Les queda poco tiempo en el convento. Primero perdieron su condición de monjas clarisas y ahora, sobre ellas, se cierne la pérdida del derecho a ocupar el convento de Santa Clara de Belorado. Tras la excomunión de la Iglesia Católica llegó la orden de expulsión, la exigencia de abandonar el monasterio en el que aún residen. La decretó la congregación y el Arzobispado de Burgos. Pero no será hasta que lo dicte un juez cuando el desahucio pueda ejecutarse. Las exmonjas de Belorado lo saben y hace tiempo que comenzaron a preparar una alternativa: el restaurante-convento de clausura que hace unos días abrieron al público en la localidad asturiana de Arriondas.

Sin embargo, las ocho religiosas que fueron excolmulgadas aún tienen la esperanza de que la Justicia esté de su parte. También la ‘justicia social’. A la espera de lo que dicte el Juzgado de Briviesca, que les ha citado para el 13 de mayo próximo para decidir sobre su futuro en el Monasterio, se han movilizado para recabar firmas de apoyo por parte de la ciudadanía. Lo han hecho a través de la plataforma Change.org con una iniciativa que han titulado “Salvemos a las monjas de Belorado” y que por el momento ya ha logrado en el mes y medio en marcha 1.300 firmas.

Solicitan el apoyo recordando que son religiosas que han dedicado su vida a “la oración y vida en comunidad” y que ahora “se ven amenazadas con perder el lugar donde han vivido durante años”. Solicitan que se “respeten sus derechos” y se les dé una solución justa” que les permita vivir en el “convento que con tanto esfuerzo han mantenido”: “No permitamos que la historia, la fe y la dedicación sean ignoradas”, aseguran en el documento con el que promueven la recogida de firmas. En el escrito se preguntan "¿Cómo podemos permitir que sean despojadas de su hogar?".

Entre Arriondas y Belorado

La oficina del Comisariado Pontificio ya ha asegurado que sólo deberán abandonar el monasterio las religiosas que se han mantenido en su posición de romper con la Iglesia, pero que las otras cinco que residen en el Convento y no han apoyado el cisma podrán seguir residiendo en él. Se trata además de las religiosas de mayor edad y que han quedado al cuidado de la Federación de Clarisas del Nuestra Señora de Aranzazu.

De las 8 exmonjas excomulgadas, dos de ellas residen ya de manera continuada en Arriondas, en las instalaciones del antiguo hotel que han alquilado –a razón de 1.600 euros al mes- y en el que han abierto un restaurante. Además, en las otras estancias del edificio han habilitado habitaciones en las que podrían residir si finalmente se formaliza el desahucio del Monasterio de Belorado.

Ellas han asegurado que han llevado a cabo la reorganización de todas las estancias para garantizar la clausura en su día a día. En ella han justificado que no sean ellas las que sirvan a los clientes del restaurante y que se actividad se concentre en la cocina y lejos de las miradas de quienes asistan a diario al local.

Convencidas de que "no va a ocurrir"

Desde el entorno de las exmonjas se ha insistido en los últimos días en que la Justicia no debería apoyar el desahucio ya que es a ellas a quienes les corresponde “el título de propiedad” del monasterio de Belorado. Aseguran que por ello se encuentran tranquilas, ya que ven “muy improbable que las desahucien, están convencidas de que eso no va a ocurrir”. La amenaza de tener que abandonar el convento de Belorado podría tener ya fecha. En caso de que no se presenten a la vista convocada para el 13 de mayo, el Juzgado ya ha fijado día para proceder al lanzamiento: el 10 de junio próximo.

Este nuevo revés para las exmonjas clarisas se produce mientras sigue en marcha la investigación por la venta de varios lingotes de oro por valor de 130.000 euros que pertenecerían a la orden de las Clarisas.

La Justicia investiga quién y cómo se procedió a la venta de una parte del oro en el que la orden había invertido parte de su patrimonio y que sin la autorización ni de la dirección de las Clarisas ni del Arzobispado de Burgos se vendió. Se sospecha que parte de ese dinero podría haber sido empleado para pagar el alquiler y la habilitación del ‘restaurante de clausura’ recientemente puesto en marcha en Asturias.