La juez Alaya intenta el salto a Madrid: puja sin éxito por una plaza en la Audiencia Nacional

Mercedes Alaya, la juez que inició la investigación del caso ERE hace ocho años, pretende dar el salto a Madrid para volver a ejercer como instructora. La magistrada sevillana ha intentado en dos ocasiones en los últimos cuatro meses conseguir una plaza en la Audiencia Nacional, quedándose a las puertas en una de las convocatorias merced a la antigüedad que acumula en la carrera judicial (30 años).

Así lo ha podido conocer El Independiente en fuentes próximas a la magistrada, que ha eludido comentar sus planes de promoción profesional. "No quiero hablar de ese tema", ha contestado cortésmente cuando este diario le ha preguntado por sus aspiraciones de lograr un puesto en la Audiencia Nacional.

Alaya sirve desde mediados de junio de 2015 en la Sección Séptima de la Audiencia de Sevilla, donde consiguió plaza tras haber permanecido al frente del Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla durante 17 años. En esa etapa dirigió la investigación de varias macrocausas de corrupción de gran repercusión mediática, como la relativa a los expedientes de regulación de empleo -por la que han sido juzgados los ex presidentes de la Junta de Andalucía Manuel Chaves y José Antonio Griñán, pendientes de sentencia junto a otros 19 ex altos cargos de la Administración autonómica- y la del fraude de las subvenciones para cursos de formación.

La magistrada que inició el 'caso ERE' se ha presentado a los dos últimos procesos selectivos por las salidas de Lamela y Andreu

En el segundo semestre de 2018, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) convocó sendos concursos para cubrir las dos bajas que se habían producido en la Audiencia Nacional al pasar sus magistrados titulares a otros destinos. Así, Carmen Lamela dejó el Juzgado Central de Instrucción 3 tras conseguir plaza en la Sala Segunda del Tribunal Supremo y Fernando Andreu abandonó el Juzgado Central de Instrucción 4 al pasar a la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.

La vacante dejada por Lamela la ocupa desde el pasado mes de noviembre la juez María Tardón, hasta entonces presidenta de la Sección 27 de la Audiencia de Madrid. La flamante titular del Juzgado Central de Instrucción 3 de la Audiencia Nacional fue nombrada juez el 30 de septiembre de 1987, un año y un mes antes que Alaya. Concretamente, Tardón fue la 126 de los 217 de su promoción y ocupa actualmente el puesto 692 en el escalafón general de la carrera judicial.

Esta magistrada era uno de los vocales propuestos por el PP en el acuerdo que el partido de Pablo Casado alcanzó con el PSOE para renovar el CGPJ, si bien dicho pacto se rompió después de que el magistrado Manuel Marchena retirara su candidatura a presidir el máximo órgano de los jueces tras trascender un mensaje de guasap en el que los populares se jactaban de que controlarían la Sala Segunda del Tribunal Supremo. La eventual incorporación de Tardón al Consejo General del Poder Judicial habría generado una vacante en la Audiencia Nacional que tal vez podría haber sido ocupada por Mercedes Alaya.

Por su parte, el puesto que ocupaba Andreu fue adjudicado el pasado 3 de diciembre al magistrado José Luis Calama, que se encontraba al frente del Juzgado de Instrucción 15 de Madrid. Ha sido en este concurso en el que la juez sevillana ha estado a punto de conseguir plaza en la Audiencia Nacional, tres años después de haber promocionado a la Audiencia de Sevilla.

Calama y Alaya son compañeros de promoción, fueron nombrados jueces el mismo día (14 de octubre de 1988) y alcanzaron la categoría de magistrados también en la misma fecha (25 de enero de 1990). El primero consiguió en su momento la decimocuarta mejor nota en el curso de formación selectiva en el Centro de Estudios Judiciales y la segunda la decimosexta, lo que sitúa a Calama dos posiciones por delante en el escalafón.

El último magistrado que ha conseguido plaza, José Luis Calama, es compañero de promoción de Alaya y le antecede dos puestos en el escalafón

Según se detalla en las convocatorias que el CGPJ convocó en el Boletín Oficial del Estado (BOE) para cubrir las citadas vacantes en la Audiencia Nacional, las plazas se adjudican a quienes "hayan prestado servicios en el orden jurisdiccional penal durante ocho años dentro de los 12 años inmediatamente anteriores a la fecha de convocatoria", requisito que cumplía sobradamente Mercedes Alaya al llevar más de tres décadas ejerciendo de forma ininterrumpida en dicha jurisdicción. "En defecto de este criterio, en favor de quien ostente mejor puesto en el escalafón", añadían las bases.

