Las trabas de Colau contra Uber y Cabify cuestan 15 millones al año a los clientes

La Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) carga, otra vez, contra las restricciones que las administraciones están tratando de imponer a las empresas de vehículos de transporte con conductor (VTC), las que utilizan plataformas como Uber o Cabify. Otra vez, y ahora en plena guerra del taxi.

Apenas una semana después de que el organismo ya abroncara al Gobierno por su decreto de las VTC por los efectos para el consumidor y coincidiendo con la aprobación, este martes, por parte de la Generalitat de Cataluña del decreto que condena el sector de la VTC en la región (obligando a precontratar sus servicios con 15 minutos de antelación), la CNMC hace público un informe alertando del impacto económico de las restricciones del plan de Ada Colau para frenar a Uber y Cabify en Barcelona y su área metropolitana.

El Área Metropolitana de Barcelona (AMB), presidida por la alcaldesa barcelonesa, aprobó una nueva regulación del negocio de las VTC que en la práctica restringía al mínimo el número de licencias de este tipo de vehículos (sólo se permitirían 399, frente a las 1.035 que había cuando se aprobó y las casi 2.300 actuales en la provincia de Barcelona. Competencia recurrió la nueva norma, que iba a entrar en vigor el pasado agosto, y el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña suspendió su aplicación hasta resolver el recurso.

Ahora la CNMC hace público el informe sobre el impacto económico que para los consumidores tendrían las restricciones a la competencia que provocaría el reglamento que frenaba el alquiler de VTC en beneficio del taxi en la AMB y, también, el coste económico que los clientes ya sufrían con anterioridad a la nueva norma por cómo está regulado el sector del transporte de viajeros en Barcelona y su área metropolitana.

Según las estimaciones de Competencia, la regulación vigente en Barcelona “ya es ineficiente y perjudicial para el consumidor”, y tiene un coste para los ciudadanos de 60,81 millones de euros cada año, fruto de que las restricciones de entrada de más conductores –tanto de taxis como de VTC-  conlleva una menor competencia y mayores precios para el viajero.

La aplicación del reglamento diseñado por Ada Colau la situación agravaría aún más la situación, según la CNMC. Los perjuicios para los barceloneses se incrementarían de manera adicional con otros entre 13,9 millones y 15,26 millones de euros al año si entrara en vigor la nueva norma.

En total, la regulación del transporte de viajeros –la actual y la nueva que aún está por ver si entra en vigor en algún momento- supondrían un deterioro del bienestar del consumidor cifrado en hasta de entre 74 millones y 76 millones de euros anuales por el supervisor.

Con la nueva norma ahora suspendida por el TSJ, destaca el organismo, la práctica totalidad del impacto económico adicional se debería a que los barceloneses asumirían un aumento del precio de tener que coger taxis en lugar de VTC, dada la expulsión de los operadores que utilizan este tipo de licencias. Y en muy menor medida, según el supervisor, por los viajes que se dejarían de realizar por los clientes para no asumir precisamente esas tarifas mayores.

Además, la propia CNMC subraya en el informe que esta estimación es “relativamente conservadora” y que la verdadera pérdida de bienestar de los barceloneses tendría un coste aún mayor. ¿Por qué? Fundamentalmente porque ahora hay muchísimas más licencias VTC que en 2017 –con cuyos datos se ha hecho la simulación- y la cifra de licencias seguirá en aumento, por l que “la pérdida de bienestar del consumidor asociada a limitar las VTC (a 399 autorizaciones) va en aumento”.

"Esta pérdida de bienestar y de eficiencia es particularmente dañina si tenemos en cuenta que las restricciones aplicadas son de dudosa necesidad y claramente desproporcionadas y discriminatorias", subraya la CNMC en su informe. "Es decir, para lograr los fines legítimos de protección medioambiental y de reducción de la congestión se pueden arbitrar medidas mucho más efectivas y menos distorsionantes de la competencia" que el reglamento promovido por la AMB.

Y en este sentido, la CNMC apunta que si el objetivo pasa por los criterios medioambientales y de circulación, "se han de considerar instrumentos que afecten a todos los modos de transporte contaminantes (como el taxi o el vehículo privado) en lugar de hacer recaer la carga sobre un grupo de vehículos (VTC) relativamente poco numeroso en compración con otros".