Todo procesado está en su derecho de proclamar su inocencia y su no participación en los delitos por los que va a ser juzgado pero en el caso del juicio en el Tribunal Supremo contra los nueve procesados a los que la Fiscalía acusa de un delito de rebelión hay una particularidad que merece ser subrayada: ellos no niegan haber participado en los hechos que se les imputan. Lo que niegan es que esos hechos sean constitutivos de delito.

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