Todo lo que para el Gobierno podía salir mal en el Congreso este jueves salió mal. Evidenció su división interna y la distancia con sus socios de investidura respecto al aumento del gasto militar, tuvo que encajar una derrota inesperada que hizo naufragar la ley para la creación de la Agencia Estatal de Salud Pública y además le tocó asumir que el lobo podrá volver a cazarse de nuevo al norte del Duero pese al criterio totalmente contrario del Ministerio para la Transición Ecológica. Una jornada negra, otra más, en una Cámara baja que volvió a recordar a Pedro Sánchez su debilidad de apoyos parlamentarios. Y que dejó todavía más claro que los Presupuestos Generales del Estado para 2025 son todavía más imposibles de lo que podía esperar el Ejecutivo.

Las derrotas pesaban más por la acumulación que por su relevancia. Y porque uno de los protagonistas de los golpes era, de nuevo, Junts, el socio más inestable de Sánchez. Los posconvergentes se aliaron con el PP y se unieron a Vox para tumbar de forma sorpresiva la ley para la Agencia Estatal de Salud Pública (AESAP), y con los dos partidos y el PNV sacaron al lobo del listado de especies protegidas. El golpe más doloroso fue el primero, por imprevisto. Porque venía a remarcar que la formación de Carles Puigdemont es capaz de abandonar al Gobierno en la primera curva. Y más en este caso por una "rabieta". Por venganza, para castigar al Ejecutivo por haber vetado en la Mesa del Congreso una enmienda suya que pretendía prorrogar la vida de las plantas de purines para que puedan seguir percibiendo ayudas. Una enmienda que estaba en, y esto es lo importante, otra ley, no en la de creación de la AESAP. De ahí la sensación de caos que vivió la Cámara baja este jueves. El Gobierno, y lo reconocían en la Moncloa y en la dirección del grupo, no se esperaban el puñetazo de los independentistas: "Nos pilló por sorpresa".

Junts se daba la vuelta, además, justo cuando en el Gobierno ponían en valor que las relaciones se habían estabilizado, que las cosas iban mejor. El Ejecutivo, es verdad, encadenaba varias semanas en positivo con los posconvergentes —con desgaste político, eso también—: cerró el pacto para la delegación a Cataluña de las competencias migratorias, de incierta tramitación parlamentaria por el rechazo frontal de Podemos, y selló el acuerdo para la derivación obligatoria de los menores extranjeros no acompañados desde Canarias y Ceuta a la Península.

Fluyen las negociaciones con Junts", "hemos alcanzado dos acuerdos que alumbran una relación que va mejorando", señalaban en las últimas horas en el corazón de Moncloa para definir su diálogo con Junts

"Fluyen las negociaciones con Junts", "hemos alcanzado dos acuerdos que alumbran una relación que va mejorando", señalaban en las últimas horas en el corazón de la Moncloa, antes de la votación en el Congreso. Recordaban desde el equipo de Sánchez, apenas minutos antes del mazazo con la AESAP, que tras el cierre de la reforma fiscal, Puigdemont apretó muchísimo, el diálogo se enfrió, pero a partir de finales de enero las cosas se enderezaron y se abrió el camino a los pactos "en ciertas materias". El optimismo era palpable. La legislatura parecía enderezarse, aunque sin que el acercamiento significara, y eso lo reconocía abiertamente el Gobierno, que los Presupuestos de 2025 se despejaran. Las cuentas públicas nunca estuvieron próximas y lo siguen sin estar, aunque Hacienda formalmente, puertas para fuera, no haya tirado la toalla.

Pero, ¿qué pasó este jueves? Para entender lo ocurrido hay que tener en cuenta que se cruzaron dos votaciones. Llegaban a pleno dos leyes en distinto punto de tramitación. Una, la de prevención de las pérdidas y el desperdicio alimentario, que ya había sido discutida en el Senado y que, por tanto, afrontaba su último paso antes de su publicación en el Boletín Oficial del Estado y su entrada en vigor. Otra, la ley para la creación de la AESAP, que había sido apoyada por todos los grupos, salvo Vox, la semana pasada en la Comisión de Sanidad del Congreso y que, de haber superado la sesión de este jueves, habría continuado su camino en la Cámara baja. Pero esta cayó por el enfado de PP y Junts con lo que había sucedido con la primera ley.

El Senado, en el que el PP dispone de mayoría absoluta, dio el visto bueno a varias enmiendas a la ley de desperdicio alimentario que el Gobierno había vetado. Pidió reconsideración, y no la obtuvo

El proyecto contra el desperdicio alimentario había llegado a principios de año al Senado, en la que el PP tiene mayoría absoluta. El Gobierno tiene la potestad, según el artículo 134.6 de la Constitución, de manifestar su disconformidad con las enmiendas o iniciativas que supongan una disminución de los ingresos o un aumento del gasto. Y eso fue lo que hizo: ejerció su derecho al veto sobre varias enmiendas, pero la Mesa de la Cámara alta, el pasado 25 de febrero, lo levantó, con el voto del PP y con su mayoría absoluta, porque entendió que el criterio del Ejecutivo estaba "manifiestamente infundado", porque no justificó la "afectación" a los "ingresos y gastos contenidos en el presupuesto en vigor". El Gobierno pidió al presidente del Senado, el popular Pedro Rollán, que reconsiderara la decisión de la Mesa, pero este no la revirtió. El proyecto, tras su aprobación por el pleno de la Cámara alta y con varias de las enmiendas cuestionadas incorporadas, caminó de vuelta hacia el Congreso para su definitiva aprobación.

