Los dueños de gatos deben prestar especial atención a la nueva normativa que regula la identificación obligatoria de estos animales de compañía. La Ley 7/2023, de 28 de marzo, sobre protección de los derechos y el bienestar de los animales, establece que todos los felinos domésticos deben contar con un microchip identificativo.

La identificación obligatoria de los gatos

El Gobierno fija el microchip de los gatos como obligatorio. Hasta entonces, la reglamentación era de aplicación autonómica. Ahora bien, será requisito obligatorio en todo el país. Este sistema servirá a la gestión del control sobre el número de abandonos, y mejora el control de los animales perdidos mediante la regla de la identificación.

El microchip es un dispositivo que tiene el tamaño de un grano de arroz que se introduce en el interior del gato, junto a la parte del cuello. Lleva incorporado un código único de 15 cifras (acción que tiene que hacerse en un centro veterinario autorizado). En el interior de este código único está la información del dueño y da acceso a la base de datos en que están inscritos los microchip. La obligación de inscripción debe hacerse en un centro veterinario autorizado.

Sanciones por no cumplir con la normativa

La falta de identificación obligatoria se considera una infracción grave de acuerdo con la Ley de Bienestar Animal. Las sanciones por no implantar el microchip a los gatos dependerán de la gravedad de los hechos del caso; se imponen sanciones que van de 50.001 a 200.000 euros. La ley prevé sanciones también a las personas que comercializan gatos en comercios no autorizados y a quienes no comunican la pérdida de su gato en un plazo de 48 horas.

Gestión y bienestar de los gatos callejeros

La nueva normativa también incluye a las colonias de gatos. En estos casos, la responsabilidad de la identificación de los gatos y de su control recae en el propio ayuntamiento, y no en los particulares. Las administraciones públicas deben gestionar el bienestar de los animales, fomentando la identificación e implantación de microchips y poniendo en práctica planes de esterilización de gatos.

La ley exige la implementación, por parte de los municipios, de un sistema de control para poder asegurar la protección de los gatos callejeros. Las entidades de protección animal son un elemento esencial en este sentido, colaboran con las administraciones para poder realizar censos y planes de atención veterinaria.

Medicación y atención veterinaria

Asimismo, la normativa también regula el uso de los medicamentos a animales sin identificar. El Gobierno ha emitido una nota aclarativa para los profesionales veterinarios, en la que se definían las condiciones bajo las que los veterinarios podían hacer tratamientos a hábitos plato. Con la obligación de tener un microchip, los veterinarios no pueden negarle la atención a un gato sin identificarse, pero tienen la obligación, sí, de notificar los propietarios que el cumplimiento de la normativa es una obligación.

Unificación de criterios en toda España

Por otro lado, uno de los principales objetivos de esta normativa es, por un lado, reducir el número de gatos abandonados y, por el otro lado, facilitar la recuperación de los mismos en caso de que se pierdan. A través del microchip, se favorecen las gestiones para devolverlos a su persona de referencia rápidamente. A su vez, con el microchip se supone que también existe una manera de evitar el maltrato animal, así como el control de la tenencia responsable.

La inserción de un microchip identificador es un paso básico, esencial, para alcanzar el bienestar de los gatos y fomentar la buena convivencia entre nosotros, humanos, y los animales. Cumplimentar dicha normativa nos reportará un doble beneficio: en primer lugar, evitar las correspondientes sanciones económicas; en segundo lugar, facilitará la constitución de una sociedad más concienciada y responsable en la defensa de los animales.