Bronca de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) al Ministerio para la Transición Ecológica por elevar los ingresos del sistema eléctrico inflando algunas de las partidas que pagan todos los clientes. El Gobierno ha inflado la factura de todos los consumidores y les hará pagar este año 518 millones de euros de más a cuenta de unas ayudas millonarias para las eléctricas de las que las compañías acaban cobrando sólo una parte.
Los consumidores españoles pagan en cada recibo de la luz un recargo para dar ayudas a las centrales de gas y de carbón. Hasta ahora esas ayudas millonarias, denominadas pagos por capacidad, se concedían a las compañías eléctricas por dos conceptos: por tener disponibles sus plantas de térmicas y así cubrir las intermitencias en la producción de las renovables, y también como incentivos a las inversiones realizadas para su construcción.
A la espera de que la Unión Europea apruebe la nueva directiva de mercado único, las ayudas por estar disponibles estas centrales quedan derogadas, y sólo se mantienen los pagos por la inversión realizada. Aún así, el sobrecoste que pagarán los clientes con su factura de luz (muy especialmente los grandes consumidores, y en menor medida los hogares) sigue en el entorno de los 700 millones euros, como en años anteriores.
Y también como en años anteriores la partida que sufragan los consumidores con su recibo de luz seguirá estando inflada por el Gobierno, lo que ha hecho que los usuarios hayan pagado casi el doble de lo que realmente han recibido las compañías eléctricas en ayudas en los últimos ejercicios. La previsión del Ministerio para la Transición Ecológica es que los usuarios de luz paguen 676,68 millones de euros con su recibo este año para sufragar los pagos por capacidad, pero la previsión de que realmente cobrarán las eléctricas es de sólo 159 millones.
En total, 517,7 millones que los clientes pagarán de más. Un sobrecoste que va directamente a las cuentas del sistema eléctrico y que sirve para cubrir otras partidas de gasto o para engordar el superávit que se ha venido registrando en los últimos ejercicios. Una práctica que la CNMC critica con dureza en su informe sobre la orden de peajes elaborada por el Gobierno.
“Teniendo en cuenta que los peajes de transporte y distribución implícitos en la propuesta de orden son suficientes para recuperar la retribución de las redes, el superávit de los pagos por capacidad está destinado a la financiación del resto de costes regulados del sistema”, señala la CNMC en su informe, repitiendo la fórmula utilizado para abroncar a anteriores Ejecutivos en los últimos años.
“Esta Sala [de Supervisión Regulatoria de la CNMC] reitera una vez más la necesidad de establecer una metodología de cálculo de los precios unitarios de los pagos por capacidad, a efectos de cada componente de coste sea recuperado por el precio regulado correspondiente”, señala el supervisor.
El supervisor exige que se fijen unos criterios técnicos y objetivos para determinar la cuantía que pagan los consumidores y que no se deje a la discrecionalidad del Ministerio porque considera que lo que están pagando de más los clientes se está destinado a cubrir otras partidas. El Gobierno pretende reformular el sistema de pagos por capacidad, pero está a la espera de que la UE diseñe un nuevo marco con anterioridad.
En 2019 se infla el recibo utilizando los pagos por capacidad, pero llueve sobre mojado. En 2018 el Gobierno cargó en el recibo 687,3 millones de euros para financiar las ayudas, pero se abonó a las compañías sólo 273 millones. En 2017 lo que pagaron los clientes fue 738,8 millones y las eléctricas percibieron 394 millones. En 2016, el sobrecoste cargado en la factura de los usuarios fue de 722 millones, pero los pagos a las eléctricas fueron de sólo 417 millones de euros… Y los desfases también se produjeron en 2015 y en 2014.
Los desfases anuales acumulados desde hace seis años alcanzan ya cifras milmillonarias. Entre 2014 y 2019, los consumidores españoles habrán abonado en concepto de pagos por capacidad un total de 4.987 millones de euros, pero las centrales eléctricas a las que se supone va destinada esta partida sólo cobrarán algo menos de 2.420 millones de euros. En un sexenio, los clientes habrán pagado un total de 2.567 millones de euros de más con recargos que se justifican para repartir ayudas, pero que se utilizan para otras partidas del sistema eléctrico.
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