Trump prometió más libertades en EEUU, pero en su primer mes ha disparado las persecuciones

“He detenido toda la censura del Gobierno y devuelto la libertad de expresión a Estados Unidos. Ha vuelto (...). A pesar de todos los esfuerzos de los que intentan censurarnos, silenciarnos, rompernos, destruirnos, los estadounidenses hoy somos un país orgulloso, libre, soberano e independiente. Que siempre será libre, lucharemos por ello hasta la muerte”, dijo el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, la semana pasada en su primer discurso ante el Congreso en Washington DC. Días después, sus agentes de inmigración arrestaban a un joven activista que organizó protestas en defensa de Palestina, y su fiscal general amenazaba a los que se manifiestan a las puertas de concesionarios Tesla con que la justicia irá a por ellos.

A lo largo de los últimos años, Donald Trump ha acusado al ahora expresidente estadounidense Joe Biden, a los medios de comunicación y a las redes sociales de censurar ideas conservadoras. Según sus palabras, eso se ha acabado desde que ha vuelto al poder, como declaró ante el Capitolio. Es un concepto en el que ha insistido a lo largo de las últimas semanas: para él, que los estadounidenses lo hayan elegido tiene mucho que ver con cómo otros gobiernos han aplastado las libertades que tanto definían a América, y que él ahora está recuperando -o, al menos, así lo proclama-.

“Los estadounidenses nos han pedido cambios atrevidos y profundos. Durante casi 100 años, la burocracia federal ha crecido tanto que ha destrozado todas nuestras libertades”, lamentó en su discurso. “Los estadounidenses siempre han sido la gente que ha hecho los sacrificios más extraordinarios para defender nuestras libertades (...). Vamos a hombros de pioneros que dieron todo lo que tenían por nuestros derechos y nuestra libertad. Y ahora es nuestro turno de asumir la justa causa de la libertad estadounidense”, proclamó.

Sin embargo, lo que la presidencia de Trump está demostrando es que hay discursos que pueden llevar a los americanos a la cárcel… o incluso expulsarlos del país aun siendo ciudadanos. El Gobierno ha declarado que los programas de diversidad, equidad e inclusión (DEI, por sus siglas en inglés, como se conocen en Estados Unidos) son “ilegales”, y en consecuencia ha eliminado esas palabras de todas las webs y documentos públicos. En la misma línea, ha despedido no solo a quienes trabajaban en esos programas cuando el magnate llegó al Gobierno, sino a los que lo hicieron en el pasado. La misma Administración ha decidido expulsar de la Casa Blanca a la centenaria agencia de noticias Associated Press por seguir usando el nombre “golfo de México” en lugar de “golfo de América” en sus noticias.

El caso del propalestino Khalil dispara las alarmas

Esta semana, el Gobierno ha ordenado detener al activista propalestino Mahmoud Khalil en Nueva York y lo ha trasladado a una cárcel de Louisiana, después de que Trump declarase que su detención formaba parte de una campaña de deportación de estudiantes internacionales que han participado en protestas a favor de Palestina. Estados Unidos ahora considera que los manifestantes propalestinos son antisemitas y simpatizantes de Hamás, y por eso el presidente ha prometido que el arresto de Khalil será “el primero de muchos”.

La situación, para muchos, ha sido la gota que ha colmado el vaso. Este jueves, cientos de manifestantes, incluyendo pertenecientes a colectivos judíos, se manifestaron en la Torre Trump de Nueva York contra la detención y el proceso de deportación de Khalil, quien tiene permiso de residencia en Estados Unidos (una green card, con la que sobre el papel solo puedes ser expulsado del país si eres condenado por un juez) y además está casado con una estadounidense. El lugar de la protesta no era casual: allí el presidente lanzó su primera campaña presidencial, en el hall del edificio, y lo hizo criticando a los inmigrantes del país.

Khalil estaba en el punto de mira por haber liderado las protestas propalestinas en la Universidad de Columbia el año pasado, y fue detenido poco después de que el presidente insistiese en que deportaría a estudiantes que participen en actividades “proterroristas, antisemitas y antiestadounidenses”. Los defensores de la libertad de expresión insisten en la dudosa legalidad de estas detenciones..

La policía arrestó a 98 de los manifestantes, según comunicó el jefe del Departamento de Policía de Nueva York John Chell, que llevaban pancartas que rezaban “Libertad para Mahmoud, libertad para Palestina” y cantaban “Luchad contra los nazis, no contra los estudiantes”. También llevaban camisetas que decían “no en nuestro nombre” de un lado y “los judíos pedimos dejar de armar a Israel”. Los jóvenes llevaban saliendo a la calle desde que el sábado de la semana pasada se conoció el arresto de Khalid, recorriendo la parte baja de Manhattan y reuniéndose en el campus de Columbia. 

En respuesta, la Casa Blanca ha dicho que organizando las protestas en el campus de Columbia estaba “liderando actividades alineadas con Hamás”, pese a que Khalid no está acusado de tener contactos con la organización. En contraposición, la ONU ha recordado la necesidad de respetar el derecho a la libertad de expresión y la reunión pacífica

“La Administración ha hecho de combatir el antiseminismo una señal de identidad de su política interior”, explica Zaha Hassan, socia y especialista en Oriente Medio del think tank estadounidense Carnegie Endowment. El antiseminismo ha crecido, junto con el racismo antipalestino y antiárabe y la islamofobia, desde el 7 de octubre de 2023. El Departamento de Justicia ha recibido órdenes de sofocar la intimidación pro Hamás e investigar el antisemintismo. No se especifica qué es pro Hamás ni antijudío, pero apoyar un alto el fuego en Gaza y participar en una protesta universitaria para pedir uno puede ser suficiente”.

