Interior deberá recurrir a un crédito extraordinario para costear los gastos de las elecciones generales del 28 de abril una vez que no se celebran junto a las locales, autonómicas y europeas del 26 de mayo, lo que hubiera permitido ahorrar gastos en dos consultas que se celebrarán en menos de un mes. Las legislativas conllevan un ingente desembolso de las arcas públicas. Hablamos, por un lado, de la campaña que desarrollan las distintas fuerzas políticas con todo el gasto para mítines, banderolas, cuñas publicitarias o alquiler de locales.
Doble gasto para mailing también, porque en lugar de un envío con las distintas papeletas electorales, tendrán que ser dos, y éste alcanza cifras astronómicas para llegar a todo el censo electoral. Otro tanto para el despliegue de Policía Local, Nacional y Guardia Civil destinada a supervisar que la jornada electoral transcurra con tranquilidad, amén de los dispositivos para el centro de datos con los que hacer el seguimiento electoral de dos comicios casi consecutivos, incluido el alquiler de Ifema, de las urnas o el pago de las dietas de los presidentes e interventores de mesa.
En definitiva, Interior deberá solicitar a Hacienda ese crédito extraordinario, al que la titular de este Ministerio y nueva estrella político-mediática, María Jesús Montero, dará el visto bueno como es habitual en estos casos. Precisamente, en los Presupuestos Generales del Estado para este año, que con tanto ímpetu llamado a la melancolía defendió en el Congreso el pasado martes y miércoles, los incrementos para Interior iban dirigidos fundamentalmente a la equiparación salarial de las FSE y al departamento de Política Interior, que es al que le corresponde la organización de los procesos electorales.
Interior cuenta con 133 millones a los que hay que sumar más de 55 para la campaña de los partidos y el mailing
El presupuesto con que cuenta Interior para las elecciones del 28 de abril será muy similar al del 25 de diciembre de 2015, que fue de 130 millones de euros. Esta vez habrá que añadir entre uno y tres millones más para el pago, por ejemplo, de las dietas a los presidentes y secretarios de las mesas electorales, incrementados con respecto a hace cuatro años, informa Interior. El hecho de que se tome como referente 2015 y no 2016 responde a que los partidos acordaron recortar los gastos en la repetición electoral, por lo que no es indicativo.
A esos 133 millones hay que sumar los gastos de campaña de cada uno de los partidos. En 2015 los gastos regulares justificados por el Tribunal de Cuentas, tras efectuarse las correspondientes comprobaciones y ajustes, se cuantificaron en 55.366.760 euros, de los que el 65,4 por ciento correspondía a operaciones electorales ordinarias y el 34,6 al envío de propaganda electoral.
El PP gastó 12,7 millones de euros en 2015 y el PSOE 9
La fiscalización que realizó el Tribunal por estos comicios se extendió a los partidos, federaciones, coaliciones o agrupaciones de electores que alcanzaron los requisitos exigidos legalmente para recibir subvenciones estatales o que obtuvieron adelantos con cargo a las mismas por haberlas percibido en el anterior proceso electoral de la misma naturaleza. En total, algo más de 188 millones de euros. Cabe recordar que el presupuesto anual para el Plan de Lucha contra la Violencia de Género era de 200 millones de euros, aunque los presupuestos nonatos incrementaban esa partido en 20 más.
El PP gastó entonces 12,7 millones de euros y el PSOE cerca de 9. Podemos y sus marcas regionales hicieron una campaña mucho más modesta pues sólo gastó cerca de tres millones, aunque habría que sumar en esa partida los 2,5 millones de Izquierda Unida pues entonces iban en candidaturas distintas. Ciudadanos necesitó cuatro millones de euros para afrontar los ingentes gastos que conlleva una consulta de ámbito general. Y a esas partidas hay que añadir el envío de las papeletas, que según datos del Tribunal de Cuentas supuso hace cuatro años 19.156.899 euros.
176 millones para el 26-M
En definitiva, doble campaña electoral y doble mailing para los partidos, y doble despliegue de seguridad, urnas, centros de datos y presidentes y secretarios de mesa para unos comicios que no estaban presupuestados y que obligan a ir a un crédito extraordinario. En cambio, Interior ya tenía un montante de 176.790.000 para las locales y europeas.
Lo cierto es que, incluso en caso de coincidencia habría que haber abierto un nuevo concurso público para el escrutinio de las papeletas al Congreso y al Senado, puesto que el contrato vigente que ha suscrito Interior sólo contempla las papeletas de las municipales, autonómicas y al Parlamento Europeo, y, según los casos, a diputaciones provinciales o consejos insulares en aquellas regiones donde también se elige su composición en las urnas, según fuentes de este Ministerio.
Es la Dirección General de Política Interior la que asume la organización de los procesos electorales además las relaciones con la Administración Electoral, en particular, con la Junta Electoral Central; la coordinación de la gestión y desarrollo de los procesos electorales así como de los desarrollos informáticos y de comunicaciones y la puesta a disposición de la información relativa a los procesos electorales, como la custodia y difusión pública de los resultados electorales. También se encarga de la gestión de las relaciones con los órganos competentes de las comunidades autónomas en materia electoral; del registro y la aplicación del régimen jurídico de los partidos políticos y de las subvenciones estatales anuales y de las subvenciones por gastos electorales de las formaciones políticas, en los términos establecidos en la legislación vigente.
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