El Gobierno libra a las eléctricas de pagar impuestos a cada pueblo por tener un cliente

Ayuntamientos de toda España habían encontrado una vía para elevar su recaudación vía impuestos. Centenares de consistorios habían empezado a reclamar el pago del Impuesto de Actividades Económicas (IAE) a todas las comercializadoras de luz y de gas que tuvieran actividad en su municipio.

Con tener un cliente residente en el municipio ya era suficiente para que estas empresas pagaran un tributo fijo, con independencia de su facturación, a cada ayuntamiento. Los pagos oscilan, según el tamaño de cada municipio, entre los 200, 400, 800 o incluso en algunos casos los 1.000 euros anuales.

Unos montantes que estaban llevando a pequeñas comercializadoras a dejar su actividad en algunos pueblos al dejar de ser rentables si tenían pocos clientes, dejando así el camino libro a las grandes eléctricas –a las que los pagos no les suponía un gran impacto en sus cuentas- para crecer en estas localidades. De hecho, algunos ayuntamientos incluso lo que han venido reclamando era el pago del IAE de los cuatro años anteriores (y con intereses) tras abrir un expediente a las empresas.

Los ayuntamientos aprovechaban el limbo legal en que se encontraban las comercializadoras de electricidad y de gas. Al contrario de lo que sucedía con las actividades de producción, transporte y distribución de luz y gas, la comercialización no contaba con un epígrafe específico en el Impuesto de Actividades Económicas (IAE), así que los consistorios aplicaban el régimen general del comercio minorista a cualquier comercializadora por tener un solo cliente.

El Gobierno de Pedro Sánchez ha incluido en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2019 la fórmula para resolver esta situación que estaba poniendo en jaque a decenas de pequeñas comercializadoras energéticas. Y es que en el borrador presupuestarios se han creado nuevos epígrafes o grupos de tarifas del IAE para clasificar de manera específica las actividades de comercialización de luz y gas.

Con la creación de estos nuevos epígrafes, las comercializadoras podrán elegir efectuar el pago del IAE a los ayuntamientos, a las diputaciones provinciales o a la Administración central en función de lo que le resulte más beneficioso en función del tamaño de su cartera de clientes en cada municipio o según las características de su negocio.

“Al poderse elegir en las nuevas rúbricas entre los tres tipos de cuotas: municipal, provincial o nacional, se reducen las cargas administrativas para las empresas comercializadoras de energía eléctrica y gas que operan a lo largo del territorio nacional derivadas de la obligatoriedad de satisfacer cuotas municipales en todos y cada uno de los municipios, se les homologa a los restantes operadores, es decir, a los productores, transportistas y distribuidores, y se evitan los litigios que pudiera provocar la actual inexistencia de epígrafes previstos en las Tarifas para dicha actividad de comercialización de energía eléctrica y gas”, explica el Ejecutivo en el Libro Amarillo que acompaña el proyecto de PGE para el este ejercicio, que aún está por ver que consiga los apoyos parlamentarios necesarios para ser aprobado.

La Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) había llegado a reclamar a Hacienda en un informe específico solucionar el problema por las implicaciones que tenía para la competencia en el negocio energético, solicitando que las comercializadoras de luz y gas pudieran acogerse cuanto antes al pago de cuotas nacionales y no sólo municipales. “De este modo, todas las comercializadoras”, decía la CNMC, “podrían acceder sin limitación alguna a cualquier núcleo de población, mejorándose así la presión competitiva, en beneficio en último término de los consumidores”.