La familia Franco apurará el plazo de diez días hábiles de que dispone para presentar alegaciones contra el proyecto de exhumación a fin de dilatar el procedimiento puesto en marcha por el Gobierno a finales del pasado mes de agosto para sacar los restos del dictador de la basílica del Valle de los Caídos.
El abogado Luis Felipe Utrera-Molina, representante de los nietos de Franco, ha confirmado a El Independiente que recibió este martes la notificación por la que la instructora del procedimiento administrativo -Cristina Latorre, subsecretaria del Ministerio de Justicia- para que aleguen lo que consideren oportuno, expirando el plazo el próximo 22 de enero. El letrado ha confirmado que presentarán sus argumentos "en el último momento".
Además de reiterar la oposición al proyecto, la familia denunciará que el decreto-ley con el que el Gobierno puso en marcha el procedimiento administrativo es una disposición de caso único prohibida por el ordenamiento jurídico, que el Ejecutivo ha sido "juez y parte" y que se ha vulnerado "olímpicamente" el derecho de las partes, además de apreciar "irregularidades" en los preceptivos trámites ante el Ayuntamiento de San Lorenzo del Escorial (Madrid) -urbanístico- y la Comunidad de Madrid (sanidad mortuoria).
Las alegaciones serán el último paso antes de que el Consejo de Ministros, mediante acuerdo motivado, resuelva si procede la exhumación y el lugar en el que se enterrarían los restos una vez sacados del sepulcro que se habilitó en el crucero de la basílica de Cuelgamuros, donde descansan desde las 14.10 horas del 23 de noviembre de 1975. La familia ya ha anunciado su intención de inhumar los restos en la Catedral de la Almudena si prospera la pretensión del Gobierno, que rechaza dicho emplazamiento.
La familia anticipa que presentará las alegaciones el último día, el 22 de enero: "Las prisas las tiene Pedro Sánchez"
No hay la menor duda de que el Ejecutivo aprobará el traslado de la momia del dictador -es uno de los proyectos 'estrella' de Pedro Sánchez- pese a la oposición que volverá a manifestar la familia en el nuevo periodo de alegaciones y la negativa del prior de la comunidad benedictina de la abadía del Valle de los Caídos a autorizar la exhumación al no contar con el consentimiento de los familiares. El religioso condiciona dicho permiso, obligatorio al ser un lugar sagrado e inviolable en virtud del acuerdo firmado por España y la Santa Sede en 1979, al futuro pronunciamiento de los tribunales.
Una vez que el Consejo de Ministros acuerde el traslado de los restos y el lugar en el que se enterrarían, la familia dispondrá de un plazo de dos meses para presentar recurso ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo y solicitar la suspensión cautelar de la ejecución hasta que el alto tribunal resuelva el fondo del asunto.
"No tenemos prisas"
Los nietos de Franco pidieron a principios de diciembre al Supremo que suspendiese el acuerdo del Consejo de Ministros de 8 de noviembre por el que se aprobó la continuación del procedimiento de exhumación de los restos mortales de Francisco Franco. El alto tribunal rechazó esa pretensión al entender que dicho acto administrativo no justifica por sí mismo la exhumación ni produce una situación irreversible que haga perder su finalidad al recurso.
Con todo, el TS ha advertido al Gobierno de que el acuerdo no podrá ejecutarse sin que previamente la familia "haya podido recurrirlo y recabar la tutela judicial efectiva, incluida la cautelar", en aplicación de la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
La segura aprobación de la exhumación por parte del Gobierno dará paso a una batalla judicial en la que los familiares del dictador anuncian que recurrirán "a todos los argumentos" legales a su alcance para abortar el traslado de los restos de Franco, lo que alargará previsiblemente la ejecución de uno de los principales compromisos anunciados por el presidente del Gobierno desde que llegó a la Moncloa tras prosperar la moción de censura. "Tenemos confianza en ganar. Nosotros no tenemos prisas, sino Pedro Sánchez por razones políticas", apostilla Utrera-Molina.
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