El Gobierno insiste. Las leyes están para cumplirse y no cabe desobedecerlas. En ningún caso. Porque hacerlo puede llevar a consecuencias, también, penales. Esa advertencia clara la lanzó el Ejecutivo este miércoles a la vista de que crecen las dudas sobre el despliegue efectivo del real decreto ley de reubicación de menores migrantes no acompañados. Y a la vista, asimismo, de que las comunidades del PP continuaron subiendo el tono, adelantando su rechazo a la acogida de más niños y adolescentes. Una negativa, por cierto, a la que se sumó el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, el barón socialista que de nuevo quiso evidenciar el abismo que le separa de Pedro Sánchez.

La pregunta ya era obvia desde el primer minuto: qué hará el Ejecutivo si los gobiernos autonómicos se niegan a acatar el decreto ley. El titular de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, al igual que la responsable de Juventud e Infancia, Sira Rego, recalcaron lo obvio: que la norma es "de obligado cumplimiento", guste más o guste menos. El texto, aprobado por Consejo de Ministros el martes, publicado en el Boletín Oficial del Estado ayer miércoles y en vigor desde este jueves, no incorpora ningún régimen sancionador, pero el Gobierno ha venido remarcando que no es necesario pues tiene rango de ley y, como todas, han de ser obedecidas.

El Ejecutivo se barrunta que las CCAA pueden empezar por no dar sus datos, y entonces tendría que tirar de sus registros de Interior, Inclusión e Infancia

"No pueden incumplir este real decreto ley las comunidades autónomas —señalaba este miércoles el ministro Torres en Al rojo vivo (La Sexta)—. Pueden acudir al Tribunal Constitucional si entienden que no cumple con la Constitución. [Pero] cumple con la Constitución, es ley y tienen que cumplirla". El titular de Política Territorial y Memoria Democrática recordó que el primer hito llegará el 31 de marzo, el plazo máximo que tienen las CCAA para certificar cuántos menores tienen acogidos en su sistema de tutela y protección. Con esos datos, se obtendrá la capacidad ordinaria de cada comunidad, que será el parámetro a partir del cual se diseñará el reparto por todo el territorio y la financiación. La distribución de los menores por CCAA atenderá a varios criterios: población (50%), renta per cápita (13%), tasa de paro (15%), esfuerzo previo (6%), dimensionamiento estructural del sistema de plazas de acogida (10%), ciudad fronteriza (2%), insularidad (2%) y dispersión de la población (2%).

El Ejecutivo ya cuenta con que los gobiernos del PP pueden no facilitar sus propios datos, y en ese caso tendría que tirar de sus propios registros, de los que obran en poder de los ministerios de Interior, Juventud e Infancia e Inclusión, Migraciones y Seguridad Social. "Si se negaran a acoger a los menores, las CCAA estarían "incumpliendo la ley". "Lógicamente, tendríamos que requerirlos, si no trasladan sus datos, tendríamos que buscar otros mecanismos para hacernos con esa información, pero se someten a incumplimientos administrativos y también podrían ser incluso de carácter penal", avisó en la tele.

El papel de la Fiscalía de Menores

"A mí no me cabe en la cabeza que incumplan —siguió Torres—, porque, ¿qué razones tienen para no certificar el número de menores que tienen? Hay comunidades que dicen que están saturadas. Llevan años diciendo que están saturadas. Perfecto, este es el momento de demostrarlo. Un certificado que diga: 'La Comunidad de Madrid tiene X menores no acompañados, estamos saturados'. Si no envían ese certificado, es que no lo están o quieren ocultar la realidad".

Si eres el director general de Infancia de una comunidad y te llega un menor y lo rechazas, la Fiscalía te reclama atenderlo y si no lo haces, puede haber consecuencias penales", alegan en el Ejecutivo, donde confían en que al final se cumplirá la ley

En el Ejecutivo advierten de que las consecuencias de no recibir a un niño, por tanto, pueden ser graves: "Si eres el director general de Infancia de una comunidad y te llega un menor y lo rechazas, la Fiscalía de Menores te reclama atenderlo y si no lo haces, puede haber consecuencias penales". En el equipo de Torres, de hecho, recuerdan lo que ocurrió con el protocolo de recepción de menores migrantes aprobado por el Gobierno de Canarias el pasado septiembre. La Fiscalía Superior de las islas lo recurrió y al final el TC acabó tumbándolo el pasado febrero, por entender que el Ejecutivo regional incurría en un abandono de sus funciones, y que el protocolo suponía la "ausencia de atención inmediata" a la situación de desamparo que sufren los chavales que llegan por mar a las costas del archipiélago.

