El presidente vicario en funciones, Quim Torra, se ha salido con la suya al conseguir que el Presidente del Gobierno español acepte la figura del 'relator' -una especie de escribano- en las conversaciones y diálogos que se llegaran a celebrar entre los partidos que se avengan a ello. Esa sería la intención del inquirente y principal interesado, el comandante en jefe de la flotilla separatista, que se forme una mesa en torno a lo que, atendiendo a las distanciadas posiciones de las partes, podría considerarse la fecundación del infinito, en el caso de especie, la autodeterminación de la república catalana.

El intento de mediación internacional no salió adelante, entre otras razones porque ningún país serio se ofreció a semejante pasatiempo. Después, fue cuestión de un facilitador que sirviese para aparejar los status de las partes. Y a la tercera ha ido la vencida. Un notable hallazgo para el entretenimiento: el “relator”.

Equiparada la figura retórica con el notario que da fe pública de las manifestaciones de las partes, al cabo de muy poco se eclipsó la efigie del fedatario, por esotérica y manierista, pensando en la formidable dificultad de atinar con candidatos para ocupar la silla curul, aunque en este caso no fuese para dar órdenes.

En lo que no ha reparado Pedro Sánchez es que la libertad y la ley no son objeto de transacción, y menos con intermediarios

Se impuso el “relator”, probablemente porque la gran mayoría de la opinión pública no tiene una idea formada sobre lo que significa esa sinestesia desconocida para el común de los mortales. Se ponía así la venda antes de la herida, asignando al “mediador entre ambas potencias” la tarea de relatar lo que discuten y finalmente convienen.

No por ello hay que dejar de felicitar al combativo señor Torra, que ha logrado, con una cabriola propia del Circo del Sol, lo nunca visto, como ha denunciado -con reflejos- un partido de la oposición: “Poner en el mismo nivel de legitimidad el Estado de Derecho Constitucional y la ruptura de este”. O dicho de otro modo, legitimar como aceptables las demandas separatistas.

Pero en lo que parece no haber reparado el Presidente del Gobierno es que la libertad y la ley no son objeto de transacción y menos con intermediarios, por mucho que apriete el ansia de prolongar el nirvana del imperio. Y ello, aunque se arguya que, en su día, el Partido Popular (y el Socialista) utilizase el mecanismo.

La demanda de bilateralidad ha sido una constante en las exigencias independentistas que buscan presentar a Cataluña y el País Vasco como entidades políticas del mismo nivel que el Estado español.

¿Para esto hicimos la Transición? Lo podían haber dicho antes y ahora nos lo hubiéramos ahorrado, cuando en los próximos días el Tribunal Supremo dará comienzo al juicio por el intento de ruptura del orden constitucional que se perpetró en octubre de 2017.

No cabe esperar nada extraordinario de este anuncio pasmoso, ya que jueces y fiscales tienen las ideas claras y serenas

La pretensión de los enjuiciados y sus heraldos, amparados por una sociedad entre silente y complaciente, es convertir el juicio por la tentativa de un golpe al Estado en un enjuiciamiento al franquismo delicuescente, todavía vivo -según ellos- en las instituciones españolas, y de forma especial en la Administración de Justicia que, en la mente bulliciosa de los insurrectos, estaría al servicio del gobierno.

El Vicepresidente de la Comisión Europea, el socialdemócrata holandés, Frans Timmermans, ha vuelto a declarar que España es una democracia plena y un Estado de Derecho fuera de cualquier discusión en el que la justicia es independiente y los jueces harán su trabajo. No haría falta repetirlo pero es útil contrarrestar la animosa sandez en sentido contrario.

La defensa de los encausados en el momento de probar los hechos, es decir, aquellos que tienen que ver con la pretensión de quebrar las instituciones y declarar la independencia, se orienta inevitablemente a desbaratar el caso, pacientemente instruido por los fiscales y el juez. Lo cual tiene su lógica. No lo han logrado hasta ahora pero han puesto los altavoces al servicio de una propaganda inteligente, destinada a convertir buena parte de los medios de comunicación exteriores en la vanguardia de un relato falso.

El pecado es de quienes no han hecho su trabajo, los servicios del Gobierno que, con su defección, han servido en bandeja la iniciativa a quienes sí tenían un plan bien establecido, los mismos que ahora pretenden someter a un juicio al Estado. Claro que, en su descargo, los ahora señalados dicen que la consigna del hombre tranquilo era “que no se hiciese nada”.

El pasado 26 de septiembre, el resuelto presidente de la Generalitat pidió por carta, tanto al Gobierno español como a la comunidad internacional, el “inicio de una mediación sin precondiciones”, a la que seguirían los “términos del referéndum”.

En vísperas de la apertura del juicio oral, el Presidente del Gobierno ha accedido solícito a este deseo, aunque se insista en que no es lo mismo. Y esto ha extremado las protestas de la oposición que ha puesto el grito en el cielo, llamándole felón (pérfido, infiel).

Pero, calma y tranquilidad, queridos lectores, porque no cabe esperar nada extraordinario de este anuncio pasmoso, ya que Jueces y Fiscales tienen las ideas claras y serenas. No ha lugar, pues, para apremios ventajistas, ni para tantear la autoridad del Estado con figuras acantinfladas. La Soberanía y la unidad del territorio no se negocian, se defienden.