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El Gobierno de Sánchez los define como unos Presupuestos "justos y redistributivos", que buscan blindar el Estado del Bienestar y combatir la desigualdad social y de género, sin sacrificar el crecimiento económico ni la reducción del déficit público. Según afirma el Ejecutivo, en el proyecto de Ley de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para este año, el objetivo prioritario es reforzar el Estado del Bienestar y tratar de que "los beneficios del crecimiento económico lleguen a todos los ciudadanos, en especial a los colectivos más perjudicados por la reciente crisis económica".

Para ello, incluyen medidas para facilitar el acceso a un empleo, un salario y una vivienda dignos, combatir la llamada pobreza energética, proteger a la familia y a la infancia, reducir la desigualdad de género y favorecer un nuevo modelo energético.

Para "blindar" el Estado del Bienestar se refuerzan partidas destinadas a educación, sanidad, dependencia y pensiones, procurando una gestión eficiente de los recursos públicos. El gasto social en los PGE para 2019 asciende a 209.510 millones de euros, un 57,3 % del total, lo que supone un incremento del 6,4 % respecto al año anterior, el mayor crecimiento del gasto social desde 2009.

Para lograr estos objetivos, se ha diseñado un "paquete fiscal" para que "cada uno aporte realmente en función de su capacidad, preservando a la clase media y trabajadora", con una política tributaria "equitativa y eficiente" y un refuerzo de la lucha contra el fraude fiscal. Además, apuntalan el "todavía fuerte crecimiento" de la economía española (del 2,6 % en 2018 y del 2,2 % este año, según prevé el Ejecutivo) y afianzan la reducción del déficit público, "elementos ambos esenciales para preservar la sostenibilidad de las cuentas públicas en el medio y largo plazo y la viabilidad de un Estado de Bienestar robusto y sostenible en el tiempo".

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