Más allá del arresto de Khalid, este jueves la Universidad de Columbia ha despedido al presidente de un sindicato (UAW Local 2719) que había denunciado el “asalto a la Primera Enmienda” que en su opinión supone el comportamiento de equipo directivo, que está yendo a por todos los trabajadores que protestan, se oponen o “ejercitan su libertad de asociación protegida por la Constitución de EEUU”. “No es casualidad que esto pase días después de que el gobierno federal congelase la financiación de Columbia, y amenazase con quitar la financiación a otras 60 universidades de todo el país”, han lamentado desde el sindicato Trabajadores unidos del sector automovilístico, aeroespacial y agrícola de Estados Unidos, que tiene a unos 400.000 trabajadores afiliados. 

“No es ningún accidente que la Universidad esté yendo contra el líder de un sindicato que fue a la huelga el año pasado. Los sindicalistas de todo el mundo, los defensores de la Constitución, de la libertad de expresión, de la libertad académica, y del derecho a la libre asociación deberían estar preocupados y enfadados por el comportamiento de la Universidad de Columbia, y deberían tomárselo como el claro gesto que es. Si pueden ir a por trabajadores graduados, si pueden arrestar, deportar, abrir expedientes o meter en prisión a líderes de sindicatos y a activistas por su libertades políticas, que están protegidas, también pueden ir a por ti. A por tu contrato, a por tu nómina, a por tu familia y a por tus derechos”, ha dicho en un comunicado.

La semana pasada, la Administración Trump canceló subvenciones y contratos que otorgaba a la Universidad de Columbia por valor de 400 millones de dólares (unos 366 millones de euros). El motivo que alegó fue el “fracaso” por parte de la universidad a la hora de frenar el antisemitismo en el campus, y por “la continua inacción de la escuela frente al persistente acoso de estudiantes judíos”, según el comunicado que publicaron el Departamento de Justicia, el de Salud, el de Educación y el de Servicios Generales de la Administración. 

Días después, el Gobierno publicó una lista de cambios y requisitos que exigía para que la universidad recuperase esa financiación, y que debe cumplir antes de la próxima semana. Entre las demandas, prohibir las máscaras en el campus y dar autoridad a las fuerzas y seguridad del estado para detener a “agitadores” en su zona, además de la abolición del comité judicial de la Universidad, que hasta ahora se ocupa de las expulsiones, suspensiones y revocaciones de graduados de estudiantes relacionados con protestas. Trump quiere llevar esos procesos desde la Oficina de la Presidencia, es decir, directamente desde la Casa Blanca.

“A lo largo de los últimos años, las acusaciones de antiseminismo e islamofobia las ha gestionado el Departamento de Educación como quejas sobre los derechos civiles. Lo que está pasando ahora eclipsa todo aquello. Primero, porque las herramientas son mucho más amplias y punitivas, y segundo, porque no parece haber señales de que nada se esté investigando demasiado”, opina Nathan J. Brown, también socio del Carnegie Endowment y especializado en Oriente Medio, haciendo referencia a los recortes en becas y contratos coordinado por el Gobierno federal, así como a los juicios y expulsiones del país como instrumentos elegidos.

“Pero probablemente lo más importante desde la perspectiva de la educación es que esto está relacionado con mayores esfuerzos que buscan hacer daño a la relación entre el gobierno federal y las instituciones de educación superior. Ahora cada universidad que haga investigación en EEUU tiene que preocuparse sobre lo que pasará mañana es un sinfín de frentes, desde fiscales a legales y regulatorios”, añade. En total, el Gobierno ha avisado a 60 colegios y universidades de que están en riesgo de ser castigadas por no proteger a los estudiantes judíos.

Una fiscal general contra los manifestantes de Tesla

“Tenemos a una persona que está ahora mismo en prisión por tirar un cóctel molotov a un concesionario se enfrenta a 20 años de prisión. Así que si vas a tocar un Tesla, vas a ir a un concesionario [a protestar], vas a hacer cualquier cosa, mejor ten cuidado, porque vamos a ir a por ti”. Y si estás financiando esto, vamos a ir a por ti, vamos a encontrar quién eres”, ha dicho la fiscal general de EEUU, Pam Bondi, en una entrevista en la cadena de televisión Fox.

El mismo Trump dijo días antes que los manifestantes ante tiendas de Tesla deberían ser calificados como terroristas, al mismo tiempo que exponían cinco de estos coches en los jardines de la Casa Blanca para mostrar su apoyo a Elon Musk. Muchos han escogido los concesionarios de Tesla como lugar de protesta por la injerencia de su CEO en el Gobierno estadounidense, algo que para Trump es "dañar a una gran empresa americana" por lo que cualquiera que lo haga "debería ir al infierno".

“Estados Unidos tiene una larga historia de intentar apartar los puntos de vista que no le interesan. Un ejemplo de un punto de vista “subversivo” que llegó a restringirse con fuerza fue el comunismo. Pero lo que estamos viendo ahora es diferente, y más peligroso. El discurso de individuos ya dentro de EEUU se está censurando a través de diferentes mecanismos legales, como la revocación de visados de estudiante o de green cards. Khalil ahora podría ser deportado, y si le revocan su green card por eso, residentes permanentes estarán en riesgo si protestan contra las políticas de la Administración”, dice Zaha Hassan.

En su opinión, estas acciones tendrán “un impacto incalculable en la profundidad y amplitud de sus programas e investigaciones” y que se está “actuando con extrema precaución”. “El efecto paralizante ya está teniendo efecto”.