El Gobierno estima que el coste real del impulso de la jubilación parcial asociada a un contrato de relevo dentro del Real Decreto-Ley de medidas urgentes para mejorar la competitividad en la industria y el comercio tendrá un coste real de casi 1.800 millones de euros hasta 2026, a razón de 222 millones anuales.
Según la memoria de impacto económico que acompaña al texto aprobado el pasado viernes en el Consejo de Ministros, el coste anual en pensiones que supone para el sistema de la Seguridad Social la jubilación parcial es de 2.231 millones de euros, de los que 637 millones proceden de la industria manufacturera, el 28,5% del total, y la mayor parte, hasta el 71,4%, a las actividades sanitarias y la educación.
En tanto que el Real Decreto-Ley plantea mantener las actuales condiciones de acceso a la jubilación parcial en el ámbito de la industria manufacturera y limita su efecto a determinados procesos productivos, a las empresas que tengan un nivel de empleo fijo del 70% o para aquellas personas que tengan una determinada antigüedad, la memoria hace un cálculo estimativo (dando por hecho el mantenimiento de los costes actuales en los casos que se acojan a esta moratoria) y prevé que el coste real para la Seguridad Social de la medida sea de 1.778 millones de euros hasta 2026.
Los principales detractores de la modalidad de jubilación parcial con contrato de relevo argumentan que tiene un coste alto para la Seguridad Social por el lado de las cotizaciones sociales, por cuanto permite a aquellos que se jubilan de forma parcial hacerlo sin tener que hacer frente a coeficientes reductores.
Además, el texto avisa de que este cálculo no contempla el coste que se podría producir en prestaciones por desempleo, si finalmente parte del colectivo pasase a dicha situación, ni el incremento en la recaudación fiscal derivada de las contrataciones de los relevistas y los efectos inducidos de éstas en la economía, como el incremento del consumo o la mejora de la productividad.
No hay coste por el lado de las cotizaciones
En cualquier caso, el Gobierno señala en el Real Decreto-Ley que “la exigencia de garantizar la sostenibilidad financiera del sistema de la Seguridad Social aconseja que esta sea una reforma transitoria y limitada de la modalidad de jubilación parcial con simultánea celebración de contrato de relevo, orientada particularmente a sectores profesionales industriales, y, dentro de estos, a aquellos colectivos de trabajadores que vienen prestando servicios que comportan relevantes esfuerzos físicos y, además, han alcanzado ciertas cotas de edad, antigüedad y cotización mínima”.
Y, en estos términos, el Gobierno calcula que el efecto por el lado de las cotizaciones sociales será prácticamente nulo.
Precisa que las cuotas totales de las empresas pasarán de los 21,1 millones de euros mensuales para el total de la industria manufacturera a 20,7, con una pérdida de ingresos de 422.685 euros al mes. De este modo, durante los años que se aplique la medida, la diferencia entre lo que ingresaría la Seguridad Social por los trabajadores que se van a jubilar parcialmente si continuasen trabajando hasta la edad legal y lo que se ingresa por los trabajadores relevistas (y el tiempo cotizado a tiempo parcial) supondría en términos anuales 5,07 millones de euros. Todo ello con una estimación de 24.000 trabajadores relevistas.
Este efecto tan limitado se explica, según la misma memoria, porque el sector industrial manufacturero hace un uso importante de la jubilación parcial con contratación indefinida a tiempo completo para el relevista, lo que hace que el sector "tendrá unas bases de cotización iguales o mayores que las de los jubilados a tiempo parcial".
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