La batalla será formidable y llegará a los tribunales, pero el Gobierno de Pedro Sánchez promete no arrugarse. Tras más de un año de durísimas negociaciones, de largos tiempos de parálisis y de reanudación del diálogo, logró cerrar el real decreto ley para la reubicación obligatoria de menores migrantes no acompañados desde Canarias y Ceuta. Logró atraerse a Junts y, con ello, garantizarse la convalidación en el Congreso del texto. Sin embargo, el despliegue de la norma es harina de otro costal porque el Ejecutivo necesita la cooperación de las comunidades autónomas desde el primer minuto —para empezar, para que certifiquen con datos actualizados cómo está su red de acogida— y porque son ellas las que tendrán que asumir la tutela y protección de los chavales derivados a la Península. Acechan recursos judiciales y probable impugnación al Tribunal Constitucional, pero los gobiernos autonómicos no tienen capacidad para solicitar la congelación del texto. Y 11 de ellos están presididos por el PP. El de mayor proyección, el de Madrid, con Isabel Díaz Ayuso como la dirigente más beligerante y la que ya ha adelantado que acudirá a la Justicia.

Fernando Clavijo, el presidente canario y líder de Coalición Canaria, siempre empujó para la salida por la que finalmente ha optado el Gobierno una vez que hubo amarrado el apoyo de los posconvergentes: la figura del real decreto ley, porque es la más rápida de todas. El texto fue aprobado este martes por el Consejo de Ministros y se publica este miércoles en el Boletín Oficial del Estado, por lo que entra automáticamente en vigor. El Ejecutivo cuenta con un informe de la Abogacía del Estado que valida ese camino, y eso que al principio la Moncloa no lo veía claro, porque se trata de una reforma de un artículo, el 35, de una ley con carácter orgánico, la de Extranjería. Lo que sí aconsejan los servicios jurídicos del Estado, y así se hará, es que no empiecen los traslados de menores hasta la convalidación por la Cámara baja, y eso sucederá en el plazo de un mes, antes de las vacaciones de Semana Santa.

Antes del 31 de marzo, las CCAA deberán remitir al Ejecutivo los datos certificados de cuántos menores están acogiendo en ese momento. Es el paso para determinar la capacidad ordinaria de las autonomías

El primer paso que se activará con la entrada en vigor del decreto ley es la exigencia a las CCAA de que certifiquen a través de sus funcionarios, y antes del 31 de marzo, cuántos menores extranjeros no acompañados tienen acogidos. El Ejecutivo cuenta con datos, pero los quiere actualizados, dado que no se trata de cifras estáticas sino que fluctúan —por ejemplo, porque hay chavales que cumplen la mayoría de edad y dejan de estar bajo la tutela autonómica—, y los quiere verificados. Así se conformará una primera radiografía del sistema de protección de menores en el conjunto de España. A partir de ahí se calculará la capacidad ordinaria de acogida de un territorio. Primero, se sumarán las cifras de los menores de todas las CCAA y se dividirá la población de toda España por ese número. Después, se dividirá la población total de una autonomía por la última cifra. Los números permitirán reflejar qué comunidades reúnen más plazas de las necesarias y cuáles son deficitarias.

De ahí se pasa a la siguiente fase: el reparto obligatorio de unos 4.400 menores —los que exceden la capacidad de ocupación de Canarias y Ceuta— por todo el territorio. Los criterios son "transparentes, objetivos, claros", según se afanó en explicar ayer martes el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, y muy similares a los acordados por las comunidades en la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia de 2022. Para la distribución, se tendrá en cuenta la población —que pesará un 50%—, la renta per cápita (13%), tasa de paro (15%), esfuerzo (6%), dimensionamiento estructural del sistema de plazas (10%), ciudad fronteriza (2%), insularidad (2%) y dispersión (2%).

Para el traslado, se tendrán en cuenta criterios "transparentes, objetivos, claros", dice Torres. No hay números aún, pero Junts dice que Cataluña recibirá "entre 20 y 30 niños" y Madrid, "más de 700"

¿Cuántos corresponderán entonces a cada comunidad? El ministro insistió una y otra vez en que hasta que no se tengan los datos proporcionados por los gobiernos autonómicos, no se dispondrá de un mapa real y actualizado del sistema en todo el país. Junts sí que hizo sus cuentas: Cataluña recibirá "entre 20 y 30" niños y Madrid, "más de 700". La razón es que se valora el esfuerzo previo y las plazas habilitadas. El acuerdo corrige así, en palabras de la portavoz de los posconvergentes en el Congreso, Míriam Nogueras, una "desigualdad histórica", porque mientras que Cataluña ha hecho un "esfuerzo gigantesco", otras regiones han mirado "para otro lado".

