El Gobierno de Iñigo Urkullu se ha quedado sin aliados. El Ejecutivo vasco anunció anoche que retirará su proyecto de presupuesto para el año 2019 tras no alcanzar un acuerdo con EH Bildu, la última formación con la que negociaba tras las negativas de PP y Elkarrekin Podemos a apoyar sus cuentas. La mayoría que PNV y PSE representan es insuficiente, -a un voto de la mayoría absoluta- y requería de al menos el apoyo de un grupo de la oposición. La coalición que lidera Arnaldo Otegi había ofrecido dos abstenciones de su grupo en la Cámara de Vitoria para facilitar la aprobación del proyecto. La decisión de echar atrás las cuentas 2019 planteadas la anunciará este lunes oficialmente tras un Consejo de Gobierno extraordinario convocado para primera hora de esta mañana.
Urkullu había dado un ultimátum a la coalición de la izquierda abertzale para aceptar la última oferta hecha y que incluía un horizonte de mejora de las pensiones mas bajas mediante complementos abonados vía Renta de Garantía de Ingresos (RGI). El plazo para aceptar la última modificación finalizaba a las doce de la pasada noche, sin que a esa hora EH Bildu hubiera cambiado su posición contraria a las cuentas por considerarlas “insuficiente". En una nota emitida anoche, el Gobierno de coalición PNV-PSE confirmó que se ve abocado a una prórroga presupuestaria.
En las últimas semanas las negociaciones entre la consejería de Hacienda de Pedro Azpiazu y EH Bildu se había intensificado, en especial en lo relativo a la mejora de las pensiones, la principal exigencia de modificación planteada por la coalición abertzale. La última oferta hecha por Azpiazu contemplaba complementos vía RGI hasta los 858 euros para las pensiones más bajas en el País Vasco, como le reclamaba la coalición abertzale, pero en 2021 y no el próximo año como solicitaba EH Bildu. Hasta entonces la propuesta establecía mejoras progresivas en el próximo trienio, del 7% el próximo año y del 6% en 2020, para alcanzar un año después el importe reclamado por la formación de Arnaldo Otegi.
Posiciones “realistas" no “sueños"
La izquierda abertzale también había exigido garantizar un salario mínimo de 1.200 euros en todas las contratas y concursos públicos del Gobierno vasco.
El Ejecutivo PNV-PSE siempre ha llamado a defender posiciones “realistas". Azpiazu aseguró que no se podían “ejecutar sueños", mientras que Bildu ha considerado que era factible incrementar hasta los 858 euros las pensiones más bajas y acercarse así al objetivo de pensiones mínimas de 1.080 euros que defiende la coalición y amplios sectores y colectivos de pensionistas vascos, los más movilizados del Estado en demanda de mejoras.
Un complemento que estiman que requerirían alrededor de 190.000 pensionistas vascos para alcanzar ese importe mínimo. Junto a ello, la demanda incluía la consideración individualizada de los complementos y no mediante el cálculo de unidad familiar, como prevé el Gobierno vasco.
Ahora el pulso dialéctico se librará en asignar la responsabilidad del fracaso del acuerdo presupuestario que permitía sacar adelante unas cuentas que contemplaban mejoras sociales significativas como el incremento del 7% de la RGI. El Ejecutivo Urkullu había anunciado las cuentas como las más sociales de todas las presentadas desde su llegada a Ajuria Enea en 2012.
Segunda prórroga desde 2013
La prórroga de los presupuestos no es un escenario nuevo para Urkullu pero sí lejano. En 2013 se vio abocado a gobernar con las cuentas heredadas de Patxi López tras no encontrar aliados para sacar su presupuesto. La posibilidad de prorrogarlos ha estado sobre la mesa como una opción muy probable desde el primer momento. El propio Gobierno lo situaba como una posibilidad y le restaba trascendencia.
La negociación de estas cuentas comenzaron en un escenario más complicado que hace un año, cuando el acercamiento con el PP fue más sencillo. El apoyo de la moción de censura que desalojó al Ejecutivo de Rajoy de la Moncloa rompió la sintonía entre el PNV y los populares y complicó sobremanera el entendimiento en Euskadi. El PP se aferró a la exigencia para negociar romper previamente el pacto por un nuevo estatus vasco que ambas formaciones han suscrito para fijar las bases del futuro estatuto.
Con Elkarrekin Podemos la distancia se constató desde el inicio por considerar “inasumibles" sus reclamaciones, que el Gobierno llegó a cuantificar en 1.500 millones de euros. Finalmente la esperanza, ahora diluida, se fijó en contar con EH Bildu, que ofreció ceder dos abstenciones, suficiente para aprobar las cuentas. Las sucesivas reuniones mantenidas por ambas partes, en las que también se han visto delegaciones del PSE con Bildu, han ido avanzando, si bien con dificultad y continuas críticas por parte de la izquierda abertzale que siempre ha puesto en duda la voluntad real del Gobierno Urkullu de contemplar sus pretensiones.
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