Cuando se cerró el pacto con Junts para la delegación a Cataluña de las competencias migratorias se barruntaba ya que el siguiente acuerdo, el de la reforma de la Ley de Extranjería para el reparto obligatorio de los menores extranjeros no acompañados llegados a Canarias y Ceuta, estaría próximo. Un pacto acercaba el siguiente. Y así fue. Este martes, el Consejo de Ministros aprobó el real decreto ley para el traslado de los chavales migrantes a la Península, fruto de un nuevo entendimiento con Junts, tal y como confirmaron fuentes del Ejecutivo a este diario. Una modificación legislativa para la que ha estado empujando Coalición Canaria desde hace más de un año y que sale adelante también con su beneplácito. La reforma legal tendrá en cuenta el esfuerzo de acogida hecho ya por las comunidades, lo que beneficia a Cataluña, de tal manera que, según los cálculos de los posconvergentes, llegarán allí "entre 20 y 30" niños, por los "más de 700" que deberá asumir Madrid.

El Consejo de Ministros dio luz verde, por tanto, a una reforma estructural de la Ley de Extranjería. Al cambio del artículo 35, la vía por la que siempre apostó el Ejecutivo porque permitirá aliviar la saturación de los centros de acogida en los puntos de llegada —ahora mismo, Canarias y Ceuta— ahora y en el futuro. Es decir, que se trata de un mecanismo estable y permanente. Fue el camino que tumbó el pleno del Congreso en julio de 2024 con los votos de PP y Junts. Después de aquel portazo, el Gobierno central y el canario siguieron dialogando con los populares para intentar vencer su negativa, pero fue imposible, y el presidente de las islas, Fernando Clavijo (CC), de común acuerdo con el PNV, puso sobre la mesa, el pasado diciembre, otra fórmula: un reparto puntual y extraordinario de más de 4.000 menores. El Ejecutivo también la estudió pero, en cuanto pudo cerrar con Junts la delegación de competencias a Cataluña, retornó a la salida original, la de la reforma del artículo 35. Esa es la que quedó aprobada en el Consejo de Ministros de este martes. Ahora mismo, Canarias tutela a cerca de 6.000 menores.

El pacto supone la reforma del artículo 35 de la Ley de Extranjería, no un reparto puntual, y se ha tejido también con Coalición Canaria. Los apoyos para la convalidación ya estarían garantizados

Se opta, además, por la fórmula jurídica del real decreto ley, tal y como pedía Coalición Canaria. El texto, por tanto, entrará en vigor en cuanto se publique en el BOE —previsiblemente, mañana— y habrá de ser convalidado por el pleno del Congreso en el plazo de un mes por mayoría simple. Ahora, los votos ya están garantizados: el decreto recibirá el respaldo de todo el bloque de investidura y el no de PP y Vox. Es, no obstante, un camino más arriesgado, según ha venido argumentado el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, porque se trata de una modificación de ley orgánica y, por tanto, más susceptible de recurso por parte de las comunidades del PP. No obstante, su hipotética impugnación no tiene la capacidad de paralizar el despliegue de la norma.

El acuerdo llega en un momento especialmente complicado para los populares, dado que ayer mismo el president valenciano, Carlos Mazón, al anunciar su pacto presupuestario con Vox, avanzó que no aceptaría ningún reparto de menores migrantes. Asumió las tesis de la ultraderecha, asociando también a los extranjeros con la delincuencia. El propio Clavijo señaló a los medios que la posición del jefe del Consell demostraba que "la solidaridad ha fracasado" y que hacía falta que se arbitrasen mecanismos para que el reparto a la Península fuera obligatorio. Y emplazaba al PP a decidir "si quiere ser un partido que quiere gobernar España y tiene un proyecto de país, y quiere dar una respuesta civilizada y decente a este drama humanitario o irse hacia otras tesis". Y eso es algo, incidió, que deberá "decidir su presidente, Alberto Núñez Feijóo". CC gobierna con el PP en el archipiélago. Hasta ahora, se habían aprobado traslados muy puntuales acordados en el seno de la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia, pero eran pequeños en número y además no se llegaban apenas a materializar, de tal manera que las capacidades de atención del archipiélago estaban desbordadas.

El acuerdo contiene criterios "justos y equilibrados", según subraya Junts. Serán "los mismos para todos", añaden en el Gobierno central, "se nivela todo"

Según expresó Junts en un comunicado, el acuerdo con el Gobierno se compone de tres puntos. Uno, que el reparto de menores se hará a través de un decreto ley que establecerá "unos criterios justos y equitativos que sirvan tanto para resolver la situación humanitaria como para ser más eficaces en la tarea de integración y oportunidad de vida de los menores". Entre los criterios de distribución se tendrá en cuenta la población de la comunidad de acogida, "pero también el esfuerzo hecho por Cataluña a lo largo de los últimos años", algo en lo que siempre estuvo de acuerdo Coalición Canaria.

El segundo punto es que el traslado se hará entre aquellas comunidades que hasta ahora "no han acogido o han hecho un esfuerzo mucho menor en comparación con el hecho por Cataluña". De ahí que el cálculo de Junts es que de los 4.000 menores que habrá que derivar a la Península, "llegarán a Cataluña entre 20 y 30 y más de 700 a Madrid". "Los criterios son los mismos para todos —precisan en el Gobierno, sin confirmar las cifras dadas por la formación de Carles Puigdemont—. No hay elemento corrector a favor de ninguna comunidad. Junts decía que no quería que Cataluña recibiera ningún menor migrante. Y no será así. Acogerá menos, pero no cero. Será una cantidad menor porque Cataluña ha acogido niños. Se nivela todo porque las normas son iguales para todos".

El último punto es que las comunidades que se han situado por encima de la media de plazas estructurales que deben tener, como es el caso de Cataluña, "reciban una compensación económica adecuada", porque "solo así se garantizará un sistema de reparto equitativo y sostenible".