Montoro frenó la jubilación anticipada de los policías locales para no asumir su alto coste

En los gobiernos la última palabra la suele tener el Ministerio de Hacienda, que es el que gestiona los recursos con los que el resto de los departamentos desarrollan sus políticas. Y eso mismo ocurrió con la jubilación anticipada de los policías locales, que se hará realidad a partir del próximo 2 de enero.

La titular del ramo, María Jesús Montero, dio visto bueno hace apenas dos meses, pero hace menos de un año, su entonces homólogo Cristóbal Montoro, frenó el real decreto que habilitaba esta posibilidad.

Era un secreto a voces, pero el informe del Consejo de Estado que da luz verde definitiva a la jubilación anticipada de la Policía local ofrece detalles claros de cuáles fueron las circunstancias en las que se produjo la demora de este norma ante la impotente mirada de aquellos sindicatos y plataformas de policías que lo demandaban y lo esperaban desde mayo de 2015.

El texto emitido por el órgano consultivo, al que ha tenido acceso El Independiente, ofrece un relato de lo acontecido desde ese mismo mes de mayo, cuando la Secretaría de Estado de Seguridad Social, entonces ocupada por Tomás Burgos, iniciaba el proceso.

Recuerda el informe que las prospecciones iniciales de la Inspección de Trabajo determinaron, a efectos de saber si la Policía local era un cuerpo especialmente expuesto a la siniestralidad por cuestiones laborales a partir de los 55 años, que esta no era elevada desde esas edades. Pero concluía que, aunque la totalidad de las comunidades autónomas tienen regulada una segunda actividad, "no todos los ayuntamientos la han desarrollado, lo que puede generar un problema de discriminación para aquellos policías que realizan un trabajo en ayuntamientos que por su tamaño o capacidad financiera no pueden facilitar a los agentes esa segunda actividad".

De esa forma, desde la Seguridad Social se reconocía que había motivos para poder abrir la puerta de la jubilación anticipada al colectivo.

Tras largos procedimientos, en diciembre de 2016, el secretario de Estado de Seguridad Social anunciaba a los sindicatos que comenzaría a elaborar en las siguientes semanas el real decreto que regularía la jubilación anticipada de los policías municipales con la previsión de que el texto estuviera listo en unos seis meses, es decir, a partir de julio de 2017.

Según fuentes próximas al equipo ministerial del anterior Gobierno, no todo eran opiniones favorables a la medida dentro del departamento. Sin embargo, se trataba de un compromiso personal de la entonces ministra de Empleo, Fátima Báñez, con lo que, de alguna forma, la política se antepuso a otros criterios.

Balones de oxígeno

De hecho, ya en el primer semestre de 2017, cuando después de numerosos análisis e informes, la cuestión se abrió a consulta pública de ayuntamientos y organismos públicos, muchas de estas instancias mostraron su preocupación por su posible impacto económico (puesto que ya entonces se había planteado una sobrecotización a pagar entre ayuntamiento y trabajador para garantizar el equilibrio del sistema) y la necesidad de aplicar la medida de manera gradual para no dejar en cuadro a muchas plantillas o de flexibilizar la oferta pública para cubrir vacantes a medida que se fueran produciendo.

En medio de estas tensiones, llegó julio de 2017 y el real decreto correspondiente no vio la luz, pese a que ya entonces estaba redactado en el mismo texto con el que previsiblemente se aprobará en cuestión de semanas. No solo eso, la cuestión se siguió demorando ante la impotencia de los sindicatos y las plataformas de policías.

En ese vacío, el Gobierno daba un nuevo balón de oxígeno en febrero de 2018. El propio Burgos aseguraba en una reunión informal con estas organizaciones que el texto estaba pendiente de un informe del Ministerio de Hacienda en el que daría vía libre al real decreto en un plazo de 15 o 20 días, para su posterior remisión al Consejo de Ministros.