"Es que una vez que se efectúa el traslado y se ordena la derivación, la comunidad de acogida es la que tiene la custodia, la tutela y la guarda de ese niño. Ese gobierno autonómico no puede rechazarlo. Si el niño se queda en la calle, es responsabilidad de la comunidad", explican fuentes gubernamentales a este diario. Las CCAA pueden llevar la ley ante el Constitucional, pero no están facultadas para pedir su paralización. "Por tanto, salvo que se dictaran medidas cautelares y se suspendiera la ejecución del decreto ley, este estaría vigente y habría que cumplirlo". En definitiva, "el despliegue de la norma es complicado, pero hay que cumplirlo", remachan estas mismas fuentes. Las palabras del ministro Torres, señalaban en su entorno, son "un ademán político", una advertencia seria a los gobiernos regionales para que sean conscientes de a qué se enfrentan si responden con una negativa.

En la Moncloa confirman que "puede haber consecuencias penales" pero que, precisamente por ese riesgo, al final las regiones del PP "cumplirán, porque se lo ha dicho Génova". Eso sí, anticipan que las autonomías lideradas por los populares —que son 11, además de Ceuta y Melilla— "intentarán hacer un frente común contra el Gobierno". Algunos movimientos se vieron en ese sentido este miércoles: Aragón confirmó que no colaborará con el reparto y que llegará hasta la UE para "parar este despropósito". Madrid, a través de su portavoz, Miguel Ángel García, recriminó al Ejecutivo que sea un "partido independentista" como Junts el que informe de la reubicación porque "tiene los votos que necesita Sánchez para mantenerse en la Moncloa".

Page subraya que no admite lecciones de solidaridad de quienes pactan con "un supremacista identitario como Puigdemont" y ve el acuerdo "insultante"

La presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, sí anticipó que su comunidad cumplirá la ley porque es "seria y responsable", pero recurrirá "sí o sí" lo que definió como un "atropello". Para el portavoz del Govern de Baleares, Antoni Costa, "esto no es cuestión de solidaridad, sino de capacidad" y remarcó que su Ejecutivo no puede acoger más chavales porque está "al límite" y se tendrán que "habilitar tiendas de campaña" para poder hacerlo. La conselleira gallega de Política Social e Igualdad, Fabiola García, avanzó que la Xunta "no va a aceptar un reparto obligatorio" de niños migrantes a partir de un documento elaborado con criterios hechos para "beneficiar a Cataluña" y que son "un traje a medida hecho para el señor [Carles] Puigdemont por su socio Sánchez".

Real decreto ley 2/2025, de distribución de menores migrantes no acompañados desde las zonas tensionadasDescarga

Torres anticipa que hablará con el barón castellanomanchego

Pero, sin duda, la crítica más dolorosa para el Ejecutivo llegó del presidente de Castilla-La Mancha. Advirtió de que no aceptará lecciones de solidaridad "ni de los que pactan con Vox, con la extrema derecha, ni de los que pactan con la extrema derecha independentista, con un supremacista identitario como Puigdemont". García-Page no adelantó si presentará recurso ante los tribunales como han anunciado las CCAA del PP. Su comunidad, dijo, sí será solidaria —dio a entender que sí acatará la ley—, aunque considera "insultante" que se apruebe una norma sin "haber hablado absolutamente nada con las comunidades autónomas", informa EFE. Torres, antes de inaugurar unas jornadas en Las Palmas, aseguró a los periodistas que hablará con el barón socialista, como hará con cualquier otro presidente autonómico que tenga "cualquier duda". "Estoy convencido de que cuando conozca bien el texto y le demos tiempo para que lo pueda estudiar, estará de acuerdo en que estamos respondiendo ante derechos humanos", agregó.

