Cuando el ahora presidente estadounidense, Donald Trump, se encontraba en plena campaña electoral trató de convencer de que los drones que muchos americanos estaban avistando en el cielo tenían algo que ver con el Gobierno de Joe Biden, que estaba ocultando su origen. Y lo usó para tratar de ganar votos, insistiendo en debía llegar al poder para revelar el misterio de los drones. Pero desde que juró el cargo el pasado 20 de enero, Trump no ha dicho ni una palabra sobre este misterio. Una estrategia muy similar siguió con los documentos aún ocultos sobre el asesinato del expresidente John Fitzgerald Kennedy (en adelante, JFK). Durante su campaña de 2016 y del año pasado, Trump esparció diferentes teorías de la conspiración, como que el padre de uno de sus entonces oponentes, Ted Cruz, estaba relacionado con el asesinato, o como que los archivos no publicados contenían información “de tal gravedad” que debía prevalecer “el interés público” en su divulgación inmediata.

“La gente ha estado esperando décadas para esto”, dijo el presidente de Estados Unidos este lunes a los periodistas, “y he ordenado a la gente que son los responsables, mucha gente diferente, que los reúnan bajo el mando de [la directora de la Inteligencia Nacional] Tulsi Gabbard, y vamos a publicarlos mañana”. Fue en la noche del martes cuando los Archivos Nacionales estadounidenses publicaron más de mil documentos, algunos de una sola página y otros de miles, relacionados con el asesinato a tiros de Kennedy en noviembre de 1935. Horas después, otros mil aparecieron en la web, y el presidente ha asegurado que continuarán publicando más hasta llegar a los 80.000 prometidos.

Sin embargo, la revelación no ha causado el impacto que algunos esperaban. Los historiadores ya venían rebajando las expectativas al respecto, y recordaban que difícilmente los documentos cambiarían de forma sustancial la historia como la conocemos, la que apunta a que el exmarine Lee Harvey Oswald abrió fuego contra el entonces presidente desde la ventana del almacén de libros de un colegio justo cuando la caravana presidencial pasaba por la plaza Dealey en Dallas. 

Los documentos que se han publicado en la web de los Archivos Nacionales son especialmente difíciles de analizar, porque están subidos como imágenes -lo que no permite analizar el texto, ni procesarlo, ni hacer búsquedas- y no están clasificados por temáticas, fechas ni otro tipo de orden. Los archivos no tienen nombres y algunos son difíciles de leer, porque son documentos manuscritos que se han escaneado. Tampoco cuentan con ningún tipo de indicaciones sobre a qué hacen referencia o de quién se está hablando en sus páginas. Hay listas de nombres, países, algunas en clave; tablas, cartas, facturas, pero por el momento no parecen especialmente relevantes... o al menos, no se ha encontrado nada de gran importancia, teniendo en cuenta las dificultades para su análisis y que solo se han publicado una parte del total.

Por otro lado, muchos expertos apuntan que muchos de los documentos no tienen nada que ver con el asesinato en sí ni con la investigación sobre el suceso, y que una gran parte ya eran conocidos. “La mayor parte de lo que el Gobierno publicó anoche no es nuevo, y de hecho, gran parte de lo que ha atraído la atención de las redes sociales ya llevaba tiempo siendo público, salvo por partes menores que habían sido suprimidas-”, ha publicado en X el corresponsal de política del medio americano ABC Steven Portony, especializado en historia.

Entonces, ¿por qué llevaban tanto tiempo clasificados?

Si los documentos del asesinato que tuvo lugar hace 61 años no cambian el curso de la historia, ¿por qué continuaban clasificados? ¿Por qué se ha escrito largo y tendido sobre los secretos aún por desvelar de ese episodio, que cambió el curso de la historia? Fue en 1992 cuando se aprobó la ley de transparencia estadounidense que estaba previsto que los sacase a la luz, pero todavía no se habían dado a conocer, y el hecho de que hubiese documentos sobre el asesinato aún clasificados ha impulsado todo tipo de teorías de la conspiración.

Cuando a los diferentes gobiernos de Estados Unidos se les ha hecho estas preguntas, lo habitual ha sido que las agencias justificasen el secretismo hablando de posibles riesgos para la seguridad nacional y la política exterior estadounidense. Y es de eso de lo que se están quejando muchos de quienes aparecen en los documentos. Es decir, que una de las razones por las que los archivos podrían haberse mantenido ocultos habría sido para mantener a salvo a las fuentes, además de los métodos, de la inteligencia estadounidense.

