Se viven semanas de incertidumbre dentro de Prisa. Las últimas reuniones del Consejo de Administración concluyeron con el portazo al proyecto de canal de TDT que se cocinaba dentro del grupo y el posterior despido del presidente de sus medios, Carlos Núñez, de su asesor áulico, Enric Hernàndez, y del consejero editorial, José Miguel Contreras.

La situación en Gran Vía 32 y en Miguel Yuste es desde entonces de tensa calma. De armisticio, pero no de paz duradera, dado que Contreras, junto con los accionistas de Global Alconaba y sus apoyos en el cuadro de socios -Adolfo Utor y Diego Prieto-, aspiran a hacerse con el control de la compañía para arrebatar la presidencia a Oughourlian y establecer una suerte de liderazgo rotatorio, según explican fuentes del grupo.

Entre dimes y diretes, dentro de la compañía se avanza en las prioridades que se ha marcado el actual equipo gestor para los próximos meses. La mayor es la de alcanzar un acuerdo con Pimco para refinanciar la deuda. Según contó este periódico, la negociación está avanzada y pretende aplazar los vencimientos de cientos de millones que están marcados para 2026.

Las claves del plan de negocio

Una vez se culmine esta negociación, la compañía presentará un plan estratégico que incluirá un objetivo de ingresos más ambicioso que el anterior -1.000 millones de euros anuales-, el desarrollo del negocio digital y audiovisual de sus medios; y el de la actividad de Santillana en Sudamérica; además de una mejora del resultado operativo y una reducción del ratio deuda-EBITDA. Es decir, el que mide la solvencia del grupo.

Todo esto quieren completarlo, o, al menos, encarrilarlo, antes de la Junta General de Accionistas, que históricamente se ha celebrado en junio. Eso sí, en esta ocasión el encuentro estará precedido de cierta incertidumbre adicional, dado que los 'accionistas hostiles' con Oughourlian buscan convencer al 51% del capital para mover la silla del presidente del grupo y situar a un líder rotatorio.

Según publicó El Independiente, su objetivo es convencer a Vivendi (12%) de que rompa su actual alianza con Amber Capital (29,7%) y apoye el golpe de Estado que preparan en Prisa, para el que también quieren sumar a Santander (4,1%) y a la familia Polanco, cuyas acciones (7,6%), por cierto, están pignoradas por esa entidad bancaria.

La situación de Santillana

El diario The Objetive apuntó el otro día a un objetivo adicional que tendrían estos accionistas, y es el de explorar la venta de Santillana para saldar la deuda -750 millones- y dejar los medios de comunicación con las cuentas saneadas.

Dentro de Gran Vía 32 no comparten esta estrategia. El propio Oughourlian intentó frenar a Juan Luis Cebrián cuando puso a la venta esta editorial hace casi una década, al considerar que es el pulmón del grupo y el que le otorga la ventaja competitiva frente al resto de los editores españoles. De hecho, en Prisa se considera un error estratégico cualquier operación de este tipo, dado que Santillana aporta casi el 70% del EBITDA del grupo. Sin ella, sus medios de comunicación se verían comprometidos, incluso con la capacidad de Prisa Radio de conseguir ingresos.

Sea como sea, lo evidente es que es una situación de guerra entre las partes y que los mensajes cruzados y las filtraciones se suceden estos días en Madrid. Los rumores pueden siempre disipar la atención sobre lo importante; y en el ámbito interno, lo que ocupa a Oughourlian y a la directora financiera, Pilar Gil, es la renegociación de la deuda, que llegó a rebasar el listón de los 5.000 millones de euros en 2010 y que ahora es de 750 millones de euros.

El siguiente vencimiento llegará en junio de 2026 y ascenderá a 240 millones de euros. Unos meses después, en diciembre de ese año, sucederá lo propio con 575 millones de un “préstamo sindicado junior”. En junio de 2027, Prisa debería devolver otro montante de 86,9 millones de euros a sus deudores.

Conviene recordar que, en su última refinanciación, cerrada en abril de 2022, esta empresa consiguió la cancelación del tramo 'junior' de su deuda y un ahorro de intereses que se estimó en alrededor de 50 millones de euros.

Existe confianza en Gran Vía 32 sobre la posibilidad de que la negociación llegue a buen término, pero también una certeza que nadie cuestiona: si Pimco no acepta otra moratoria, Prisa no podrá hacer frente al pago multimillonario que tiene agendado en el calendario.