Las claves de la nueva huelga del taxi que ya está colapsando Madrid y Barcelona

La guerra del taxi ha vuelto. Es cierto que nunca se fue, pero el conflicto que enfrenta a los taxistas con los operadores VTC está de nuevo en la calle y, además, se ha recrudecido, pese a que el pasado mes de septiembre Fomento se rindió, si bien con ciertas condiciones, a las peticiones del sector.

El pasado verano las calles de Barcelona, Madrid y las principales ciudades españolas se llenaron de taxis que, colapsando las principales arterias de cada urbe, pedían al Gobierno que limitara las licencias con las que operan Uber y Cabify. El Ministerio dirigido por José Luis Ábalos cedió a la gran demanda de los taxistas: conceder la gestión de los permisos VTC a las Comunidades Autónomas.

El titular de Fomento, sin embargo, colocó una condición temporal e impuso un plazo de cuatro años para, según explicó en la rueda de prensa posterior al último Consejo de Ministros del mes de septiembre, permitir a los tenedores de una licencia adecuarse a la que será la nueva normativa. Eso, claro, no gustó nada a los taxistas, pero tampoco al frente de Uber y Cabify. Nadie quedó contento, pero el PSOE consiguió desbloquear las ciudades y posponer el problema hasta dentro de cuatro años.

Con la huelga desconvocada, pero con la amenaza de volver a ocupar las calles si Fomento no cumplía, pasaron algunos meses de calma tensa en los que, es bien cierto, nada cambió. De hecho, el número de licencias VTC siguió creciendo, con Madrid y Barcelona a la cabeza, ante la indignación del sector del taxi que, ahora, ha materializado sus advertencias.

Sin embargo, esta vez las cosas han cambiado, como las propias exigencias del taxi. Ahora toda el conflicto se centra en conseguir que Uber y Cabify sólo puedan prestar servicio si el usuario solicita el trayecto con una hora de antelación. Eso fulminaría de forma efectiva el modo en el que ahora operan estas compañías, ya que una de sus principales ventajas es la inmediatez con la que un coche acude a recoger al pasajero.

"Una broma" de normativa

De momento, las exigencias de los taxistas no están encontrando respuesta en las administraciones porque, sencillamente, nadie quiere asumir esa patata caliente. Madrid y Barcelona son los dos puntos conflictivos, y en ambas ciudades se está viviendo una pelea entre consistorios y autoridades regionales para evitar cualquier responsabilidad.

En la capital, su alcaldesa, Manuela Carmena, siempre se ha mostrado dispuesta a implementar una segunda licencia urbana para conseguir así controlar el número de VTC que hay en las calles. Sin embargo, las competencias residen en el presidente de la Comunidad, Ángel Garrido, cuya normativa ha sido calificada como "una broma" por parte del presidente de Fedetaxi, Miguel Ángel Leal, tras la reunión que han mantenido este lunes.

De momento, Garrido, sabiendo que no será el próximo candidato a la Comunidad, está intentando desviar a los ayuntamientos las competencias en gestión de los permisos, algo que ya ha rechazado de pleno la edil madrileña apuntando, con razón, al caos legislativo que se puede generar si cada ciudad implanta unas normas diferentes.

Mientras, en Barcelona la situación es similar. Ada Colau, la alcaldesa de la Ciudad Condal y la que inició todo el conflicto con su decreto, echa balones fuera y culpa a Quim Torra, presidente de la Generalitat, de agravar la situación al no tomar el toro por los cuernos.

Lo cierto es que las reuniones entre el consejero de Territorio de la Generalitat, Damiá Calvet, y los representantes del taxi de Barcelona, que integran además el núcleo más movilizado y radical del sector, no han llegado a buen puerto. Calvet quiere dejar en 15 minutos el plazo mínimo para solicitar un Uber o un Cabify, mientras que los taxistas siguen pidiendo que el plazo se eleva hasta los 60 minutos antes mencionados.

Por si fuera poco, la Autoridad Catalana de la Competencia ya ha advertido de que establecer un tiempo obligatorio para la precontratación puede suponer "la introducción de ineficiencias artificiales e injustificadas", muy en la línea en la que siempre se ha movido la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), organismo al que los taxistas consideran como uno de sus grandes enemigos.

¿Y ahora qué?

El conflicto está lejos de llegar a su final y lo más probable, viendo cómo están las cosas, es que vaya a peor. Los taxistas ya han demostrado su capacidad para colapsar las grandes ciudades que, además, serán sede de grandes citas económicas y empresariales que van a suponer la llegada de muchos visitantes.

En Madrid comienza en unos días Fitur, la mayor feria de turismo del país y una de las grandes citas del sector a nivel continental. El taxi ya ha prometido bloquear Ifema, el recinto a las afueras de la capital donde se celebra la cita, y provocar el caos tanto en las principales estaciones de tren -Atocha, Chamartín- como en el aeropuerto Adolfo Suárez.

Mientras, en la Ciudad Condal apenas quedan unas semanas para la celebración del Mobile World Congress, la mayor feria de tecnología del mundo y uno de los eventos más importantes para Barcelona. El ya de por si delicado tráfico de la ciudad puede convertir las calles en una ratonera para los miles de visitantes que aterrizarán en menos de un mes en suelo catalán