El Juzgado de Instrucción número 48 de Madrid ha acordado el sobreseimiento de la causa por presunta prevaricación y malversación en la venta de casi 3.000 viviendas de protección oficial (VPO) de la empresa regional Ivima en agosto de 2013 al fondo de inversión Goldman Sachs en colaboración con Azora. Otras causas siguen, pero no persiguen estos delitos sino que pretenden la anulación de la venta al fondo por parte de la Comunidad de Madrid.

En un auto fechado el pasado miércoles adelantado acceso Europa Press, el tribunal establece para justificar el archivo de la querella presentada en su día por los afectados de la enajenación que la tasación pericial practicada en este procedimiento "permite sostener que con la venta no se produjo un perjuicio patrimonial al Ivima, dado que el limitado margen porcentual entre el precio de la adjudicación y la tasación (un 3,62%)".

El magistrado no ve acreditado que la finalidad perseguida por los investigados en la adjudicación fuera defraudar al Ivima. Tampoco que la actuación tenía el propósito de obtener liquidez "con la que alcanzar el objetivo de la reducción del déficit público, lo que constituía una prioridad política en el momento de los hechos".

Cabe recurso

En consecuencia, el juzgado acuerda el archivo y establece que contra la resolución cabe interponer recurso de reforma y de apelación en un plazo de tres días.

La Asociación de Afectados por la Venta de Viviendas del IVIMA y la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid (FRAVM) han avanzado su intención de recurrir el archivo de la querella que presentaron contra la operación en la Audiencia Provincial. Estos colectivos "no entienden la celeridad con la que ha actuado el juez, que da carpetazo a la causa solo unos días después de la petición de archivo de la Fiscalía", exponen.

Temor a la "reputación"

En 2013 la Comunidad de Madrid vendió 32 promociones del IVIMA (que comprendían 2.935 viviendas, 2.849 plazas de garaje, 1.865 trasteros, 235 garajes y 45 locales no vinculados) por un importe de 201 millones, un 20 por ciento más del precio de salida (168,9 millones). Goldman ya ha expresado a sus accionistas su temor a las acciones judiciales por el daño a su "reputación" en España, al tiempo que todavía advierte contra posibles sentencias que anulen la enajenación de 3.000 viviendas.