El debate en torno a los fallecidos en las residencias de ancianos de Madrid, con motivo del quinto aniversario del confinamiento por la pandemia del Covid, tuvo su punto de inflexión cuando la portavoz del PSOE en el ayuntamiento de la capital de España y ex ministra, Reyes Maroto, afirmó que "7.291 personas mayores fueron asesinadas" en la Comunidad madrileña. Aquello provocó tal revuelo que Maroto acabó pidiendo disculpas en un comunicado, pero, a decir de un miembro del equipo de Isabel Díaz Ayuso, la ex ministra "sólo dijo en alto lo que la izquierda lleva diciendo cinco años en privado".

Es más, exhortan a sus adversarios políticos a que "si quieren seguir por esa línea, que sigan", convencidos de que la gestión de las residencias en Madrid no sólo es un tema judicialmente archivado -en más de sesenta ocasiones- sino política y electoralmente inocuo para Ayuso y la insistencia en este asunto creen que la refuerza. Se aferran a los datos de los comicios de 2021 y de 2023 para sostener esta afirmación. En mayo 2021, en plena cuarta ola de la pandemia, la madrileña convocó elecciones sorpresivamente para impedir una moción de censura de PSOE con Ciudadanos, entonces, socios de gobierno de los populares en la región.

Ascenso electoral desde 2021

Ayuso laminó a los naranjas al pasar de los 30 escaños que cosechó en 2019 a 65 y en campaña tuvo un peso considerable el modo en que abordó la pandemia, marcando el contrapunto, no sólo con Pedro Sánchez sino también con otras baronías de su partido en cuestiones como cierres de la hostelería o la compra de material sanitario. Para entonces ya había trascendido lo que se dio en llamar los "protocolos de la vergüenza", respecto a la no derivación de ancianos de las residencias a centros hospitalarios. La propia presidenta autonómica, en una declaración institucional la semana pasada, aseguró que durante la pandemia se trasladó a 12.000 ancianos a hospitales y, además, se medicalizó más de 200 residencias.

Al margen de la guerra de datos, tres años más tarde, en 2023, consiguió la mayoría absoluta, de ahí que los mismos medios consultados animen a la izquierda madrileña a seguir por el mismo camino que hasta ahora. Es más, aseguran que, en estos momentos, "estamos mejor que en el 23" a efectos electorales, ampliando su ya holgado margen en la Asamblea de la Comunidad.

La cuestión de las residencias de ancianos ha vuelto a salir en la sesión de control al gobierno en la Asamblea de Madrid. Tanto la portavoz de Más Madrid como la socialista, Manuela Bergerot y Mar Espinar, respectivamente, le han preguntado por este asunto, a lo que Ayuso les ha replicado recordando la mayoría absoluta conseguida en las últimas autonómicas. "Les triplico en las urnas y están hundidos, porque nadie les cree. Se están desempañando en las encuestas. Necesitan usar todos los medios del Estado" para hacerle oposición. Y tras afirmar que la situación en las residencias no fue muy distinta en Cataluña o en Baleares, ha ironizado con la estrategia de sus adversarios al afirmar que "no fue una pandemia mundial sino un virus madrileño provocado por los ricos".

Óscar López ha agitado las aguas de Madrid

El nuevo líder de los socialistas madrileños y ministro para la Transformación y de la Función Pública, Óscar López, ha agitado las aguas de Madrid bajo el lema "la izquierda valiente". A juicio de los populares "necesita hacer ruido y pegar un golpe en la mesa para ser más radicales que Más Madrid", segunda fuerza política de la Comunidad con quien empataron a escaños (27) pero no en votos. En definitiva, López "está desatado", dicen de él los populares, y la convivencia entre el PP y PSOE tanto en la Comunidad como en el ayuntamiento se ha deteriorado a ojos vistas.

La Comunidad de Madrid anunció querella contra Maroto, a pesar de sus disculpas públicas, mientras que el alcalde, José Luis Martínez Almeida, ha roto relaciones institucionales con la portavoz socialista y con el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, quien el pasado 13 de marzo -tras la emisión en TVE del documental '7.291', en alusión al hipotético número fallecidos en las residencias- escribió en su cuenta de Twitter que los populares "abocaron a 7.291 mayores a una muerte cruel e indigna. Hicieron de Madrid la región con mayor exceso de mortalidad durante la pandemia. Cinco años de insultos a las víctimas. Cinco años sin dar explicaciones. Hoy se aplaudían en su miseria. Se retuercen para evitar lo único digno que podrían hacer: pedir perdón y dimitir".

Pero a pesar de los sucesivos archivos, esta misma semana se abrió otro frente judicial de lo que pasó aquellos trágicos días. La Fiscalía de Madrid ha interpuesto 9 denuncias por otros tantos fallecidos cuyos casos no habían sido todavía judicializados, bajo una acusación penal nueva, esto es, "denegación de prestación sanitaria por motivos discriminatorios". La decisión se tomó tras la reunión de la fiscal superior de la Comunidad, Almudena Lastra, a finales del año pasado con representantes de Marea de Residencias y Asociación Verdad y Justicia. En la Comunidad de Madrid prevén el mismo destino que las decenas de denuncias presentadas por la gestión de la pandemia, todas archivadas hasta ahora.

"La Fiscalía hace una vez más de fiscalía de Sánchez", dice el portavoz de la Comunidad

La decisión de la Fiscalía ha escocido en la Puerta del Sol. "Entiendo que la Fiscalía hace una vez más de fiscalía de Sánchez, pone en conocimiento del juzgado estas denuncias y espero que los juzgados sigan haciendo lo que han hecho hasta ahora, dar la razón, no a la Comunidad de Madrid, a todos y cada uno de los profesionales que durante la pandemia lo dieron absolutamente todo para salvar vidas", dijo el pasado lunes el portavoz del Gobierno de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García. Las espadas siguen en todo lo alto.