"Se trata de unas cuentas magníficas para Cataluña". La frase, impagable, es de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y refleja mejor que cualquier tratado la esencia de los Presupuestos de 2019, que el gobierno pretende sacar adelante con el imprescindible apoyo de los independentistas catalanes (PDeCAT y ERC).

En efecto, Cataluña recibirá este año 2.251 millones de euros en inversiones del Estado, un 66% más que el año pasado. Si se suman otras partidas financieras y de seguridad (compromisos con los Mossos) la inversión total superará los 2.500 millones.

El reparto de la tarta inversora es desigual: Madrid (gobernada por el PP) cae un 0,5%; Castilla León (gobernada por el PP) sólo crece un 6% y en otras autonomías cae abruptamente: en Cantabria (gobernada por el regionalista Revilla) cae un 9,4%; en Galicia (con gobierno el popular Núñez Feijóo) disminuye un 19,4%; en Ceuta (también del PP) baja un 24,4% y  en La Rioja (PP) se hunde hasta un 40,9%. Sin embargo, las comunidades gobernadas por el PSOE en solitario o en coalición mejoran sustancialmente en el trato inversor: en la Comunidad Valenciana (presidida por el socialista Ximo Puig) la inversión aumenta un 60,2%; en Andalucía (cuando se diseñó el presupuesto estaba gobernada por Susana Díaz y nadie pensaba en el descalabro del PSOE en las autonómicas del 2-D) sube un 43,5%; en Asturias (PSOE), sube un 23,2%; en Extremadura (PSOE) crece un 27,3%; y se incrementa en un moderado 7,8% en Castilla-La Mancha (PSOE).

Vayamos por partes. El gobierno ha justificado el favoritismo hacia Cataluña en "la vocación de cumplir con el Estatut" (lo ha dicho Montero en la Cadena Ser). En efecto, el Estatuto de Cataluña reclama que el peso de la inversión pública en dicha comunidad iguale en porcentaje al peso de su PIB, que representa el 18% del PIB total de España. Pero, según sentencia del Tribunal Constitucional y en opinión de la Fiscalía del Estado, el gobierno no está obligado a cumplir esa exigencia. Es lógico. Imaginemos que cada comunidad autónoma estableciera en sus estatutos un porcentaje de inversión pública (unas atendiendo a su población, otras a su dispersión, etc.): nos podríamos encontrar ante el absurdo de que las reclamaciones duplicaran el total de inversión prevista por el gobierno.

El dadivoso gesto con la Generalitat tiene un objetivo político: el presidente Pedro Sánchez quiere seguir en Moncloa (como ha confesado el pasado fin de semana en Barcelona) hasta 2020 y, para ello, lo mejor tener un apoyo parlamentario amplio, que refleje la mayoría de la moción de censura contra Mariano Rajoy.

Los presupuestos no sólo priman a la comunidad que lideran Torra y Puigdemont, sino a las gobernadas por el PSOE. Sánchez ha puesto en mano de la derecha un argumento letal para atacarle en las autonómicas

Pero esta es una jugada arriesgada ya que muchas comunidades (además, las que coinciden con gobiernos del PP) van a reclamar igual trato que Cataluña, y esa presión va a coincidir con la precampaña electoral de las municipales y autonómicas que se celebran a finales de mayo. El calendario no le favorece al presidente: el tramite parlamentario contempla que los Presupuestos vuelvan desde el Congreso al Senado (controlado por el PP) en el mes de marzo, con lo que el foco de la atención política va a estar puesto en ese trato desigual e injusto.

¿Qué mejor argumento para la campaña del PP en Madrid o en Castilla-León que el maltrato sufrido por el gobierno que, al mismo tiempo, ha dado mucho más dinero a Cataluña, gobernada por los independentistas que quieren romper España?

El arma que ha puesto Sánchez en manos de PP, Ciudadanos y Vox tiene una potencia extraordinaria: los agravios territoriales siempre han sido un magnífico argumento de campaña. Y más en esta ocasión, en la que se ha primado no sólo a las autonomías con gobiernos socialistas o "progresistas" (en Navarra, gobernada por una coalición de independentistas, Bildu y Podemos, el gobierno prevé aumentar la inversión pública ¡en un 90%!), sino a la Comunidad que lidera el fundamentalista Quim Torra.

El gobierno está convencido de que sacará adelante el Presupuesto, con la aquiescencia de los independentistas, pero puede suceder que éstos, calentados por el juicio del procés en el Tribunal Supremo, decidan incluso votar en contra porque Sánchez no haya cedido a sus pretensiones políticas (libertad de los presos y referéndum de autodeterminación). El apaciguamiento vía chequera habría fracasado y el presidente, además del desgaste político frente a los partidos de la derecha, sufriría el oprobio de la humillación.

No puedo terminar sin referirme al conjunto, al objetivo del Presupuesto, inversión pública al margen. Sencillamente, se trata de unas cuentas de la lechera que sólo tienen un objetivo electoral. No se explica de dónde van a salir los 20.000 millones más de recaudación estimados en un contexto de menor crecimiento económico. La subida de impuestos a rentas altas y grandes empresas tan sólo representa un 20% de ese magro incremento. ¿Puede aumentar el ciclo económico por sí solo un aumento de la recaudación en 15.000 millones? Sería un milagro.