"Complicado recabar" los datos

Un informe de octubre del Ministerio de Juventud e Infancia, el que dirige Sira Rego, determinó que cada comunidad debería disponer de una cama por cada 2.250 habitantes. Según esas cifras, Madrid debería disponer de 3.137 plazas, y en cambio solo cuenta con 1.992, por lo que le faltan 1.145. La mayoría de CCAA son deficitarias: Andalucía necesitaría 839; Comunidad Valenciana, 764; Castilla-La Mancha, 367; Galicia, 327, o Murcia, 285. Solo cuatro regiones tienen más plazas de las exigidas: Cataluña (1.065 más), Euskadi (498), Navarra (85) y obviamente Canarias (4.117), además de las ciudades autónomas de Ceuta (433 más) y Melilla (150).

Juventud ya determinó que la mayoría de las CCAA son deficitarias en camas: a Madrid le faltan 1.145 plazas, y a Andalucía, 839. Cataluña tiene 1.065 más de las requeridas, y Euskadi, 498 más

El Gobierno, en base a estos números, sí cuenta con proyecciones, pero repite que son eso, meras estimaciones y no cifras cerradas. La ministra Rego explicó que "está siendo complicado recabar" los datos, por razones como que el cumplimiento de la mayoría de edad "hace que el registro de menores no acompañados sea variable", y también por las dificultades de coordinación entre las CCAA. "Por tanto, los datos son aproximados". Las estimaciones con las que trabaja Juventud e Infancia, señaló, son "de máximos". El Estado pone a disposición de los territorios un fondo, para 2025, de cien millones de euros y para correr con los gastos de sobreocupación.

La reforma del artículo 35 de la Ley de Extranjería, la que vertebra el decreto ley que este miércoles publica el BOE, tiene como eje la obligatoriedad. Es decir, que el Estado ordenará los traslados de menores desde las zonas tensionadas al resto de CCAA y estas no se podrán inhibir. Y si se ha llegado a este punto se debe a que, como reiteraba en las horas previas el presidente Clavijo, "la solidaridad ha fracasado". Rega daba los números este martes: desde 2022 hasta 2025 deberían haber sido redistribuidos a la Península unos mil chavales, "y solamente se han cumplido el 52% de los traslados de esos niños de manera voluntaria". Es ese fracaso, por tanto, con el consecuente "tapón que se estaba provocando en Canarias", lo que justifica el cambio legal.

El texto no incluye un régimen sancionador. "Las leyes hay que cumplirlas, con sanciones o sin ellas", avisan en la Moncloa. "El Estado puede tomar medidas o la Fiscalía de Menores puede actuar", alegan en el equipo del ministro Torres

La pregunta era insistente al Gobierno desde el primer minuto. ¿Qué ocurre si las CCAA no cumplen? Torres recordó que el real decreto ley tiene rango de ley, por lo que es "de obligado cumplimiento". "Es una ley y es de obligado cumplimiento", calcó más tarde Rego. El texto, no obstante, no incluye un régimen sancionador para quien lo desobedezca. "Es una ley, y las leyes hay que cumplirlas, con régimen sancionador o sin él", avisaban después desde la Moncloa. No hay escapatoria, por tanto, lo quieran los gobiernos autonómicos del PP o no. Estos pueden llevar el decreto ley ante el Constitucional, pero no tienen la potestad de conseguir su parálisis. Solo un recurso del Gobierno central ante el tribunal de garantías puede provocar su suspensión.

"El Estado puede tomar medidas en caso de que las autonomías se indisciplinen. O puede actuar igualmente la Fiscalía de Menores", completaron desde el equipo de Torres. Lo primero que tendrán que cumplir las CCAA es el dibujo de sus sistemas de acogida antes del 31 de marzo. El Ejecutivo confía en que le envíen esos datos, pero si no, señalan desde Política Territorial, tirará de los registros propios que obran en poder de los ministerios. "Entre todos debemos hacernos cargo de esta situación, se tiene que tratar como una cuestión de Estado, con altura de miras. Esto se ha convertido en un problema porque hay una parte de la derecha que ha entendido que esto le da votos", observan en la Moncloa, donde agregan que aquellas comunidades que no tengan habilitadas las plazas requeridas deberán construir esas infraestructuras, como ha hecho Canarias. "La pregunta no es qué vamos a hacer si ellas no acogen, si no por qué no quieren asumir a esos chavales", continúan. "¿Que no quieren colaborar? Perfecto —ironiza un ministro—. Debate de xenófobos y racistas versus solidarios".

"No más trampas", dice Mazón

Ahora, la pelota está en el tejado del PP. El portavoz de los conservadores en el Congreso, Miguel Tellado, aseguró que sus CCAA no se saltarán la norma. "Usted no encontrará ninguna comunidad del PP que incumpla la ley nunca, no lo hemos hecho nunca y no lo vamos a hacer", garantizó el dirigente, para añadir que su partido diseña un plan para oponerse.