1.017 millones de disminución de ingresos

Esta semana, el Ejecutivo se movió en dos frentes. Por un lado, el Consejo de Ministros acordó requerir a la Cámara alta que revocara su acuerdo —cosa que de nuevo denegó—, como paso previo para acudir al Tribunal Constitucional por un conflicto de atribuciones. Y, al tiempo, presentó el veto a cuatro enmiendas que, en conjunto, suponían una merma de ingresos de 1.017 millones de euros al Estado. La más importante, una del PP (946 millones de afectación), que buscaba la bajada del IVA a varios alimentos. Pero ERC y Junts firmaban otra que buscaba garantizar la continuidad de las instalaciones de cogeneración de alta eficiencia y tratamiento de residuos (purines). Una propuesta que impactaba en el sector del porcino, importante en Cataluña.

Al volver el proyecto al Congreso, el Ejecutivo volvió a vetar enmiendas y aquí la Mesa sí lo aceptó. Pero era un camino inédito: las enmiendas del Senado son rechazadas o ratificadas por el pleno de la Cámara baja. Pero no se quería descuadrar las cuentas y había riesgo de que prosperase la votación

La Mesa del Congreso, con la mayoría absoluta de PSOE y Sumar, aceptó el veto del Ejecutivo a esas cuatro enmiendas [aquí en PDF], aun con el parecer contrario de los letrados que entendían que, aunque estaba justificada la disconformidad de Hacienda, no tenían claro que pudiera aceptarse en este punto de la tramitación. Y es que, hasta ahora, cuando llegaban las enmiendas del Senado, era el pleno del Congreso el que se pronunciaba sobre ellas, bien para rechazarlas o bien para confirmarlas. Desde la cúpula parlamentaria socialista razonaban que se decidió aceptar el veto "no tanto por el miedo a perder las enmiendas en el pleno, que también, sino por el miedo a que se descuadrasen los Presupuestos", ya que eran más de mil millones de euros. La modificación más peligrosa para el Gobierno era la del IVA del PP, que salió del Senado sin el voto de Junts, pero de haber llegado al pleno, si los posconvergentes se aliaban con los populares, sí habría quedado aprobada. Eso es lo que el Ejecutivo pretendió impedir ya desde la Mesa, el órgano rector de la Cámara.

Pero el conflicto se alargó hasta este jueves. PP, Junts y ERC pidieron que se aplazara la aprobación de la ley de desperdicio alimentario. Antes de que arrancara el pleno, se reunió la Junta de Portavoces y los conservadores hicieron valer que había una mayoría del hemiciclo que estaba de acuerdo con cambiar el orden del día, por lo que podía activarse el artículo 68.1 del reglamento. Los socialistas se negaron, porque la tradición parlamentaria es que el orden del día de un pleno que ya está en marcha solo se modifica con unanimidad de los grupos, y no la había. Pero esa negativa motivó una impresionante bronca, ya en el hemiciclo, entre el portavoz del PP, Miguel Tellado, y Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, vicepresidente primero de la Mesa que este jueves ejercía de presidente de la Cámara por la ausencia, por motivos personales, de Francina Armengol. Los populares acusaron a Gómez de Celis de "prevaricación".

PP, ERC y Junts pidieron un aplazamiento de la votación pero el PSOE se niega porque cambiar el orden del día requiere, alega, unanimidad

Pero no eran los únicos cabreados. Junts había digerido mal que la Mesa hubiera aceptado el veto del Gobierno contra la prórroga de las plantas de tratamiento de purines. Y decidió vengarse. Con el PP.

Veto del Gobierno a cuatro enmiendas aprobadas por el Senado en el proyecto de ley de desperdicio alimentarioDescarga

Los dos grupos de derechas no se tomaron la revancha con la ley de desperdicio alimentario, sino con la otra que se sometía a votación, la de creación de la Agencia Estatal de Salud Pública, uno de los compromisos derivados de la pandemia y que aún, cinco años después, no se había materializado. La AESAP, que funcionaría como un organismo autónomo adscrito al Ministerio de Sanidad, tenía como propósito "reforzar las capacidades del Estado para mejorar la salud de la población, la equidad en salud y su bienestar y proteger a la población frente a riesgos y amenazas sanitarias". Pero PP y Junts, que habían apoyado el dictamen la semana pasada en la Comisión de Sanidad del Congreso —solo se había opuesto Vox—, giraron en el último minuto y pasaron al no. El proyecto de ley, un texto pacífico y sin aristas, decayó. Murió en el acto. "Desde Junts estaremos hasta el final al lado de los agricultores y ganaderos catalanes y el Gobierno español debería empezar a entenderlo. Ninguna agencia española está por encima de los agricultores y ganaderos catalanes", adujo la portavoz de los posconvergentes en la Cámara baja, Míriam Nogueras.

