La impresión generalizada dentro del Tribunal Constitucional es que el presidente Cándido Conde-Pumpido ha recogido cable y ya se da por hecho que nadie va a paralizar una pregunta al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) en relación al cumplimiento sobre la sentencia de los 'ERE'. Sin embargo, fuentes cercanas a la presidencia aseguran que la cuestión trasciende del caso concreto de la Audiencia de Sevilla y temen que los jueces empiecen a hacer un uso "generalizado" de la cuestión prejudicial a Luxemburgo para evitar acatar los fallos del Tribunal.

En el orden del día que empieza este martes hay un punto bastante inusual que se encabeza como "debate jurídico" y se describe de la siguiente manera: "Planteamiento de cuestiones prejudiciales en la ejecución de sentencias definitivas dictadas por el Tribunal Constitucional u otros tribunales superiores nacionales, con suspensión de la ejecución. Relación con el deber de velar por el cumplimiento efectivo de nuestras resoluciones establecidas en el artículo 92.1 de la LOTC [Ley Orgánica del Tribunal Constitucional]".

Al debate llegan al menos cinco informes de letrados del tribunal con los mimbres para sostener dicho debate y todos van, más o menos, en la misma dirección. El nudo gordiano está en saber si los jueces de instancias superiores pueden preguntar a Luxemburgo una vez ya el Tribunal Constitucional se ha pronunciado y ha dictado sentencia que es de obligado cumplimiento. Algunos documentos se inclinan por el sí, ya que la supremacía del Derecho Europeo sobre el español es pilar de la construcción más elemental de la Unión Europea.

El asunto de fondo, por tanto, tiene una importancia jurídica vital para encajar el funcionamiento del derecho nacional dentro del comunitario El hecho de que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid --en un asunto sobre arbitraje en el que está afectado Cabify-- y muy especialmente la Audiencia Provincial de Sevilla por el caso de los 'ERE' hayan dudado de una sentencia dictada por el Tribunal Constitucional y abierto la puerta a preguntar al TJUE antes de aplicarla ha generado posiciones contradictorias dentro del órgano que dirige Pumpido.

En él y en sus magistrados más cercanos ha crecido el temor de que esta práctica se extienda. "La cuestión que vamos a tratar va más allá de los 'Eres' y nunca se había producido hasta la fecha", explican a este medio. La cuestión que Pumpido quiere tratar es que la cuestión prejudicial ante el TJUE se conciba "como un recurso secundario que puede utilizarse con carácter generalizado en la ejecución de las sentencias definitivas".

A juicio de estas voces, esto puede "afectar a la efectividad de todo el sistema de recursos en nuestro ordenamiento jurídico". La intención es que el pleno, más allá de los casos concretos, tome en consideración todos los informes que se han presentado y decida cómo debe encuadrarse el diálogo entre tribunales. A estas alturas nadie cree ya que vaya a tomarse una medida específica en contra de la Audiencia Provincial de Sevilla.

De hecho, ahora fuentes del sector progresista descartan ya esta idea. "No adoptaremos ningún acuerdo, ni se ha planteado en absoluto, inferir ni mucho menos anular la providencia de Sevilla", dicen. En el bloque conservador, en cambio, creen que Pumpido ha desandado sus propios pasos hacia la confrontación que podía haber supuesto un choque institucional de tal calado, pero consideran que debería pedir incluso perdón por haber puesto este debate encima de la mesa.

Los informes: Supremacía europea

Los letrados de los magistrados han trabajado a fondo en el asunto. Uno de los que llama más la atención es el encargado por el propio Pumpido que reza literalmente: "La prudencia y el respeto institucional al ámbito competencial de las distintas jurisdicciones impiden sugerir ningún tipo de actuación por parte del Tribunal Constitucional en una tesitura como la abierta por la providencia de la Audiencia Provincial de Sevilla". "Cualquier ejercicio coercitivo de potestades por instancias distintas del juez promotor de la cuestión, responsable único de la misma, solo puede considerarse un intento de alzar un obstáculo a la realización de la primacía del Derecho de la Unión Europea", añade.

Los conservadores se han hecho con un informe elaborado por la letrada de César Tolosa, una de las mayores expertas en derecho Constitucional y TJUE. "Una actuación del Tribunal Constitucional español que produzca el efecto de impedir, limitar o disuadir de cualquier manera a un órgano jurisdiccional inferior de plantear una cuestión prejudicial podría incurrir en un incumplimiento del Derecho de la Unión", refleja el documento, que indica que esto "daría motivos suficientes a la Comisión Europea para iniciar un procedimiento de infracción contra el Estado español con fundamento en la actuación de su Tribunal Constitucional, procedimiento que podría abocar a una sentencia del Tribunal de Justicia condenando a España por incumplimiento del Derecho de la Unión", refleja.

Por otro lado, un letrado del togado José María Macías también ha concluido que el planteamiento de una cuestión prejudicial "corresponde de manera exclusiva y libérrima, en el momento inicial, al juez o tribunal que decide plantearla" y ningún órgano puede intervenir. Es más, el mero hecho de pedir explicaciones, como ha hecho el Tribunal Constitucional, supone "una usurpación o suplantación" de las prerrogativas del TJUE.

La decisión de acudir a Luxemburgo "no es susceptible de recurso alguno ni puede ser declarada nula, anulada, revocada o en cualquier otra forma dejada sin efecto por otro tribunal diferente del que haya decidido plantearla, incluido, otra vez, el Tribunal Constitucional".