El presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, está estudiando opciones para frenar las consultas al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre sentencias que haya dictado su órgano después de que la Audiencia Provincial de Sevilla anunciara la pasada semana que acudirá a la instancia de Luxemburgo para revisar si la exoneración del 'caso de los ERE' fue ajustada al derecho comunitario.

Según ha avanzado 'El Español' y ha confirmado este medio, Conde-Pumpido trasladó a los magistrados de la Sala Primera este mismo lunes sus dudas sobre la posibilidad de que los jueces y tribunales españoles puedan elevar al TJUE cuestiones prejudiciales sin obedecer a lo dictado por el Constitucional.

Lo hizo a colación de un asunto que llegó del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TJSM), pero el hecho afectará de igual manera a los 'ERE'. La Audiencia andaluza ha dado diez días a las partes para que se pronuncien sobre la consulta a Europa porque considera que el Tribunal que dirige el magistrado progresista se "extralimitó" en sus funciones al desbaratar por completo la sentencia que condenaba al expresidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, a un delito de prevaricación continuada, entre otros condenados del gobierno socialista.

El pleno va a acordar pedir a la Secretaría del órgano que recabe la providencia de la Audiencia de Sevilla para estudiar hasta qué punto la jurisdicción ordinaria puede cuestionar un fallo del Constitucional, según fuentes internas. En este sentido, recuerdan el artículo 92 de la ley que les afecta: "El Tribunal Constitucional velará por el cumplimiento efectivo de sus resoluciones. Podrá disponer en la sentencia, o en la resolución, o en actos posteriores, quién ha de ejecutarla, las medidas de ejecución necesarias y, en su caso, resolver las incidencias de la ejecución".

Si bien, en contraposición existe el artículo 267 del Tratado Fundacional de la Unión Europea que establece que "los órganos jurisdiccionales cuyas decisiones no sean susceptibles de ulterior recurso deben plantear una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia Europeo si se origina una cuestión de interpretación del derecho europeo en el asunto". De producirse una consulta de este tipo sería la primera vez que ocurriera con una sentencia firme del Constitucional.