La desprotección del lobo, "irresponsable" e "imprudente"

La foto evidenció, una vez más, la precariedad parlamentaria de la coalición. El resultado, no obstante, no era dramático. Ahora, la ministra Mónica García deberá empezar de cero la tramitación de la iniciativa para dar vida a la AESAP. Ella misma lo confirmó este jueves en RNE: "Ante este espectáculo de irresponsabilidad, en el que los que salen perdiendo nuevamente son los ciudadanos, vamos a retomar otra vez las negociaciones que ya estaban cerradas, y vamos a volver a llevarlo para que los partidos de la derecha y Junts puedan recapacitar".

Sánchez considera "lamentable" la caída de la Agencia de Salud Pública por "cálculo partidista", pero carga las culpas exclusivamente en el PP. Tanto él como la ministra García garantizan que la ley de creación de la AESAP volverá a mandarse al Congreso

La ley de desperdicio alimentario, en cambio, sí salió adelante. Con una enmienda apoyada por PP, Vox, Junts y PNV. Fue la que saca al lobo del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial, lo que permitirá que se pueda volver a cazarlo al norte del Duero. Una decisión "irresponsable" para el Ejecutivo, "en contra de la ciencia", "precipitada e imprudente, sobre todo sabiendo que llevamos meses trabajando con las comunidades autónomas para poder tener el censo del lobo en España", en palabras de la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, en un vídeo divulgado por su departamento. "PP y Junts han tumbado la AESAP porque no podían tumbar la ley de desperdicio alimentario, precisamente por el tema del lobo", contaban desde el Grupo Socialista.

Sánchez se manifestó sobre lo ocurrido desde Bruselas, pero evitó responsabilizar a Junts. Se fijó únicamente en el PP y consideró "bastante lamentable" que hiciera caer la Agencia Estatal de Salud Pública. Recordó que cuando llegó a la Moncloa y sobrevino la pandemia de coronavirus, se encontró con un sistema "absolutamente debilitado, abandonado, frágil" y su Gobierno, "en un tiempo récord", fortaleció un sistema que había sido siempre "la Cenicienta de las comunidades autónomas".

Hoy es un día triste.Mientras cerramos el censo para conocer con precisión la población del lobo en España, algunas fuerzas políticas han decidido actuar de manera precipitada y contra la ciencia.Matar lobos no evita problemas, los crea. Lo dice toda la experiencia documentada.

— Sara Aagesen (@saraaagesen.bsky.social) 2025-03-20T18:35:42.779Z

A juicio del presidente, es muy duro que partidos de gobierno que sufrieron el azote del covid desde las instituciones ahora, por "cálculo partidista", y no por razones lógicas o de interés general, hayan echado abajo una agencia cuyo único fin es "reforzar el sistema de salud pública y de vigilancia". "No vamos a cejar en el intento. Vamos a sudar la camiseta porque es una absoluta irresponsabilidad y un síntoma más de la oposición destructiva y sin rumbo que vota sí en las comisiones y luego vota no en el pleno", añadió, para asegurar, como la ministra García, que el proyecto volverá al Congreso.

Lo ocurrido también demuestra para el Ejecutivo que no puede hacer depender una votación, como una hipotética sobre el aumento del gasto militar, en el PP. De Junts hablan de "política infantil"

En privado, en el Gobierno y en el PSOE sí que se lanzan algunos reproches a Junts por su "política infantil", por su respuesta "un pelín adolescente". "¿Te enfadas por el punto anterior y lo pagas con el siguiente? ¿Y si se hubieran cargado algo más serio?", se preguntan en la Moncloa. En el Ejecutivo minimizan, no obstante, la deserción de los posconvergentes: es una "rabieta" sin más trascendencia. "Si aceptamos que esto es un toma y daca, entonces nosotros les hemos dado el pacto para las competencias migratorias para Cataluña y ellos nos han dado el reparto de menores. Pero es que pensábamos que esta votación respondía a un equilibrio distinto, que tenía que pasar sin más pena ni gloria, porque la Agencia Estatal de Salud Pública era algo blanco y transparente", relatan los colaboradores del líder socialista.

Pero lo ocurrido, más allá de lo que afecte a Junts, también confirma, para el Gobierno, que el PP siempre aprovecha cualquier rendija de debilidad de Sánchez para asestarle un hachazo, y que por tanto no puede hacer depender del PP una votación de aumento del gasto en el Congreso. El Ejecutivo ya tenía claro que todo incremento de la inversión sería aprobado, como hasta ahora, por el Consejo de Ministros. Tras lo ocurrido este jueves, más aún.