El Consejo de Ministros de este viernes ha aprobado los proyectos de Ley para la creación de dos nuevos impuestos dirigidos a obtener hasta 2.050 millones de euros extra para avanzar en la reducción del déficit público. Se trata de la tasa que gravará los servicios digitales, conocida como 'Tasa Google', y la que recaerá sobre las transacciones financieras, bautizada a nivel internacional como 'Tasa Tobin'.
El nuevo Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales gravará aquellas empresas con ingresos anuales totales de, al menos, 750 millones de euros y con ingresos en España superiores a los 3 millones de euros.
¿Qué es la 'Tasa Google'?
En concreto, en línea con la propuesta de la Comisión Europea, impondrá un tipo del 3% de los servicios de publicidad en línea, servicios de intermediación en línea y la venta de datos generados a partir de información proporcionada por el usuario durante su actividad o la venta de metadatos. El Gobierno espera recaudar con este tributo 1.200 millones de euros, cantidad que desde el Ejecutivo se considera prudente.
En rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, la portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, ha justificado la creación de este impuesto por la necesidad de gravar beneficios de plataformas digitales que actualmente estaban escapando del fisco, lo que constituye, en opinión del Ejecutivo, una forma de "competencia desleal" frente al comercio tradicional.
Lo que no ha aclarado es si el Gobierno ha previsto mecanismos para evitar situaciones de doble imposición o si la tasa será deducible en el Impuesto sobre Sociedades.
Además, ha asegurado que España es el primer país que abordar esta tasa, actualmente en discusión en el seno de la UE. En este sentido, Celaá se ha mostrado convencida de que otros países europeos seguirán pronto la estela de España.
Un impuesto para las pensiones
Además, el Consejo de Ministros ha aprobado el proyecto de Ley que crea el Impuesto sobre las Transacciones Financieras ('Tasa Tobin'), que gravará con un 0,2% las operaciones de compra de acciones españolas ejecutadas por operadores del sector financiero, informa Europa Press.
Solamente se someterán a tributación al 0,2% las operaciones de adquisición de acciones emitidas en España de empresas cotizadas cuya capitalización bursátil sea superior a 1.000 millones de euros. No se gravará la compra de acciones de pymes y empresas no cotizadas. Quedan fuera también del ámbito de la 'tasa Tobin' la deuda, tanto la pública como la privada, y los derivados.
El Gobierno calcula que ingresará unos 850 millones por esta nueva figura tributaria, que se destinarán a financiar las pensiones y el sistema de protección de la Seguridad Social.
Celaá ha explicado al respecto que esta tasa persigue "reforzar la equidad del sistema financiero", y ha justificado que hasta 10 países llevan desde 2013 analizando su aplicación, algo que por el momento solo han hecho Francia (cuyo modelo ha sido adoptado por el Gobierno) e Italia.
Unos ingresos dudosos
La duda se cierne sobre la capacidad recaudatoria de estos impuestos en 2019. En primer lugar, porque la tracción de todo nuevo impuesto es siempre limitada en su primer año de vigencia. Pero, sobre todo, porque la tramitación de ambos impuestos se demorará hasta seguramente la mitad del año.
Ante esta eventualidad, el Ministerio de Hacienda confía en que esa privación de ingresos en la mitad del año se compense con el mes de recaudación extra que obtendrá en términos de recaudación del IVA por la implantación del Servicio Inmediato de Información del impuesto (SII).
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