La patronal comienza a poner sobre la mesa sus dudas sobre el plan de protección para las empresas anunciado por el Gobierno. Tanto CEOE como Cepyme muestran ya públicamente sus dudas sobre la efectividad del esquema de ayudas diseñado por el Ejecutivo para mitigar los efectos de la guerra comercial abierta por Donald Trump.
Aunque valoran la rapidez de la respuesta de Moncloa al golpe que los aranceles pueden suponer para el tejido productivo, los representantes de los empresarios creen que "ni la cuantía ni el enfoque es el adecuado". Así lo expresó este miércoles la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (Cepyme) que dirige Gerardo Cuerva.
Para los representantes de los empresarios, la condicionalidad de las ayudas aprobadas, "invalida la eficacia de dichas medidas, ya que las empresas no pueden garantizar cómo influirá la evolución del contexto económico mundial en sus cuentas de resultados". En este sentido, piden que las ayudas puedan ayudar a las compañías a reformular sus ventas y producción con tal de sobrevivir, "aunque esto suponga su redimensionamiento".
"Tengo que avisar a las empresas, especialmente a las muy pequeñitas, que mucho cuidado con tener esas ayudas porque si es estructural, se van a ver abocadas al cierre", señaló el presidente de CEOE, Antonio Garamendi. Horas antes rechazó en RNE las intenciones de la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, de que las empresas afectadas por los aranceles no puedan despedir personal si se benefician de ayudas públicas.
"En estos momentos, el nivel de indefinición es muy grande. El que también te digan de forma estricta que esto es así, creo que tampoco se está viendo cuál es la dimensión del problema, porque esto no es un problema de una semana", aseveró. Fuentes de la patronal consultadas por El Independiente remarcan que del lado empresarial se echan de menos "más ayudas directas de aplicación inmediata".
Desde Cepyme valoran positivamente instrumentos que garantizan la cobertura crediticia y mecanismos como las cobertura de CESCE, piden que "el esfuerzo se concentre en la eliminación de cargas y costes que pesan sobre las pymes y que les impiden competir con mejores condiciones". La patronal recuerda que la recaudación fiscal se sitúa en máximos, por lo que reclama que las pymes vean aliviadas las cargas que soportan. "Un alivio que se debería materializar la reducción de costes y cargas y obligaciones normativas que dificultan el desarrollo de negocio de las pymes", dice.
El plan, diseñado por el Ejecutivo está dotado con más de 14.100 millones de euros. La cantidad irá aumentando "conforme se vaya utilizando" para que ninguna empresa que lo necesite se quede sin acceso a "esta red de protección de instrumentos financieros y comerciales", según sostuvo el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, este miércoles ante el Congreso.
Asimismo, sostuvo que el plan anunciado "es un punto de partida" y "una herramienta abierta al diálogo con todos, con los agentes sociales y, por supuesto, con los grupos parlamentarios", con quienes el Ejecutivo sigue negociando para lograr su convalidación en la Cámara Baja. El ministro se reunirá este jueves con las comunidades autónomas en el 'Consejo Interterritorial de Internacionalización'.
Por su parte, el secretario general de la Unión General de Trabajadores (UGT), Pepe Álvarez, reclamó también este miércoles que PSOE y PP alcancen un acuerdo para la aprobación del decreto antiaranceles, porque "lo contrario nadie lo entendería".
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hace 3 días
Al gobierno formado en su mayoría por funcionarios profuncionarios, y empleados públicos eso no va con ellos, simplemente hacen más grande y poderosa la adaptación con sobredimensionar plantillas. Incomprensible como no habiéndonos recuperado de la crisis anterior tenemos mismo número de cuenta, según la EPA del 2019 tenemos más de tres millones de funcionarios, lo mismo que en el 2008. Ha crecido el empleo público un 2,3% más que en la privada. La IA Inteligencia Artificial no tendrá cabida porque reducir personal es eliminar votos ( por cada nuevo funcionario son de dos a tres votos por domicilio) Ahora se suman a la reducción de la jornada laboral a 35 horas semanales, incluso empresas públicas y entes públicos con déficit, como: ADIF, Renfe Correos…, además de ampliar plantillas. Mientras empresas privadas con beneficios tienen más horas y reducen plantillas. Les pagamos la fiesta de su sanidad privada MUFACE que nos cuesta más de 4.800 millones de euros, cada dos años… Gobierno de funcionarios, NO GRACIAS.