La norma ofrece una "solución eficaz" a las situaciones de "sobreocupación y colapso" que sufren territorios tensionados, asegura el Gobierno ceutí

Quien sí aplaude el texto, además del Ejecutivo canario —no solo el presidente del archipiélago, Fernando Clavijo (Coalición Canaria), sino también su socio de coalición, el PP—, es el Gobierno de Ceuta, presidido por el popular Juan Jesús Vivas. La norma ofrece una "solución eficaz" a las situaciones de "sobreocupación y colapso" que sufren territorios como el suyo o como Canarias. El Ejecutivo central, dijo Ceuta en un comunicado, atiende la petición de "auxilio y socorro" que viene demandando desde agosto de 2024.

También el Ejecutivo navarro, liderado por el PSOE, y dirigentes socialistas de distintas federaciones reprocharon al PP su actitud. El ministro Óscar López, también líder del PSOE madrileño, acusó a la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, de defender "un discurso xenófobo y racista" que "no se diferencia en nada" del de Vox y reclamó un reparto "objetivo, transparente y solidario" de los menores dentro de la Comunidad, para no alojar a todos, como había advertido ella misma la víspera, en el centro situado en Fuenlabrada, donde gobierna precisamente el PSOE.

Números que fluctúan

Ni Torres ni Rego han confirmado las cifras adelantadas por Junts —Cataluña recibirá "entre 20 y 30" niños y Madrid, "más de 700"—, ni han dado buena las proyecciones que han circulado en las últimas horas, porque los datos son "aproximados". Por eso es fundamental, defienden desde el Gobierno, que las CCAA certifiquen sus números, porque ahora mismo las bases de datos no están depuradas. Explican que pueden darse el caso de migrantes que cumplen su mayoría de edad y que no se dan de baja en los registros, o que un mismo niño es trasladado a otra comunidad y aparece inscrito en dos autonomías distintas. Es decir, que la previsión es que el número total de menores extranjeros no acompañados baje. Y puede también que finalmente no sean 4.400 los niños de Canarias y Ceuta que deban ser reubicados en el plazo de un año. Una razón es que, de los cerca de 6.000 que viven hacinados en las islas, más de 2.000 tienen 17 años y algo más de 1.100 cumplirá 18 en este 2025.

En el Gobierno admiten que el decreto "tiene una filosofía correctiva, y por eso el titular que buscó Junts hace mucho daño". Pero los posconvergentes, agregan en la moncloa, "no tenía incentivos para este acuerdo"

Lo que pretende el decreto ley no es premiar a Cataluña y castigar a Madrid, insisten desde el Ejecutivo, sino nivelar la situación de todas las CCAA. Que aquellas que han hecho un esfuerzo previo y que tengan habilitadas más plazas —es el caso de Cataluña, con un 25% de las camas de todo el sistema, como incidió Rego— sean compensadas frente a aquellas que no han acogido apenas a niños y son deficitarias en camas. El decreto ley, subrayan, "tiene una filosofía correctiva, y por eso el titular que buscó Junts hace mucho daño". "Pero es que Junts no tenía ningún incentivo para llegar a este acuerdo —disculpan desde la Moncloa—, porque no iba en la línea de lo que ellos persiguen. Por eso ponen el acento en los números con Madrid".

En cualquier caso, Juventud e Infancia convocará en abril una Conferencia Sectorial con los consejeros autonómicos en el que se cerrará el traslado a la Península. Esa reunión no se retrasará, anticipó Rego, más de un mes, tiempo "razonable" para que los gobiernos manden sus datos de ocupación de los centros de acogida y el ministerio finalice los cálculos en base a los criterios que estipula el decreto ley. El acuerdo, señaló la ministra, es una oportunidad para establecer un criterio "justo" y "equitativo" para los territorios y se alumbre un sistema "dimensionado" y robusto y que funcione con "criterio humanitario".

En todo caso, en el Ejecutivo están dispuestos a que el decreto se tramite como proyecto de ley para introducir las enmiendas que estimen los grupos y, si quiere, el PP pueda participar y renegociar condiciones. Pero en la Moncloa ya anticipan que los populares no querrán. Y responden que el PP se queja tarde, porque podía haber accedido a cerrar un pacto en todos estos meses, en el año y medio en que se han prolongado las conversaciones. Rechazó y, al depender la convalidación de la norma de Junts, se han modulado los parámetros para atraer su voto. "Aquí el que negocia pone sus condiciones", advierten. La madeja continúa muy liada y el futuro de miles de críos, aún en el aire.