Sigilosamente, el primer caso detectado en España relacionado con el cobro de comisiones ilegales en la adquisición de material sanitario durante la pandemia ha comenzado la fase de instrucción. Aunque no ha tenido la repercusión mediática de otros, como el 'caso Koldo' o el 'caso Mascarillas' que afecta al Ayuntamiento de Madrid, lo cierto es que en el marco de la investigación los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil llegaron a detener a un cargo público el 15 de junio de 2021: Óscar Liria, del Partido Popular, entonces vicepresidente tercero de la Diputación de Almería. Este martes se produjeron las primeras declaraciones en sede judicial.

En el centro de las pesquisas se encuentra un contrato de dos millones de euros que, en abril de 2020, firmó la administración almeriense con la empresa Azor Corporate Ibérica, dirigida por Kilian López, un amigo íntimo del político. Previamente, esta empresa de Barcelona, hoy extinguida, había estado bajo la vigilancia de la Guardia Civil por sus vínculos con una organización criminal en Cataluña dedicada al tráfico de drogas. Fue en el transcurso de esta investigación cuando los agentes descubrieron el contrato adjudicado por la Diputación.

La UCO cree que Liria percibió entre 200.000 y 400.000 euros en mordidas. En el registro de los domicilios, los agentes encontraron una serie de sobres con dinero en efectivo repartidos en varias casas de su propiedad en Almería. El 30 de abril de 2024, en la comisión de investigación en el Congreso de los Diputados a la que fue citado por el PSOE, aseguró que no tuvo ninguna implicación y también que, a lo largo de su carrera política, nunca cobró comisiones.

En cuanto a su participación en los hechos que se investigan, explicó que su papel se limitó a presentar a la empresa que consiguió el contrato. No obstante, el Partido Popular le cesó tras hacerse pública la investigación. En la misma línea, Kilian López defendió en la Cámara Baja la legalidad de la adjudicación y negó haber pagado comisiones a políticos o funcionarios.

Declara el primer imputado

Este martes, uno de los imputados declaró por videoconferencia en los juzgados de Plaza de Castilla (Madrid). Su defensa, ejercida por el letrado Alfredo Arrién, del despacho Paredes y Asociados, solicitó el sobreseimiento de la causa. El investigado, cuyas iniciales responden a las siglas R.M.G., es agente de aduanas y administrador de la empresa World Transport, la compañía que contrató López para importar desde China el material sanitario que compró la Diputación.

Su defensa sostiene que su única relación con el presunto entramado delictivo fue el desempeño de sus funciones como agente de aduanas, en un encargo de carácter transitorio. "Realizó un encargo profesional para la importación de unas mascarillas, cuyo estado y precio desconocía. Una vez finalizada la importación, recibió sus honorarios mediante una factura emitida con normalidad y entregada al destinatario final. Su relación comercial con la Junta de Andalucía y la empresa terminó en ese momento", indica su abogado, que defiende que su cliente lo hizo todo bien, puesto que cumplió con el trabajo para el que se le contrató.

Según informó la Dirección General de la Guardia Civil en el momento de las detenciones, este fue el primer caso detectado de adjudicaciones irregulares en la adquisición de material sanitario durante a la pandemia. La adjudicación que está bajo la lupa de los agentes —el contrato de dos millones de euros— se materializó por la vía de urgencia, una práctica común en las administración española en aquella época, que se encontraba desbordada por la falta de material.

La investigación afecta a un total de 17 personas. Entre los señalados, además de los ya mencionados Liria y López, está el tío del exdiputado y alcalde de Fines, Rodrigo Sánchez, así como otros familiares cercanos. Además, el juez ha sido citado Fernando Giménez, actual vicepresidente segundo de la Diputación de Almería.