El plan de Pedro Sánchez para elevar el gasto de España en defensa del 1,4% hasta el 2% del PIB este año contempla casi 2.000 millones de euros que irán directamente destinados a la compra de armamento militar. Un 19% de los 10.471 millones anunciados este martes tras la reunión del Consejo de Ministros se dedicarán a la "fabricación y compra de nuevos equipos de defensa y disuasión".

La partida de 1.989,5 millones irá dirigida a programas para la compra de vehículos blindados, aeronaves, sistemas lanzacohetes y otros sistemas de combate terrestre y marítimo aún por detallar. Fuentes de Defensa evitan concretar a qué programas se destinará la nueva inyección millonaria. "Nuestro objetivo es modernizarlos para que sean más eficaces y seguros", ha remarcado Sánchez.

El aumento del gasto en armamento genera tensiones dentro del propio Ejecutivo de coalición con la parte de Sumar. En su comparecencia, el jefe del Ejecutivo ha querido subrayar que el desembolso para adquirir armas "supone menos de una quinta parte del plan".

"Se hará porque es necesario", ha proseguido tras recalcar que se hará "no para atacar a nadie (...) sino para disuadir a aquellos que puedan estar pensando en atacarnos o en atacar a Europa". "España es un país pacifista que cree en la diplomacia, en las relaciones internacionales y el multilateralismo", ha argumentado.

El Consejo de Ministros ha aprobado en su reunión de este martes el Plan Industrial y Tecnológico para la Seguridad y la Defensa de España y Europa. Dicho plan será remitido a Bruselas para que sus fundamentos sean evaluados por la OTAN y la Unión Europea.

Según ha detallado Sánchez, un 35% del plan irá a mejorar las condiciones laborales, la preparación y el equipamiento de las Fuerzas Armadas. Otro 31% se destinará a desarrollar y adquirir capacidades de telecomunicaciones y ciberseguridad. Aquí se incluirán 3.260 millones para modernizar los sistemas de telecomunicaciones cifradas de las Fuerzas Armadas, adquirir nuevos satélites, antenas, radares y reforzar los instrumentos de ciberseguridad militar y civil.

En este campo hay programas activos ya como el SCRT (Sistema Conjunto de Radio Táctica) que persigue sustituir las radios analógicas UHF/VHF y HF por radios SDR digitales. También hay otro llamado MC3 (Mando, Control y Comunicaciones) para modernizar el mando y control mediante una red segura interoperable con OTAN.

Asimismo, el plan también contempla otro 17% destinado a reforzar el papel de las Fuerzas Armadas en la gestión de emergencias y desastres naturales, como inundaciones o incendios. En este sentido, el Ejecutivo quiere ampliar flota de helicópteros de rescate y de apoyo logístico y prevé la compra de nuevos vehículos lanza puentes, aviones cisterna o un nuevo buque hidrográfico

Y se incluirá otra partida para mejorar las condiciones de seguridad de los casi 3.000 efectivos que integran las 16 misiones de paz de España en el exterior, bajo las banderas de la Unión Europea, la OTAN o las Naciones Unidas.

Sánchez ha defendido que el 87% de la millonaria inversión se quedará en España e irá a parar a todas las Comunidades Autónomas. Para financiarlo, se ha comprometido a que no se toque ninguna partida del gasto social ni acometan subidas de impuestos.

Sin pasar por el Congreso

Ante la ausencia de nuevos Presupuestos Generales para este año, el Gobierno reorientará algunas partidas del Plan de Recuperación, como por ejemplo la destinada a ciberseguridad, dotada con más de 1.300 millones de euros. También defiende que puede financiarlo gracias a los ahorros generados por el buen desempeño de la economía española, que Sánchez ha cifrado en otros 3.000 millones.

Asimismo, dice contar con el margen que dan ciertas partidas que se incluyeron en los Presupuestos Generales de 2023 pero que ya no se necesitan. El jefe del Ejecutivo ha citado 1.700 millones que se destinaban a las entidades territoriales por caída de ingresos fiscales por el parón de la pandemia, pero que ya no se requieren. Todo esto, según el jefe del Ejecutivo, evita que el plan tenga que recibir la aprobación del Congreso, donde sí pedirá comparecer para explicarlo.

Según los cálculos de Moncloa, el Plan tendrá un impacto estimado de entre cuatro y siete décimas adicionales en el PIB y contribuirá a crear más de 96.000 nuevos empleos directos e indirectos a lo largo y ancho de la geografía. "Vamos a exigir a las empresas tractoras de unos y otros sectores que involucren a pymes, a economía social, a startups para que puedan integrarse en cadenas de suministro avanzadas, obtener financiación e internacionalizarse", ha remarcado el presidente del Gobierno.