El Gobierno de Pedro Sánchez ha rechazado total o parcialmente la mayoría de las peticiones que realizó la Generalitat Valenciana en el marco de los distintos grupos de trabajo que se crearon con el Ejecutivo central para gestionar y coordinar las tareas y labores de reconstrucción de las comarcas afectadas por la riada del 29 de octubre. Estos grupos se impulsaron a iniciativa del Consell para abordar desde la colaboración con la Administración General del Estado los trabajos de reactivación en ámbitos como sanidad, servicios sociales, economía y empresa, infraestructuras, vivienda, y seguridad, entre otros. Todo ello con el objetivo de ofrecer y materializar una respuesta eficaz y rápida a las familias y empresas afectadas por el impacto de la riada.

El balance de este periodo (noviembre 2024-marzo2025), en el que los consellers de los diferentes departamentos han mantenido varias reuniones con los ministros del Gobierno central, muestra que apenas se ha atendido un porcentaje mínimo de las solicitudes del Consell, lo que se ha traducido a una exigua inversión económica en las comarcas afectadas.

Las diferentes consellerias formularon hasta 58 medidas para atender la emergencia y reconstruir y recuperar la actividad económica y social. Pasados cinco meses, sólo se han aceptado 18 peticiones, que además apenas comportan inyecciones económicas directas. Es decir, dos de cada tres peticiones de ayuda planteadas por el Consell han sido rechazadas.

Pero más allá de lo estrictamente obligatorio por motivos competenciales, el Gobierno ha descartado sobre todo las peticiones en materia de inversiones por parte de la Generalitat. De esta forma, ha dicho no las siguientes peticiones de recursos para la recuperación de la provincia de Valencia:
• 1.134 millones de euros para equipamientos de los colegios e institutos afectados

• 45 millones por el abono de las prestaciones por dependencia de los meses de noviembre y diciembre y habilitar una prestación extraordinaria de dos mensualidades por imprevistos que hayan tenido que soportar

• 250 millones por reparaciones de las residencias, centros de día y demás infraestructuras de atención sociosanitaria

• 2,6 millones por la creación de un centro de acogida temporal para las personas que hayan perdido su vivienda y no tengan ningún otro recurso habitacional

• 3 millones por la rehabilitación y reparación de diferentes viviendas de la GVA dañadas por la dana / costes de finalización de las obras en viviendas de titularidad autonómica para el realojo de personas afectadas

• Sobre las viviendas de la Sareb: el Consell pidió la puesta a disposición de las 1.050 viviendas de la entidad para realojos temporales o permanentes de las personas afectadas (500 de estas se encuentran en zona dana). Ante ello, el Gobierno sólo ha entregado unas 92 a familias afectadas

• Financiación para todos los trabajos que gestiona la Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio. Red de carreteras autonómicas, locales, red de Metrovalencia, depuradoras y colectores de la EPSAR, puertos, trabajos medioambientales en parques naturales, etc. Se están ejecutando obras por valor de 550 millones de euros por parte del Consell. La respuesta del Ministerio es que la propuesta ha sido trasladada a Hacienda. Sólo hay un única promesa de financiar 100 millones para depuradoras

• Rechazo a participar en la cofinanciación de la tarjeta del transporte gratuito Recuperem Valencia

• Actuaciones en infraestructuras críticas para el Estado para garantizar la adaptación al riesgo de inundación: se han comprometido en reuniones a abordar estas inversiones, pero de momento son meras promesas. No hay plazo.

• Exención de las cuotas del IBI del año 2025 de viviendas, establecimientos, explotaciones, locales o similares, dañados.

• El Gobierno ha rechazado de plano dar ayudas a fondo perdido a la Generalitat para costear la reconstrucción. Condiciona la inyección de estas ayudas a la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado. Ello obliga a endeudarse al Consell en casi 4000 millones de euros más.

• Reducción en el Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE) correspondiente al 2025, siempre que hubieran tenido que ser objeto de realojamiento o se hayan producido daños que obliguen al cierre temporal de la actividad.

• Se solicitó que los fondos europeos MRR aún disponibles por parte de la Generalitat Valenciana se pudieran destinar a gastos de emergencia y de recuperación económica y social.

• También se pidió que los fondos europeos estructurales FEDER y FSE puedan destinarse a gastos de emergencia y de recuperación económica y social

• Desperfectos en patrimonio cultural y en ayudas a sectores industriales de la cultura

• 140 millones euros para la reparación de infraestructuras en centros sanitarios y material sanitario

• También se ha dado un portazo a las petición de incluir a 28 municipios valencianos (con una población conjunta de 80.000 personas) en el plan de ayudas para la reconstrucción de infraestructuras municipales. Resulta injusto que estas 28 poblaciones no tengan acceso a las ayudas estatales para su reconstrucción pese a los daños sufridos el pasado 29 de octubre. Estos municipios han sido excluidos de las ayudas del Gobierno: Carcaixent, Castelló, Chulilla, l'Ènova, La Pobla Llarga, Millares, Manuel, Rafelguaraf, Senyera, Tous, Aras de los Olmos, Benagéber, Benimuslem, Casinos, Chelva, Gavarda, Losa del Obispo, Massalavés, Sant Joanet, Titaguas, Tuéjar, Villar del Arzobispo, Xeraco, Alberic, Barxeta, Benaguasil, Benimodo y Castielfabid.

• El Gobierno de España sigue retrasando la puesta en marcha de sus unidades de emergencia de salud mental para las personas afectadas por la DANA anunciadas para febrero y las reduce de las 14 prometidas inicialmente a 9 ( 8 para Comunidad Valenciana y una para Castilla La Mancha)

• El Ministerio de Sanidad todavía no ha enviado ningún recurso para atender la salud mental de las personas afectadas por la dana en la Comunitat Valenciana

• Las unidades de emergencia de salud mental siguen sin estar listas y desplegadas en Valencia cuatro meses después de ser anunciadas a bombo y platillo por el Ejecutivo central

Además, cabe recordar que el Estado tiene un presupuesto de unos 386.000 millones de euros (datos de 2023) y una amplia capacidad de financiación y de endeudamiento, mientras que la Generalitat Valenciana dispone de un presupuesto de 32.300 millones (12 veces menos), con una capacidad de financiación y de endeudamiento muy limitadas, por lo que el esfuerzo de ayuda y reparación del Gobierno valenciano es mucho mayor que el que está realizando el Gobierno central.

La Generalitat está afrontando la ejecución de las obras necesarias para recuperar las zonas afectadas por la riada sin la ayuda necesaria del Gobierno. Y todo ello en un contexto en el que la Comunitat Valenciana es la región peor financiada de España, sin atisbo de reforma del sistema de financiación autonómica, y sin la aprobación del fondo de nivelación transitorio para paliar la estructural infrafinanciación que padece la Comunitat.

A esto hay que añadir dos factores clave más que lastran la capacidad del Consell para costear la reconstrucción. Por un lado, la negativa del Gobierno a aprobar el FLA extraordinario, que ha dejado sin 3.000 millones de euros a la Comunitat Valenciana, y por otro lado, la falta de actualización de las entregas a cuenta del sistema de financiación, que supone la pérdida de 200 millones cada mes para los valencianos, para sus colegios, institutos, hospitales, etc.