Entre las decenas de contratos en juego que hay en el sector de las telecomunicaciones, sin duda el más jugoso era la tercera fase del destinado a  "desarrollar servicios consolidados de telecomunicaciones de la Administración General del Estado (AGE) y otras entidades públicas". En total tiene un presupuesto base sin impuestos de 316 millones de euros y un valor estimado de 505 millones. Y parece que después de múltiples retrasos ya se ha resuelto. 

El contrato tiene una duración de cuatro años y supone una mejora de la seguridad en las telecomunicaciones de la AGE y de las entidades públicas con el objetivo de "hacer frente a los ciberataques", motivo por el cual se añadirán servicios que incrementarán las prestaciones actuales del sistema. Está dividido en cuatro lotes (de 152, 158, 104 y 90 millones).

La fecha límite para presentar una oferta fue el pasado 9 de enero de 2025, y esta semana hemos sabido que MasOrange ha conseguido adjudicarse dos lotes por un importe total de 262 millones de euros. En concreto, la operadora dirigida por Meinrad Spenger se ha llevado el lote de red de voz fija y móvil nacional (de 158 millones de euros) y el de los servicios de interconexión de centros de proceso de datos, seguridad e internet (104 millones de euros). Un espaldarazo para la compañía, que en su primer año de vida después de la fusión aumentó sus ingresos un 1,5%.

Los dos lotes restantes del megacontrato de la AGE se los han repartido entre Telefónica y Evolutio. La operadora dirigida por Marc Murtra se ha hecho con la parte de la red de datos nacional, que tiene un valor estimado de 152 millones de euros. Y Evolutio, por su parte, se ha adjudicado el lote de la red internacional, que asciende a un máximo de 90,16 millones de euros. Con todo, hay que decir que todas estas cifras son preliminares, porque los importes definitivos todavía no se han publicado en el portal de contratación del Estado.

En la memoria justificativa de este expediente se recoge que "el objeto del presente contrato es la prestación de los servicios de comunicaciones (datos, voz, videoconferencia e Internet) reforzando la seguridad, en el territorio español y fuera de él, necesarios para dotar a la Administración General del Estado, sus organismos autónomos y otras entidades públicas incluidas expresamente en el ámbito de este contrato de una comunicación de calidad para todas sus ubicaciones y todos sus empleados, partiendo de la situación actual y con el objetivo de la convergencia de las redes existentes actuales".

Desde que el Ministerio para la Transformación Digital publicó la licitación de la tercera fase a finales de noviembre del año pasado, lo cierto es que los retrasos obligaron al Gobierno a prorrogar el anterior contrato -el de la segunda fase- hasta en dos ocasiones.

La primera vez que se prorrogó fue a mediados de 2023, cuando el Gobierno extendió la duración de los lotes hasta el 28 de febrero de 2025. Pero en enero de este año tuvieron que volver a hacerlo de nuevo, ampliándolo en un plazo máximo de nueve meses desde el próximo 1 de marzo.

En el caso de este último retraso, el Gobierno no especificó las causas, limitándose a decir que la demora no permitía "materializar el nuevo contrato en una fecha que garantice el normal funcionamiento de los servicios de comunicaciones".

En cualquier caso, el importe de las dos prórrogas en los lotes de los que se encarga Telefónica ascendió a 71 y 36,5 millones de euros, respectivamente. Los de Vodafone fueron de 6,64 y 3,5 millones de euros. Y los BT España, de 20,11 y 10,31 millones de euros. En total, las dos prórrogas supusieron un importe conjunto de 148 millones de euros.

Por el camino, el pasado diciembre se metió por medio la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que recomendó dividir en más lotes el megacontrato para "permitir que participen más operadores y evitar una posible falta o escasez de oferentes". Además, el organismo también defendió la necesidad de llevar a cabo un un "diagnóstico detallado" sobre las ofertas que se presentasen para garantizar una "correcta planificación y toma de decisiones".

En paralelo, la CNMC también recomendó justificar los presupuestos y los criterios del contrato "de forma más detallada". Y mostró su preocupación en la fase de adjudicación, en la que consideraba que había que "favorecer la objetividad y evitar valoraciones subjetivas para garantizar la transparencia del proceso".

El 'sorpasso' de MasOrange

En las fases anteriores del contrato, Telefónica siempre había sido la máxima adjudicataria. En 2015, durante la primera fase, la operadora se hizo con tres de los cuatro lotes por 129 millones, y el restante recayó en la filial española de British Telecom (BT) por 35,7 millones de euros.

En la segunda fase, adjudicada en 2019, Telefónica se llevó de nuevo dos de los cuatro lotes por 162 millones, Vodafone ganó otro por 13 millones y el último fue para BT por 48 millones. Ha habido que esperar hasta esta tercera fase para que otra compañía, en este caso MasOrange, pegara el 'sorpasso' a Telefónica, ganando más de la mitad del megacontrato en juego.