter transitorio y excepcional, se estableciera un tipo cero de IVA para la compra de vehículos adquiridos en sustitución de aquellos dados de baja por los daños
provocados por la DANA y extenderlo al impuesto de circulación. La exención estaba pensada "siempre que la adquisición del nuevo vehículo se realice entre el
29 de octubre de 2024 y el 31 de diciembre de 2025, ambos inclusive", planteando incluso que el IVA se compensara vía subvención una vez abonado. Pero el Gobierno replica que "la medida propuesta supondría una reducción de la recaudación del Impuesto sobre el Valor Añadido, por la nueva exención, que representaría un coste estimado de 441 millones de euros".

120.000 automóviles afectados por la DANA

Y aunque el 50 por ciento del IVA está cedido a las Comunidades Autónomas, el Ejecutivo central no quiere dejar de recaudar la parte que le corresponde ante una tragedia que, además del coste enorme en vidas humanas, provocó grandes daños materiales. En concreto, la Cámara de Comercio de Valencia estimó que la DANA afectó a unos 120.000 automóviles. De hecho, las fotografías de los coches apiñados en las calles de las localidades afectadas por la DANA se convirtieron en una de las imágenes más difundidas en la prensa nacional e internacional de aquella tragedia.

Criterio del Gobierno disconformidad PL GPP 122 48 DANADescarga

Esta es la partida más onerosa que rechaza el ministerio de María Jesús Montero, la misma que anunció recientemente la asunción de 83.000 millones de la deuda de las Comunidades, tras alcanzar un pacto en este sentido con ERC. En otros capítulos extiende su negativa a cantidades que pueden considerarse irrisorias dentro de las magnitudes en que se mueven la cuentas públicas. Es el caso de la petición de una subvención de 25 millones de euros para la construcción de 250 viviendas públicas (industrializadas en edificios en alturas de hasta 4 plantas realizadas a partir de módulos tridimensionales prefabricados) en las zonas más afectadas, "con el fin de posibilitar lo antes posible el realojo de familias desalojadas de sus hogares". Pero el Gobierno no quiere cargar, en este caso, al Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana de Isabel Rodríguez, "un incremento de gasto presupuestario" por esos 25 millones.

También rechaza dejar de ingresar fondos por ayudas de empresas o familiares

Suma y sigue. También considera inasumible para las arcas públicas dejar de ingresar 8 millones por IRPF para dejar exentas "las cantidades satisfechas con carácter extraordinario por los empleadores a sus empleados y/o familiares hasta el 30 de junio de 2025. Las cuantías tendrán que ir destinadas a sufragar los daños personales y daños materiales en vivienda, enseres y vehículos que hayan sufrido los empleados y/o sus familiares con ocasión de una situación de emergencia".

Dedica un amplio capítulo de su veto al "Plan específico para los trabajadores
autónomos ante situaciones de emergencia" de la proposición de Ley, que "podría tener incidencia en el presupuesto de la Seguridad Social", advierte. Y así, tras analizar la propuesta popular y criticar "la imprecisión de las medidas recogidas (...) como la indeterminación del ámbito geográfico y del colectivo que podría resultar afectado", defiende el Ejecutivo que "la merma de ingresos del presupuesto de la Seguridad Social para situaciones de emergencia podría ascender a más de 45 millones de
euros al año". Además, las partidas destinadas al gasto "se verían incrementadas en más de 58 millones de euros anualmente. Si bien estas cantidades podrían superarse en función del número de autónomos afectados y la duración de las prestaciones.

Exclusión de las Comunidades autónomas

Asimismo rechaza incorporar a las Comunidades autónomas como receptoras de las ayudas reconocidas a las corporaciones locales. Hay que recordar que la Dana incidió especialmente en Valencia, pero también se vieron afectadas Castilla-La Mancha y Andalucía. "Haciendo una estimación basada en una línea de ayudas que está ya contemplada en la normativa, aunque sea con otros importes y requisitos, y teniendo en cuenta solo el aumento del porcentaje de ayuda del 50 al 100%, la aplicación de estas medidas supondría como mínimo duplicar el presupuesto", dice el escrito firmado por el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes y Asuntos Constitucionales, Rafael Simancas, que agrega en este punto que "se ha estimado que la repercusión a nivel presupuestario representaría un coste superior a los 150 millones de euros".

En definitiva, con base en lo expuesto, se considera que la aprobación de la Proposición de ley "es susceptible de producir en los Presupuestos Generales del Estado tanto una disminución de los ingresos como un incremento de los gastos presupuestarios, por lo que el Gobierno no presta la conformidad para su tramitación" en virtud de lo establecido en el artículo 134.6 de la Constitución.

Dicho precepto establece que "toda proposición o enmienda que suponga aumento de los créditos o disminución de los ingresos presupuestarios requerirá la conformidad del Gobierno para su tramitación". Pero lo cierto es que ese mismo artículo constitucional recoge en su punto 3 que el Gobierno "deberá presentar ante el Congreso de los Diputados los Presupuestos Generales del Estado al menos tres meses antes de la expiración de los del año anterior", claramente incumplido.