La diferencia de los documentos publicados por Trump y los anteriores es que en estos ya no hay tachones ni información borrada o tapada, con lo que aparecen nombres y datos privados de empleados públicos, agentes e informadores de la CIA, de localizaciones de oficinas y otros lugares de encuentro de la agencia, presupuestos y otros. “El bloqueo [de los documentos] no fue por las pruebas reveladoras que nos ayudarían a entender el papel de Lee Harvey Oswald en el asesinato”, ha dicho Timothy Naftali, un profesor adjunto de la Universidad de Columbia, a The New York Times. “Era porque en esos documentos estaban las fuentes y los métodos. ¡Interceptamos mensajes desde Egipto en la época de Nasser! Eso no tiene nada que ver con quién mató a Kennedy”.

Nombres, números de identidad y fechas de nacimiento

En consecuencia, varios exfuncionarios que aparecen en los documentos han protestado este miércoles ante los medios de comunicación al ver que sus números de la Seguridad Social -lo más parecido a un DNI en Estados Unidos, donde no existe un documento nacional de identidad- aparecen y son totalmente visibles en los archivos publicados. Según el Washington Post, han sido revelados los datos de al menos 200 extrabajadores del Congreso y otros trabajadores.

De ellos, en al menos 100 casos junto a sus números de identificación también aparecen sus fechas de nacimiento y lugares de nacimiento, de acuerdo con el mismo medio. Muchos aún están vivos, y entre ellos están el exasesor de un secretario de Estado, un exembajador del país, investigadores del sector de la inteligencia, trabajadores del Departamento de Estado y abogados públicos.

“Lo considero casi algo criminal”, ha dicho William A. Harnage, de 71 años, asegurando que no sabe qué hacer. Compartía su opinión otra exempleada de 80 años, Judy K. Barga, que también aparece en los documentos con su número de la Seguridad Social, y se ha mostrado sorprendida de que aparezca información tan confidencial en papeles ahora públicos. Ella votó y apoya al presidente Trump, pero ha dicho al NYT que la información privada de la gente debería seguir siendo privada.

Varios funcionarios también han hecho notar que la liberación de los documentos sin anonimizar ha expuesto los datos de docenas de empleados públicos que hoy día siguen vivos, aunque ya no trabajen para lo público. En consecuencia, empleados públicos del Consejo de Seguridad Nacional están tratando de reunir los documentos que deben continuar estando anonimizados, algo que creen que ha pasado como resultado de la prisa por publicar los documentos, y que podría tener que ver con la necesidad de Trump de llenar los titulares con noticias sobre el asesinato de Kennedy.

Según han filtrado funcionarios de seguridad nacional a varios medios, muchos de ellos llevan desde enero trabajando para la eventual publicación de los archivos, porque Trump firmó una orden ejecutiva para ello en enero. Pero no esperaban que el presidente anunciase este lunes que saldrían a la luz el día siguiente, por lo que tuvieron que correr para conseguir que el martes por la noche 64.000 documentos estuviesen en la web de los Archivos Nacionales. En menos de 24 horas.

Abogados como Joseph diGenova, que trabajó para la campaña de 2020 de Trump y también apoya al presidente, asimismo han protestado por que su nombre, fecha de nacimiento y número de la Seguridad Social aparece en los archivos, algo que califica de “muy poco profesional” y “absolutamente indignante”. DiGenova ya ha recibido amenazas en el pasado que tuvo que poner en conocimiento del FBI, pero además cree que con esa información puede ser objeto de estafas y fraude. 

Junto a él, otros de los afectados consideran que la publicación de sus datos choca con la ley de privacidad de 1974, porque en Estados Unidos un número de la Seguridad Social es la llave para un sinfín de trámites e incluso para acceder a préstamos bancarios, con lo que los afectados pueden exponerse a robos de identidad, además de fraudes financieros. Algunos de los afectados han contado a los medios que tras enterarse por la prensa de que sus datos eran públicos, han llamado inmediatamente a sus bancos para bloquear sus cuentas y tarjetas. También están valorando demandar a los Archivos Nacionales y exigir indemnizaciones.

"Es increíble que nuestra información personal esté ahí fuera ahora mismo para que cualquiera pueda cogerla", ha dicho también Loch Johnson, un experto en inteligencia y profesor de la Universidad de Georgia jubilado. "Espero que no hayan sido tan descuidados en los documentos de JFK con los agentes encubiertos y otros activos en el extranjero".