A las negativas más rotundas de Ayuso o Mazón se suma el aragonés Azcón. Pero se muestran más cautos respecto a la idea de ir a los tribunales los presidentes de Andalucía y Galicia

Muchísimo más combativa fue Ayuso, quien avanzó que llevará a la UE y a los tribunales el decreto ley. "Ni Cataluña, ni Madrid, ni Canarias. No se puede fomentar la inmigración irregular masiva. Se usa a estos menores de arma política. Lo pagan ellos y cada ciudad donde son enviados de manera desalmada". También en X se manifestó el president valenciano, Carlos Mazón, quien la víspera, tras anunciar su acuerdo presupuestario con Vox, afirmó que no aceptaría más "repartos de inmigración ilegal". "No aceptaremos más trampas del Gobierno al dictado de los separatistas", avisó, en alusión al pacto alcanzado con Junts.

Asimismo, el presidente aragonés, Jorge Azcón, anunció que ejercerá su oposición "frontal": él, como Ayuso, ordenará a los servicios jurídicos de su Ejecutivo que estudien la reforma legal y la llevará a Europa. Otros barones del PP, como el andaluz Juanma Moreno o el gallego Alfonso Rueda, se mostraron bastante más cautos. El primero señaló que carece de la información suficiente para valorar sobre la decisión de "envergadura" adelantada por Ayuso de acudir a los tribunales, y el segundo, que es pronto para decidirlo, aunque no quepa descartar esa medida, informa EFE.

Para Clavijo, este martes fue un día "importantísimo" y "feliz" para España y para Canarias. Celebra la inmediatez, la determinación de la capacidad ordinaria y la financiación estatal de 100 millones

Quien sí aplaudió la aprobación del decreto ley fue, lógicamente, el presidente Clavijo. Él ha sido el que más ha empujado para que la norma viera la luz. Es un día "importantísimo" y "feliz" para España y para Canarias la aprobación de "un sistema de protección nacional" de los menores migrantes. El acuerdo permitirá aliviar la carga asistencial de los centros de acogida canarios, en los que viven 5.810 chavales distribuidos en 86 espacios, de los cuales algunos de ellos alojan a más de 100. Para Clavijo, son tres las cuestiones que resuelve la aplicación de la norma: la inmediatez, porque entrará en vigor en cuanto se publique en el BOE; el establecimiento de la capacidad ordinaria de las CCAA y la financiación estatal de 100 millones de euros solo para este año.

Respaldo del PP en Canarias y Ceuta

El dirigente nacionalista gobierna las islas con el PP. Y allí los conservadores están de acuerdo con el decreto ley. El coordinador general de los conservadores canarios y diputado autonómico, Jacob Qadri, no quiso valorar la posición de Ayuso pero sí celebró que se vaya a proceder al "reparto" de menores migrantes. Ceuta, presidida por el popular Juan Vivas, siempre ha sido favorable a la reubicación de los niños extranjeros no acompañados, y este martes lo volvió a mostrar el portavoz del Gobierno de la ciudad autónoma, Alejandro Ramírez. "La acogida de menores debe ser abordada desde una perspectiva estructural porque es un asunto de todos, ya que la situación es insostenible en Canarias y en Ceuta y en un futuro inmediato puede ser en cualquier otro territorio nacional". En este extremo había hecho hincapié Torres en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros: ahora, son las islas y Ceuta los territorios tensionados, pero en el pasado lo fueron (y lo pueden volver a ser) Andalucía o Murcia. O Baleares.

Los gobiernos catalán y vasco saludan el acuerdo. El Ejecutivo de Illa, no obstante, rechaza palabras como "reparto" o "cuotas" por la "deshumanización" de los chavales extranjeros que llegan a España

El Govern catalán de Salvador Illa subrayó, a través de su portavoz, la socialista Sílvia Paneque, su "respeto" y "lealtad" al acuerdo alcanzado con Junts. Pero rechazó palabras como "reparto" o "cuotas" porque lo que hay tras ellas a menudo es una voluntad de "deshumanización" de los chavales extranjeros que han arribado solos a España. La Generalitat defiende una visión "humanista" y no "mercantilista", y además dispone de "recursos suficientes" para asegurar una buena acogida a los menores.

El PNV había acompañado a Clavijo en su presión para la aprobación de los traslados obligatorios a la Península. Por eso no podía sorprender que el Gobierno vasco calificara el decreto ley de positivo, aunque "se pueda mejorar". Lo que no sabe aún el Ejecutivo autonómico, dijo su portavoz, María Ubarretxena, es cuántos niños deberá recibir ahora.

Los acuerdos llaman a los acuerdos", se felicitan en el Ejecutivo, que ha firmado dos pactos con Junts sobre inmigración en un lapso de dos semanas

"Los acuerdos llaman a los acuerdos", se felicitaba en la Moncloa este martes. El pacto con Junts para la delegación a Cataluña de las competencias migratorias había desbloqueado, apenas dos semanas después, la distribución de los menores desde Canarias y Ceuta. El alivio para ambos territorios fronteras comenzará desde este miércoles, lo que parece claro es que el despliegue de lo que está negro sobre blanco en la ley no estará exento de obstáculos.