Lo que empezó siendo una causa por la gestión fraudulenta de unos contratos de mascarillas ha terminado convirtiéndose en un asunto que cerca al exministro de Transportes, José Luis Ábalos, por varios flancos. El magistrado del Tribunal Supremo Leopoldo Puente, instructor del 'caso Koldo', ya lo advirtió en uno de sus escritos hace unos días -- "si importa destacar aquí que, pese a lo que erróneamente parece haber entendido quien ahora recurre, el objeto de esta causa no se limita de forma exclusiva al denominado 'asunto de las mascarillas'--, pero en su última decisión lo ha dejado todavía más claro: quiere investigar cómo fue la contratación pública de Jésica Rodríguez, la que fuera pareja del todopoderoso hombre del PSOE. La Fiscalía Anticorrupción ve estas diligencias útiles, aunque pretendía esperar.

El 'caso Koldo' ha ido girando en las últimas semanas a una nueva contratación. Más allá del material sanitario con el que pudo hacerse el empresario Víctor de Aldama, la confesión de la expareja de Ábalos Jésica Rodríguez en el Supremo estremeció a las acusaciones populares al aseverar que trabajó durante casi tres años en dos empresas públicas que dependían de Transportes --Ineco y Tragsatec-- cobrando un sueldo, pero sin hacer ninguna labor en concreto. En otras palabras, cobró por no trabajar.

Esta afirmación fue desmentida por Ineco que el pasado 6 de marzo envió un informe a la Fiscalía Anticorrupción en el que decía que según el registro de control de horario y los partes de trabajo, a la joven le constan 3.684 horas "trabajadas y asignadas a proyectos", además de que existen "correos electrónicos en los que detallaba su carga de trabajo semanal, las horas trabajadas al día y solicitudes de vacaciones", "certificados mensuales de los trabajos realizados", etc.

Este hecho llevó al fiscal jefe Anticorrupción Alejandro Luzón a pedir prudencia a las partes personadas: "La acusación popular plantea la necesidad de practicar una serie de diligencias que en modo alguno pueden considerarse improcedentes y ciertamente podrían resultar útiles para el esclarecimiento de los hechos que son objeto de investigación en esta causa. Otra cuestión es la oportunidad de sus práctica en este momento, cuando existen en curso otras diligencias cuyo resultado puede condicionar", esgrimió.

En concreto, Luzón se refería a que el pasado 4 de febrero, el instructor había encomendado a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que identificara "las personas que procedieron a contratar laboralmente" a Jésica Rodríguez en las dos empresas, además de que había que analizar el sobre que la propia entidad pública Ineco había puesto a disposición del Supremo.

Sin embargo, el magistrado no ha querido esperar y este mismo jueves ha decidido acordar una batería de diligencias que ahonden en la figura de la expareja de Ábalos en el actual procedimiento. "Explique el modo en que fue publicada la vacante, después cubierta por doña Jésica Rodríguez"; "indique el número de concursantes que optaron a la adjudicación de dicha plaza"; "indique en qué consistió el proceso selectivo, precisando si hubo alguno entrevista con los candidatos"; "deberá precisarse quién fue la persona o personas que entrevistó a los candidatos"...

El juez Puente pretende encontrar con todas estas preguntas las respuestas sobre cómo fue posible que la antigua novia del exministro acabara trabajando en una entidad que, casualmente, dependía de él. "Ábalos me dijo que trabajase y estudiase y le mandé mi currículum por Whatsapp. En febrero me llamaron. Imagino que por Ábalos", dijo ella en el Supremo.

El magistrado quiere conocer en qué consistían concretamente las actividades profesionales encomendadas a Jésica Rodríguez durante su relación laboral con Ineco y con Tragsatec por las que estuvo cobrando más de 1.000 euros. Ábalos y el que fuera su asesor, Koldo García, se oponían a estas diligencias, pero Puente contesta: "A juicio de este instructor, en modo alguno puede sostenerse (...) que se trate de unas diligencias de naturaleza prospectiva ni que excedan el objeto de la presente causa especial, en la medida en que se refieren a contratos celebrados con la administración pública y aparecen vinculados, siempre en los términos indiciarios que resultan propios de este momento procesal, a varios de los investigados".

República Dominicana y viajes oficiales

El juez no acepta realizar una suerte de auditoría a todos los viajes que realizó el exministro durante su etapa al frente de la cartera de Transportes, como pedían las acusaciones populares, pero sí es partidario de poner la lupa en aquellas travesías en las que también estuviera presente Rodríguez.

Puente considera "pertinente" pedir al Ministerio que ahora dirige Óscar Puente que certifique el número de viajes oficiales realizados por Ábalos durante "su completa etapa como titular" de la cartera en los que estuviera acompañado de la joven. "Igualmente, deberá expresarse, si hubiera constancia de ello, qué persona, personas o entidad pudieran haber satisfecho los gastos" de Rodríguez, dice el auto.

Por último, el togado ha citado el próximo 2 de abril a dos nuevos testigos [Aránzazu Granell y Javier Serrano] que presuntamente entregaron dinero en efectivo a Joseba García, el hermano de Koldo, en 2021. Un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil los ubican en el marco de las entregas por las que Joseba llegó a viajar a República Dominicana. Él, sin embargo, en el Supremo habló de que estos viajes eran "por placer".