Francisco González y Villarejo, denunciados por organización criminal ante la Audiencia Nacional

Manos Limpias ha presentado este lunes una denuncia ante el juez de la Audiencia Nacional que instruye el caso Villarejo para que investigue al comisario hoy en prisión preventiva y al ex presidente del BBVA Francisco González como autores de un delito de organización criminal por confabularse para investigar "ilícitamente" a "competidores y rivales profesionales".

Según la documentación y los audios a los que han tenido acceso moncloa.com y El Confidencial, una empresa controlada por el antiguo agente encubierto espió 4.000 teléfonos y rastreó 15.000 llamadas telefónicas sin orden judicial en plena operación por la que el constructor Luis del Rivero (Sacyr) intentó desplazar a FG de la Presidencia del BBVA. Villarejo cobró al menos medio millón de euros por ese trabajo, de cuyos detalles presuntamente estaba al tanto Francisco González.

El colectivo de funcionarios públicos ha dirigido una doble acción en los tribunales contra el banquero tras conocerse el contenido de los documentos y grabaciones relativos al encargo realizado a finales de 2004 por la entidad financiera a una empresa del entonces policía en activo para espiar a los promotores de la maniobra con la que se intentó tomar el control del segundo banco del país. Junto a Del Rivero, los artífices de aquella operación -finalmente no consumada- fueron el industrial Juan Abelló y el entonces jefe de la Oficina Económica de Moncloa, el socialista Miguel Sebastián.

De un lado, ha denunciado en los juzgados de Madrid a Francisco González, presidente de honor desde diciembre pasado, por cohecho continuado y administración desleal en un escrito en el que extiende la responsabilidad penal al ex director de Seguridad del BBVA Julio Corrochano y a los directivos de Comunicación, responsables de Contabilidad y consejeros delegados que hubieran podido ejercer como cooperadores necesarios.

Manos Limpias denuncia que el banquero y el policía se confabularon para espiar "ilícitamente" a "competidores y rivales profesionales"

Y, de otro, ha pedido al titular del Juzgado Central de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, que investigue tanto a González como a Villarejo por organización criminal por la existencia de indicios "sólidos e irrefutables". El líder de Manos Limpias, Miguel Bernad, considera que banquero y policía se conchabaron para espiar de manera ilegal a numerosas personas y después elaborar dosieres para "utilizarlos en beneficio propio".

Bernad se presenta como "perjudicado directo y personal", pues entre los trabajos realizados por Villarejo a encargo del banco figura un "espionaje" que desencadenó el procedimiento instruido por el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz que motivó su detención e ingreso en preventiva y la del presidente de la Asociación de Usuarios de Servicios Bancarios (Ausbanc), Luis Pineda. Éste continua privado de libertad.

El BBVA recurrió a los servicios del polémico policía para contrarrestar la campaña que Pineda puso en marcha después de que el banco se negara a realizar los pagos a cambio de que la supuesta organización de consumidores bancarios hablara bien de él en sus publicaciones. Ese intento de extorsión es uno de los motivos por los que el Juzgado Central de Instrucción 1 de la Audiencia Nacional y la Unidad de Delincuencia Económicas y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional llevaron a cabo la Operación Nelson en abril de 2016.

Terminada la instrucción del caso Nelson, Bernad se sentará en el banquillo de los acusados como presunto autor de delitos de organización criminal, extorsión y extorsión en grado de tentativa, pidiendo el fiscal pide para él una condena de casi 25 años de cárcel. El líder del colectivo llegó a estar en prisión preventiva, que pudo eludir después de que su familia depositara una fianza de 50.000 euros.

Bernad se presenta como perjudicado: un dosier de Villarejo a encargo del banco propició que lo investigaran a él

"La contratación mediante pago dinerario por parte del BBVA al ex comisario Villarejo, funcionario a la sazón, en activo y por supuesto sometido a la Ley de Incompatibilidades, ha quedado suficientemente acreditado en declaraciones del ex presidente del BBVA al diario El País, así como la confirmación por parte del ex comisario Villarejo al haber tenido que aportar facturas giradas por su empresa Grupo Cenyt, utilizada para fines ilícitos", detalla la denuncia.

El secretario general de Manos Limpias defiende que los documentos y conversaciones telefónicas que han salido a la luz pública sobre las relaciones entre el banco y el comisario hoy en prisión preventiva "encajan" en los requisitos que exige el tipo penal de la organización criminal: estructura organizativa, reparto de funciones, permanencia en el tiempo y finalidad delictiva.

"Control del consejo de administración"

Bernad dice que Villarejo se valió de su entramado empresarial -con Club Exclusivo de Negocios y Transacciones (Cenyt) como compañía matriz- y que Francisco González "contaba con la estructura del BBVA y con todo el control del consejo de administración".

"Es manifiesto -añade- que hubo un reparto de funciones. A saber: Francisco González planifica las operaciones a investigar y a espiar, y el ex comisario Villarejo ejecuta, mediante retribuciones, las directrices de las operaciones de investigación y espionaje".

El líder del colectivo de funcionarios considera que la operación de investigación y espionaje fue "estable y permanente" en el tiempo y se prolongó "hasta la detención de Villarejo" en noviembre de 2017, cree que la obtención de dosieres de forma ilícita por medio de un "funcionario corrupto" era delictiva y que la presunta trama la integraban "más de tres personas".

"En definitiva: Francisco González aportó el dinero para las actividades ilícitas y el denunciado Villarejo aportó sus contactos dentro de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y en el ámbito judicial", concluye Bernad, que pide al instructor que incorpore su denuncia a las diligencias incoadas el pasado 28 de junio (procedimiento 53/2018) por el juez Diego de Egea.