La juez sevillana ocupa la posición 896 en el escalafón de la carrera judicial, 204 puestos por detrás de la magistrada María Tardón pero tan sólo dos por detrás de José Luis Calama. Se da la circunstancia de que el juez que figura entre Calama y Alaya -José Moreno Hellín, titular del Juzgado de Primera Instancia 6 de Murcia- no reúne los requisitos para optar eventualmente a una plaza de magistrado de instrucción en la Audiencia Nacional, por cuanto pertenece al orden civil y no al penal.

Ello aviva las posibilidades de que la juez sevillana pueda conseguir plaza en Madrid en caso de que se produzca una vacante en la Audiencia Nacional. Las fuentes consultadas por este diario insisten en que Mercedes Alaya desea volver a instruir, a lo que ha dedicado 27 de sus 30 años de ejercicio profesional.

Se da la circunstancia de que dos compañeros de promoción de Alaya en el Centro de Estudios Judiciales han ejercido como instructores en la Audiencia Nacional: Fernando Grande-Marlaska, hoy ministro del Interior, y Eloy Velasco, que sirvió en el Juzgado Central de Instrucción 6 y actualmente está destinado en la Sala de Apelación de la Audiencia Nacional.

El regreso que nunca se consumó

A mediados de junio de 2015, la magistrada dejó el Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla para ocupar plaza en la Audiencia de Sevilla, con el compromiso de que se le concedería una comisión de servicio para volver al órgano del que había sido titular durante los 17 años anteriores para completar las instrucciones relativas a Mercasevilla y el caso ERE.

El 25 de junio de 2015, el CGPJ acordó conceder a Alaya una de las dos comisiones de servicio que integraban el plan de refuerzo que la comisión permanente del órgano de gobierno de los jueces había acordado para el Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla. Pero su vuelta nunca se concretó.

El 13 de octubre de 2015, la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) decidió por unanimidad revocar la citada comisión de servicio inicialmente asignada a Alaya y que el refuerzo se limitara exclusivamente al magistrado Álvaro Martín, que había ejercido con ella como juez de refuerzo.

La marcha atrás se produjo después de que la juez sevillana enviara un duro escrito a la CGPJ cuestionando la preparación y la imparcialidad de María Núñez Bolaños, su sucesora como titular del Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla. Mercedes Alaya mostraba su "gran inquietud" por los "escasos conocimientos" que la persona que iba a continuar su trabajo tenía de la jurisdicción penal "por su veteranía como juez de familia", al tiempo que llamaba la atención sobre la amistad que su sucesora tenía con el entonces consejero andaluz de Justicia, Emilio de Llera.

Tres años después, en una entrevista concedida a Abc de Sevilla, la magistrada que inició el caso ERE denunció el "burdo engaño" que dijo haber sufrido para apartarla definitivamente de la instrucción de la causas sobre corrupción que la convirtió en una de las jueces más mediáticas del país.

"Burdo engaño"

"Yo recabé el compromiso expreso de todos los órganos jurisdiccionales superiores, sobre todo del Consejo General del Poder Judicial y de la Presidencia de la Audiencia Provincial, de que se me iba a mantener la comisión de servicio en el Juzgado de Instrucción 6 para terminar las macrocausas aunque ganara esa plaza en la Audiencia. Fue una autorización verbal porque hasta que yo no pidiera la plaza esa comisión de servicios no se podía producir. Me dieron la conformidad personas que hasta ese momento me merecían todos los respetos y confianza. Esas personas estaban en contacto conmigo casi a diario para aconsejarme qué pasos tenía que seguir", declaró. Y añadió: "¡Cuál fue mi sorpresa cuando me di cuenta de que todo fue un burdo engaño porque tanto los vocales del PP como los del PSOE en el CGPJ votaron unánimemente, con el informe favorable del TSJA, para que yo no siguiera con la investigación de dichos procedimientos".

Alaya, que en distintos foros ha denunciado duramente los tentáculos del poder político en su intento por controlar el judicial, ofreció al citado periódico una explicación sobre la decisión de despojarla de la comisión de servicio que ya se le había asignado: "El PSOE y el PP me quitaron por miedo a que investigara los cursos de formación».