El Gobierno ya ha desvelado a las grandes eléctricas cuáles son sus planes para el futuro de la energía nuclear en España. En un reunión con los máximos ejecutivos de Iberdrola (Ignacio Sánchez Galán), Endesa (José Bogas) y Naturgy (Francisco Reynés), la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, les ha confirmado que las centrales nucleares no cerrarán cuando cumplan los 40 años en funcionamiento, como contemplaba el programa electoral del PSOE.
El plan del Ministerio, que se recogerá en el Plan Integrado de Energía y Clima de inminente publicación, pasa por realizar un cierre escalonado de las centrales nucleares que arrancaría “nunca antes” de 2025. Esto es, ninguna planta cerraría a los 40 años, ya que la primera en alcanzar las cuatro décadas es Almaraz (Cáceres) y los cumple en 2024.
Las clausuras se irían sucediendo progresivamente y el apagón nuclear total no se alcanzaría hasta 2035 o 2036, según confirman a El Independiente fuentes conocedoras del contenido del encuentro. Con estos plazos, previsiblemente la última central en echar el cierre sería la de Trillo (Guadalajara), que alcanzaría con ello los 47 o 48 años en activo, lejos del tope de 40 que proponían los socialistas antes de llegar a Moncloa (y que habría echado el cierre a la última central en 2028).
Iberdrola, Endesa y Naturgy suspenden la reunión para decidir el futuro de la central nuclear de Almaraz
El Gobierno no ha desvelado las fechas de clausura que les corresponderá a cada central nuclear, pero sí los plazos previstos para ir prescindiendo de plantas ahora operativas. Al final, ni se cierre antes de los 40 años ni más tarde de los 50 de vida útil. En cualquier caso, el plan con las fechas de cierre deberá ser analizado por Enresa –la empresa pública encargada de gestionar los residuos nucleares- y confirmar que es factible su ejecución al tener que coincidir los trabajos de desmantelamiento de varias de las centrales.
Fuentes del sector apuntan que la decisión de la ministra Ribera –defensora a ultranza durante años de los 40 años como tope en la vida útil- de alargar la vida de las nucleares está vinculado especialmente con la necesidad de que sigan funcionando para cumplir los compromisos internacionales de recorte de emisiones de CO2 en la lucha contra el cambio climático. Las nucleares no emiten CO2 y cerrarlas conllevaría tener que utilizar más las centrales de carbón, que sí producen gases de efecto invernadero.
Endesa e Iberdrola comparten accionariado en la mayoría de las centrales nucleares de España. Las participaciones mayoritarias son cambiantes, las tiene una u otra eléctrica en según qué planta. Pero las decisiones sobre las centrales, al estar regidas por las denominadas agrupaciones de interés económico (AIE) en que participan las compañías, han de adoptarse por unanimidad.
Un consenso obligatorio que había provocado un choque entre los socios. Iberdrola quiere echar el cierre a las centrales a los 40 años, porque –según destaca- el negocio nuclear le provoca pérdidas. Por su parte, Endesa defiende alargar el funcionamiento de las plantas hasta los 50 años. Al final no gana ni pierde ninguna claramente, ya que en la práctica el parque nuclear español funcionará de media 45 años.
El desencuentro estaba provocando que las decisiones sobre el futuro de las plantas encallaran. El Gobierno también pretende solucionar este aspecto, según ha comunicado la ministra Ribera a las compañías, promoviendo un cambio legal para que la unanimidad entre los propietarios de las centrales no sea imprescindible y que con una “mayoría suficiente” (previsiblemente de más del 50%, pero aún está por determinar) y así desatascar los procesos de decisión.
Aplaza la reunión extraordinaria sobre Almaraz
Las eléctricas tienen que decidir antes del 31 de marzo si piden la renovación de la licencia de explotación de la planta, que expira en 2020, y por cuánto tiempo. Almaraz está controlada en un 52,7% por Iberdrola, un 36% por Endesa y un 11,3% por Naturgy, y los tres socios habían convocado para este martes una doble reunión.
Una de las juntas tenía carácter ordinario para atender los asuntos ordinarios de gestión de la planta y la otra era extraordinaria para abordar el futuro de la planta. Esta última reunión, la que estaba convocada para decidir sobre la renovación de licencia, ha quedado suspendida, según confirman fuentes de las compañías.
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