El no de Montoro

Sin embargo, ese Consejo de Estado no ha emitido dictamen hasta ahora y en el texto revela que antes, el 16 de enero de 2018, ya había un informe de Hacienda, y que la valoración era desfavorable. Precisa que el departamento dirigido por Montoro desaconsejaba permitir la jubilación anticipada a los policías locales por el "elevado coste presupuestario y para los ayuntamientos" y por "efecto demostración" respecto a otros colectivos, por lo que sugería la "reubicación de los funcionarios afectados en puestos administrativos".

Es cierto que unos meses después la Seguridad Social se encontraba valorando la posibilidad de conceder también la jubilación anticipada a casi una veintena de colectivos más. Pero además, Hacienda veía deficiencias en la memoria económica del real decreto.

Señalaba que no recogía el efecto de la cotización recargada para determinar el impacto económico para cada uno de los años del periodo considerado, por lo que debería completarse en ese sentido. También entendía que debía aclararse si la cotización adicional del 10,6% variaría a lo largo de los ejercicios o si era un tipo medio.

De facto, lo que hacía Hacienda era frenar el proceso. Sin embargo, ¿por qué acabó desatascándose? Todo se sustancia en torno a los Presupuestos de 2018 y la moción de censura que aupó a Pedro Sánchez al Gobierno en junio de este año.

En primer lugar, el 22 de mayo, ocho días antes de esa moción, los policías locales estaban en la calle manifestándose contra el Gobierno de Mariano Rajoy. Se había organizado una campaña para incluso tratar de reventar intervenciones públicas de miembros del Gobierno para presionar. Y en esa tesitura, el Grupo Parlamentario Popular decidió introducir una enmienda de última hora en los Presupuestos de 2018, pendientes aún de aprobación en el Congreso de los Diputados, para permitir la jubilación anticipada antes de los 60 años para los policías locales.

Así lo ha avanzaban los sindicatos CSI-F y UGT, en la víspera de la macromanifestación que estaba prevista para el día siguiente en Madrid precisamente para reclamar al Gobierno la aprobación del esperado decreto de jubilación anticipada.

Una semana después triunfaba la moción de censura y ya con el nuevo Gobierno se dan movimientos clave. Tanto la ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, como el secretario de Estado de Seguridad Social, Octavio Granado, heredaron esa tensión y se pusieron manos a la obra en los primeros compases del mandato, pese a que voces dentro del PSOE siguen pensando que se trata de una medida de alto coste.

Como revela también el dictamen del Consejo de Estado, el 27 de septiembre, Granado remitó una carta a la secretaría de Estado de Presupuestos para aportar la información económica adicional que echaba en falta el informe de enero de Hacienda bajo la batuta de Montoro.  Señalaba, por ejemplo, que la cotización adicional correspondía a un tipo fijo para todo el periodo de años proyectados.

Un días después, el 28 de septiembre, el Ministerio de Hacienda, ya bajo el mando de María Jesús Montero, informaba nuevamente del proyecto. El Consejo de Estado relata que, "en esta ocasión, si bien se reiteraron las observaciones efectuadas en el informe de enero de 2018", lo cierto es que "no constaba una valoración desfavorable".

Con estos mimbres, el informe del Consejo de Estado considera "suficiente" la memoria económica del real decreto (incorpora datos de impacto a 30 años) y constata que "la aprobación de la jubilación anticipada del cuerpo "no pone en peligro el equilibrio financiero del sistema puesto que se ha establecido una cotización adicional".

En todo caso, introduce un eco del informe de Hacienda con el que Montoro trató de frenar la iniciativa. Recuerda que "a lo largo del procedimiento, algunos particulares y órganos informantes han cuestionado la oportunidad de la medida", que, añade, debería considerarse "excepcional, máxime en una coyuntura en la que ante el aumento de la esperanza demogrática, la crisis demográfica española y la consiguiente amenaza de la sostenibilidad financiera de la Seguridad Social, se ha optado por el aumento de la edad de jubilación".

Es decir, el Consejo de Estado da luz verde, pero con cautelas.